En 2018, alrededor de 270 mil estudiantes rindieron la PSU, instrumento cuyo fin específico es el que indica su nombre, que sólo mide una parte reducida de los contenidos curriculares de la enseñanza media y que desde hace bastante tiempo es objeto de diversas y fundadas críticas.
Esta vez, los resultados de la prueba, dados a conocer recientemente, volvieron a dejar en evidencia las brechas entre quienes provienen de los distintos niveles de nuestro disímil e injusto sistema educacional, y también el cada vez más feo rostro de las desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad.
Para comprobar lo anterior, basta con señalar que en la citada prueba, que dio origen al período de selección 2019, el puntaje promedio de los egresados de colegios particulares fue de 597 puntos, de 501 el de los alumnos de establecimientos particulares subvencionados y sólo de 490 el de los estudiantes de planteles municipalizados.
Y las odiosas diferencias continuaron, al igual que en años anteriores, pues los alumnos de colegios particulares representaron el 11% del total de quienes rindieron la PSU y obtuvieron 153 puntajes nacionales, los de colegios particulares subvencionados, con el 53% de las postulaciones, llegaron a 34 puntajes nacionales y los egresados de colegios municipales, equivalentes al 34% de los postulantes, lograron sólo 22 puntajes nacionales. El 2% restante correspondió, entre otros, a quienes cursaron sus estudios secundarios de manera libre.
Si a lo dicho se añade que la colegiatura en la enseñanza particular puede superar los 600 mil pesos mensuales, mientras que el copago promedia los 20 mil pesos al mes en la particular subvencionada y es inexistente en la municipalizada, no es aventurado colegir que el acceso al conocimiento parece ir cada día más de la mano con los recursos económicos de las familias, lo que es tan desalentador como inquietante.
Ningún cambio educacional tiene efectos inmediatos, por lo cual no es posible pretender resultados en el corto o mediano plazo. Nada, entonces, justifica seguir posponiendo soluciones que ni siquiera representan inversiones fuera de alcance, como son las orientadas a terminar con los actuales sesgos de la PSU, a poner los énfasis necesarios en la calidad de la educación y a promocionar debidamente las carreras técnicas que son imprescindibles para que Chile pueda enfrentar con éxito sus retos presentes y futuros.
