El Austral
Hasta la Fiscalía Nacional llegó ayer la bancada de parlamentarios de Evópoli de La Araucanía acompañados de Justo Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación para la Paz y Reconciliación de la Región y Alejo Apraiz, presidente de la Agrupación de Víctimas de la Violencia Rural en la zona. Juntos solicitaron, con urgencia, el perfeccionamiento de La Fiscalía de Alta Complejidad de la Región, esto luego que en 2018 se documentaran 270 atentados en la zona y solo en menos del 2% de los casos hubo condenados por los hechos.
La cita fue encabezada por los senadores Carmen Gloria Aravena y Felipe Kast y los diputados Sebastián Álvarez y Andrés Molina, quienes manifestaron su preocupación al fiscal nacional, Jorge Abbott, de que la unidad persecutora de la Región no entregue garantías a los denunciantes y víctimas de violencia y atentados.
En cifras
Según cifras del Poder Judicial, la Región atraviesa un periodo crítico donde impera la impunidad. En el 2018 la Fiscalía Regional de La Araucanía recibió 270 causas por delitos vinculados a la violencia rural, 49 ingresos más que en igual período del año anterior, lo que representa, a igual fecha, un incremento de un 28%.
Según el senador Felipe Kast, "lo que más nos preocupa es que de todos los casos formalizados por atentados, hay casi un ciento por ciento de impunidad, esto frustra a las víctimas que piden a gritos justicia. Por eso estimamos que es insostenible que la Fiscalía se mantenga tal cual la conocemos, porque no se adapta a la realidad, mantiene una estructura básica y los mismos recursos. Esto no puede ocurrir en una de las regiones con mayor violencia rural de Chile", aseguró el parlamentario.
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"Lo que más nos preocupa es que de todos los casos formalizados por atentados, hay casi un ciento por ciento de impunidad".
Felipe Kast,, senador"
Diagnóstico de la bancada
Según el diagnóstico exhaustivo realizado por la bancada, entre los mayores déficits que presenta la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía son: la falta de recursos, ausencia de estatuto que proteja a las víctimas, testigos y fiscales (por temor a represalias); dificultades en la carga de probatoria, ineficacia en la persecución de delitos terroristas y dotación de personal insuficiente. Al respecto, la senadora Carmen Gloria Aravena explicó que en la instancia el fiscal manifestó claridad del escenario a corregir; en materia legislativa, de recursos económicos y coordinación para que se pueda denunciar de manera segura. "Necesitamos que los vecinos de nuestra Región que son víctimas de violencia puedan denunciar con la seguridad plena de que sus casos serán investigados, que los fiscales puedan indagar sin temores y poder garantizar el derecho de que los culpables serán condenados. En cuanto a la materia legislativa, que como parlamentarios nos compete, hay que señalar que la Ley Antiterrorista está en el Senado, pero ha tenido una lenta tramitación, aclarar que además existen otras modificaciones a la ley vigente que podrían ser tramitadas con mayor rapidez y de mayor consenso político", aseguró la senadora Evópoli.
