Rodrigo Zamorano C.
El director regional de Gendarmería en La Araucanía, el coronel Leonardo Barrientos, ingresó personalmente en el Juzgado de Garantía de Temuco una querella contra quienes resulten responsables por los graves desórdenes y desmanes ocurridos la tarde del miércoles en el frontis de la cárcel de Temuco.
La acción judicial fue ingresada ayer por la institución luego de que dos funcionarios de Gendarmería resultaron lesionados por la arremetida de un grupo de sujetos, quienes en desacuerdo por las medidas administrativas aplicadas a sus familiares, internos de la cárcel, arremetieron con piedras contra los vidrios y ventanas del recinto penal.
De acuerdo a la indagatoria que lleva la Fiscalía, los sujetos pertenecerían a la comunidad Mateo Ñirripil, de la comuna de Lautaro y habrían sido captados por las cámaras de seguridad mientras destruían a pedradas un total de 38 vidrios de la cárcel.
Los daños avaluados por la Dirección de Gendarmería alcanzan los $5 millones.
Asimismo un vehículo fiscal y otro particular propiedad de un funcionario de Gendarmería, habrían sido víctima de las pedradas lanzadas por los imputados.
Los desórdenes se originaron luego de que Gendarmería aplicara sanciones disciplinarias a dos comuneros del modulo especial para comuneros mapuches.
Detenidos
Tras los incidentes, ocho personas resultaron detenidas, dos de los cuales, menores de edad, fueron dejados en libertad.
Los otros seis comuneros mapuches fueron formalizados por el Ministerio Público por el delito de desórdenes públicos y daños calificados.
Del total de formalizados, a dos de ellos se les investiga además por lesiones leves a un gendarme, el que habría recibió una pedrada y el segundo comunero por apedrear a un oficial de Carabineros.
Tras la audiencia de control de la detención y formalización, la totalidad de los comuneros fueron dejados en libertad por el juez de Garantía, Mauricio Poblete.
Cabe consignar que de los seis formalizados sólo tres de ellos: Cristián Cayupán, Jaime Millalén y Gerson Collín quedaron con prohibición de acercarse a las víctimas.
El juzgado además acogió la solicitud del Ministerio Público otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
