Redacción

Con 72 votos a favor y 63 votos en contra, todos estos de Chile Vamos, se aprobó el informe de la comisión mixta respecto del proyecto que establece nuevos criterios para otorgar libertades condicionales a condenados por delitos comunes y de lesa humanidad.

De esta manera, la iniciativa quedó lista para ser promulgada y convertirse en ley; sin embargo, los diputados oficialistas insistieron en que están estudiando la posibilidad de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Esto se debe a que cuestionan las condiciones que se establecieron para los condenados por delitos terroristas cometidos en democracia. Aunque desde la oposición aseguran que buscan defender a quienes permanecen recluidos en Punta Peuco.

Quienes estén cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad cometidos en el régimen militar deberán haber cumplido dos tercios de la condena, junto con haber colaborado sustancialmente con la investigación por la que fueron condenados o en una similar, además de demostrar arrepentimiento por el mal causado.

"inconsistencias"

Según informó Emol, para el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, el proyecto contiene "una serie de inconsistencias, incongruencias y elementos que son inconstitucionales". Por esto, dijo, lo rechazan. Y agregó: "Eventualmente vamos a recurrir al Tribunal Constitucional si luego de los estudios que correspondan, determinamos que hay infracciones graves".

Cuestionó que en el caso de un condenado a presidio perpetuo por delito terrorista ocurrido entre enero de 1989 y enero de 1998, sólo se requerirá diez años para solicitar este beneficio, según establece el proyecto aprobado. Mientras que son 40 años para pedir el beneficio en el caso de presidio perpetuo calificado y 20 para el presidio perpetuo simple.

"Se le hace un favor a quien cometió un delito terrorista en democracia y se deja impune homicidios como el de Jaime Guzmán (ocurrido en 1991)", sostuvo el diputado Desbordes junto con "lamentar" que la Democracia Cristiana haya votado a favor y aseguró que con esto están "dando una pésima señal". Hizo un llamado a que le expliquen "cómo acaban de aprobar la posibilidad de que terroristas condenados a presidio perpetuo puedan salir en libertad sin arrepentirse".

Nuevamente fracasó el intento de conciliación entre el Arzobispado de Santiago y las víctimas de Fernando Karadima por la demanda civil que interpusieron estos últimos para exigir una compensación de 450 millones de pesos por el daño moral causado tras los abusos del expárroco de la iglesia de El Bosque, informó Cooperativa.

Poco más de una hora estuvieron reunidos el abogado del arzobispado, Nicolás Luco, con Juan Pablo Hermosilla, representante de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, para buscar una conciliación tras la orden en ese sentido emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago, pese a que este trámite ya se había frustrado tres veces antes.

Desconocían la carta

Durante la audiencia, el representante del Arzobispado reconoció que no tenía conocimiento de la carta que en 2009 envió el cardenal Francisco Javier Errázuriz al nuncio de la época en la que confirmaba el cierre de la investigación previa contra Karadima.

Terminada la diligencia, el abogado Hermosilla planteó que "no hay espacio emocional para lograr (la conciliación) a estas alturas". Añadió: "Lo que han hecho ahora es agregar una situación nueva, que dice relación con la carta que presentamos del cardenal Errázuriz que dice una cosa importante. El Arzobispado dice que no tenía noticia de esa carta y que no sabían que el proceso había estado paralizado entre 2006 y 2009".

Ayer, el Gobierno decidió adelantar el envío del proyecto de ley que moderniza la institucionalidad de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

El ingreso del texto al Congreso ocurrió tras el comité político llevado a cabo por el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros, instancia que incluyó al titular del Interior, Andrés Chadwick.

Programas a 8 años

La iniciativa busca, entre otros aspectos, que Carabineros, a través de su general director, entregue programas a ocho años tanto en materia administrativa como operativa, motivo por el cual el Ejecutivo ingresó la medida a través del Senado.

En el escrito, el Gobierno aseguró que "el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública ha sido reconocido positivamente por la ciudadanía", pero también admitió que "esta prestigiosa imagen" se vio bastante dañada con ocasión de los denominados "Caso Fraude" y "Operación Huracán".

El Ejecutivo añadió que ello lo emplaza "a legislar y a tomar otras medidas de orden administrativo para superar las brechas y los vacíos que hacen de las instituciones policiales organismos vulnerables y expuestos a la acción inescrupulosa de quienes se alejan de la tradición policial chilena de honor y probidad".

Perseguir "excesos"

A juicio del Gobierno, es fundamental "dotar a las instituciones policiales de controles internos y externos, con miras a perseguir y sancionar excesos en la función policial", además de conductas que se alejen de los "estándares de probidad y transparencia".

El proyecto tiene cinco artículos permanentes y dos transitorios, y entrega a la Subsecretaría del Interior el control de los dineros destinados a las instituciones policiales. Estas "le deberán rendir cuenta del uso y disposición de su presupuesto, con una periodicidad al menos semestral".

Sumado a lo anterior, el proyecto ordena la creación de comités de auditoría policial en cada institución, integrados también por miembros de Interior y Hacienda; y la rendición de gastos reservados "a la forma prevista en la Ley número 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la administración pública".