Hoy la Corte de Apelaciones de Temuco revisará el recurso de protección interpuesto por 40 dirigentes mapuches de la Región, en contra del Plan Impulso, programa de desarrollo productivo que ejecuta el Gobierno actualmente en La Araucanía.

Consulta

El recurso fue presentado en octubre pasado por la abogada Amaya Álvez Marín. En el documento se establece que el Plan Impulso, "por las temáticas que trata y la voluntad que manifiesta de llegar a nuevos acuerdos con el pueblo mapuche de La Araucanía, son medidas que causan un impacto significativo y directo que exige una consulta indígena enmarcada en los estándares de derechos humanos y el convenio 169 de la OIT".

Las comunidades pidieron a los comuneros mapuches y dirigentes asistir hoy a la Corte para acompañar este trámite.

El diputado Diego Paulsen (RN) gestiona enviar una carta al Ministerio del Interior donde solicitará que el Gobierno decrete el Estado de Emergencia en la zona donde se han perpetrado ataques incendiarios. "Es una medida similar a la que se realizó bajo el mandato de Michelle Bachelet, a raíz de los incendios forestales en el verano de 2017", argumentó el legislador agregando que "buscamos apoyo en las Fuerzas Armadas, para tener mayor resguardo. No puede ser que se sigan quemando predios o que se ataquen furgones que trasladan a adultos mayores al Servicios de Salud en La Araucanía Norte, ni que siga habiendo gente que pierde un ojo por ataques con postones. La sensación de impunidad es grande", explicó el diputado Paulsen. El parlamentario estaría coordinando con otros diputados de su coalición y la oposición para enviar esta carta.

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Dieciséis organizaciones que representan a diferentes entidades de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, firmaron un comunicado donde exigen a los tres poderes del Estado garantizar la justicia y la tranquilidad en la zona, "habiendo transcurrido 20 años desde que comenzó la violencia", precisan.

En parte del texto, señalan que "denunciamos al Gobierno de Chile por incumplimiento de la Constitución y de sus funciones de imponer su autoridad en el orden y la seguridad pública. Al Poder Judicial, por anteponer una doctrina garantista en sus fallos, que solo fomenta la violencia e impunidad".

Críticas

En el escrito también realizan críticas "al Poder Legislativo, por su indolencia y lejanía con los reales problemas que agobian a los habitantes de estas regiones y preferir priorizar sus intereses ideológicos al bien mayor de las regiones del sur. A la Fiscalía Nacional, por su ineficacia e inoperancia permanente en la búsqueda de los responsables de los hechos de violencia y su constante negación de los hechos terroristas que ocurren en la zona, al emitir juicios que no se condicen con la realidad".

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile, René Muñoz, explicó que "es un llamado de atención a los tres poderes del Estado a que hagan su trabajo, nosotros vemos que en este último tiempo, 20 años, hay un ambiente de desorden, inseguridad e intranquilidad en la zona sur que hace casi incompatible la inversión, el trabajo y el desarrollo. Esta es una denuncia pública para que las autoridades entiendan que hay 16 gremios del sur que estamos preocupados".

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Víctimas de la Violencia Rural de La Araucanía, Avvru, Alejo Apraiz, precisó que "es una denuncia pública contra los tres poderes del Estado, ya que entendemos que no están haciendo su labor".

Apraiz argumentó que "cada vez que nos reunimos con los ministros nos dicen que en La Araucanía todo está funcionando bien, pero las cifras dadas a conocer por el Barómetro de Conflictos dicen que los atentados aumentaron, entonces nos preguntamos cuál es la labor qué está haciendo el Gobierno".

Consultado por la posibilidad de integrarse a una Mesa de Negociación, que propuso la Multigremial, el vocero de las víctimas dijo que "siempre estamos dispuestos a dialogar, pero creemos que las mesas ha sido demasiadas y el diagnóstico ya está claro. Aquí las investigaciones tienen que comenzar a dar resultados y los fiscales deben perseguir a los terroristas".

Frente a este comunicado, la seremi de Gobierno, Pía Bersezio, dijo que "el intendente fue muy claro en señalar que se hará respetar la ley y todo predio que sea tomado, de forma violenta o pacífica, no será comprado por la Conadi. Se analiza una propuesta para que toda comunidad que tenga antecedentes o realice acciones violentas, va a ser eliminada de las listas de Conadi para acceder a compras de terrenos, porque no aceptaremos extorsión ni amenazas".

Además, la seremi Bersezio agregó que "como Gobierno hemos realizado todas las gestiones y acciones para contribuir a la paz y al desarrollo de la Región y así seguirá siendo".

"Es un llamado de atención a los tres poderes del Estado a que hagan su trabajo".

René Muñoz,, Contratistas Forestales del Sur"

"Hemos realizado todas las gestiones para contribuir a la paz y al desarrollo de la Región".

Pia Bersezio,, seremi de Gobierno"

El Consejo de Todas Tierras rechazó la creación de un grupo de WhatsApp denominado "Ayuda a Carabineros", donde se estaría recaudando dinero para colaborar con el exsargento del Gope, Carlos Alarcón, formalizado por el homicidio de Camilo Catrillanca. Mediante un comunicado el werkén de la entidad, Aucán Huilcamán, denuncia que en este grupo fue creado por un grupo de agricultores y en él participarían autoridades regionales, nacionales y dirigentes de algunos gremios, por ello piden al Gobierno que "intervenga esa cuenta bancaria y se conozca públicamente a los patrocinadores, personas que además sean investigadas por la Fiscalía" señala en parte la misiva.