Con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos fueron dejados los cuatro exfuncionarios de Carabineros que fueron formalizados por delitos tendientes a intentar "encubrir" el crimen de Camilo Catrillanca Marín (24), ocurrido durante la tarde del 14 de noviembre en la comunidad de Temucuicui, Ercilla.

El Juzgado de Garantía de Collipulli rechazó la solicitud de la Fiscalía, que pedía arresto domiciliario total para el exabogado de Carabineros, Cristian Inostroza Quiñiñir; el cabo primero Gonzalo Pérez Vargas, el suboficial que manejaba la patrulla blindada J-040 en la que iba el grupo de carabineros que participó en el crimen; el mayor (r) Manuel Valdivieso Terán, exjefe del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros en La Araucanía y, con ello, encargado directo del "Comando Jungla"; y el coronel (r) Jorge Contreras Figueroa, quien era prefecto de Fuerzas Especiales de la Zona Araucanía Control Orden Público, el segundo al mando después del general (r) Mauro Victoriano Krebs, dado de baja a tres días del asesinato del joven mapuche.

El cabo Pérez y el mayor Manuel Valdivieso fueron formalizados por obstrucción a la investigación e infidelidad de custodia de documento; en tanto que el abogado Inostroza por obstrucción a la investigación y prevaricación; y el prefecto (r) Contreras por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

En definitiva, según la Fiscalía, conductas destinadas a "obstaculizar, entorpecer y encubrir" la responsabilidad del equipo del "Comando Jungla" en el asesinato del comunero.

Antecedentes nuevos

Según lo que ha podido establecer la Fiscalía hasta el momento, el mayor Valdivieso concurrió hasta el lugar donde quedaron los autos robados a las profesoras. Allí fue informado por los efectivos policiales, quienes le confirmaron que no habían sido objetos de disparos, que los ocupantes del tractor no iban armados y que dicho vehículo no se había visto en medio de ninguna "línea de fuego cruzado", advirtiéndosele incluso que el sargento Raúl Ávila había grabado el operativo con una cámara fiscal que llevaba adosada a su casco.

El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Roberto Garrido, dijo en audiencia que "no obstante la información recibida por el imputado Valdivieso, ordenó al imputado Ávila que guardara su cámara y no mostrara las imágenes captadas. Con posterioridad, en dependencias de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque, el mayor Valdivieso y el imputado Cristián Inostroza Quiñiñir se reunieron privadamente con los imputados Ávila, Alarcón, Sepúlveda y Valenzuela, y les ordenaron que sostuvieran una falsa versión de los hechos".

LA FALSA VERSIÓN

"Esta falsa versión, daba cuenta de que los funcionarios del Gope habían sido víctimas de disparos por desconocidos, que en consecuencia debieron efectuar disparos disuasivos y que el tractor conducido por Camilo Catrillanca se cruzó en la línea de fuego. Asimismo, los imputados Valdivieso e Inostroza ordenaron al sargento Raúl Ávila que destruyera la tarjeta de memoria de la cámara que portaba y que contenía la grabación del procedimiento, e instruyeron al resto de los imputados para declarar en la Fiscalía de Collipulli que no había existido registro de imágenes del procedimiento", narró el fiscal.

Garrido mostró una declaración del sargento Ávila en la que desmiente la supuesta excusa que él habría dado en primera instancia por la eliminación de las imágenes. "No es efectivo que la tarjeta de memoria de mi cámara haya tenido imágenes íntimas mías o de mi pareja. Eso fue una mentira inventada por el abogado Inostroza para justificar la destrucción que yo hice de ella el mismo día 15 de noviembre, una vez que llegué a mi casa, desde el procedimiento", declaró Ávila en Fiscalía el 21 de diciembre pasado, asegurando que fue el cabo Pérez quien le retiró la tarjeta de memoria a dicha cámara, antes de que él la entregara a la PDI.

Otras incidencias

La formalización comenzó a eso de las 9.40 horas de ayer en el Juzgado de Garantía de Collipulli y la prensa estuvo impedida de registrar el rostro de los imputados por una disposición emitida antes de que la audiencia empezara.

Antes de que el Ministerio Público comunicara los cargos contra los exfuncionarios de la policía uniformada, el abogado Javier Jara Müller, quien defiende a tres de los cuatro imputados por el crimen de Catrillanca, pidió que se excluyera de la calidad de querellantes al Instituto de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y el Ministerio del Interior, argumentando que la representación gubernamental ya estaba contenida en la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.

Los alegatos de este tema se extendieron hasta eso de las 13 horas, instante en el que la jueza María Fernanda Lagos rechazó la incidencia y mantuvo la calidad de querellante para todos, incluso para el Ministerio del Interior, que había sido requerido de abandonar la causa por parte de la familia Catrillanca y la familia del menor herido, de iniciales M.P.C.

Al final de la audiencia, a eso de las 21.30 horas, la jueza concedió rebajar la medida cautelar para Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, cambiando el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno.