La posibilidad de que los trabajadores puedan pactar jornadas semanales de 4 días y medidas de inclusión, son algunas de las propuestas contempladas en el proyecto de modernización laboral que el Gobierno presentó ayer.

El Presidente Sebastián Piñera firmó la iniciativa legal en un acto celebrado en el Palacio de La Moneda.

Trabajo y familia

El proyecto de ley busca conciliar el trabajo y la familia por medio de normas que permitan a las personas adaptar sus trabajos a sus necesidades para mejorar su calidad de vida.

Piñera comentó que "son medidas para adaptar mejor las jornadas laborales, de forma tal de que se puedan conciliar, de mejor manera, con el mundo de la familia, del deporte, de la cultura, de los amigos y de lo que las personas quieran hacer con su tiempo libre".

La iniciativa propone una jornada mensual de 180 horas, que podrá ser distribuida de forma diferente cada semana, permitiendo un mejor uso del tiempo personal y familiar.

Se plantea que la jornada no pueda ser de menos de 4 días ni más de 6, permitiendo que las personas puedan convenir con su empleador descansar viernes, sábado y domingo. Por otra parte, el proyecto permite acordar opciones de horario de inicio y término de jornada, de manera que las personas puedan acomodarse a sus rutinas y necesidades, así como adaptar la jornada de trabajo en períodos de vacaciones familiares.

Consultado por la iniciativa de algunos legisladores de oposición de reducir la jornada laboral de 45 horas semanales a 40, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, expuso que las "reducciones de jornada mal hechas" pueden generar una caída de las remuneraciones.

"Hoy planteamos una jornada mensual de 180 horas que implica una reducción de jornada casi en un 10%, pero implica también que el trabajador se verá beneficiado al poder ordenar su horario y podrá optimizar su tiempo, algo que mejorará su calidad de vida y no impactará en las remuneraciones porque la productividad se mantiene", añadió.

El plan impulsa, asimismo, el reconocimiento de estudios a personas con discapacidad, para promover la inclusión, y promueve políticas de género para fortalecer el rol de la mujer en el mundo del trabajo.

Además, se impone normas más rigurosas para reforzar la prevención, fiscalización y sanción del acoso laboral y sexual.

Con el objetivo de fomentar la educación y capacitación, la propuesta busca otorgar facilidades para que los trabajadores puedan finalizar sus estudios escolares y se amplía la edad para acceder a los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

De común acuerdo

El ministro Monckeberg hizo hincapié en que "Chile necesita con urgencia modernizar nuestras normas e instituciones. La legislación chilena está hecha para empleos que han quedado en el pasado, el Código del Trabajo establece una jornada única de 5 o 6 días a la semana donde el trabajador está obligado a estar ocho horas diarias en la oficina entrando y saliendo a la misma hora".

Añadió que "las herramientas de flexibilidad" incluidas en el proyecto "son derechos que no pueden pasar por arriba de la voluntad del trabajador y son de común acuerdo".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reveló que "el costo fiscal de este proyecto no es tan significativo, son $1.200 millones por año, lo que tiene que ver con la extensión del subsidio al empleo joven".

El Foro Permanente de Política Exterior rechazó las críticas que los gobiernos de Chile y otros cuatro países hicieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que se respete su "soberanía" en el resguardo de los DD.HH.

En una declaración pública, 41 miembros de la oposición, incluyendo excancilleres, exministros y legisladores en ejercicio, subrayaron la necesidad de que el Ejecutivo no debilite el Sistema Interamericano de DD.HH.

El grupo planteó que en la nota enviada a la CIDH "se percibe otra actuación precipitada e incoherente ante hechos políticos coyunturales, y una falta de consulta ya habitual en materia de política exterior", junto con recalcar que "los países firmantes introducen un doble estándar en su política regional". "Mientras demandan respeto a los derechos humanos en países como Nicaragua y Venezuela, al mismo tiempo debilitan aquellas instituciones regionales que fueron creadas justamente para proteger a los ciudadanos de aquellos países en los cuales el Estado no respeta adecuadamente los derechos de las personas", recalcaron.

En cuanto a la reivindicación del "espacio de autonomía", el Foro acusó que "equivale a oponer una supuesta 'soberanía nacional' al cumplimiento de las obligaciones internacionales" en DD.HH., "como en su época lo sostenían las dictaduras sudamericanas en Naciones Unidas y en otros foros internacionales".

"Levantar esta idea del 'legítimo espacio de autonomía' es volver a una época anterior a la Segunda Guerra Mundial en la protección de los derechos humanos y sumarse a los argumentos que países como Venezuela y otros de ese corte autoritario o dictatorial han usado para intentar poner freno a las facultades de supervisión que tienen esos dos órganos del sistema interamericano", sostuvieron.

Para el grupo, "la nota pretende que Corte y Comisión no cumplan con sus funciones y que los Estados tengan libertad para violar sus obligaciones internacionales. Todo ello constituye una amenaza directa e inaceptable a los significativos avances logrados en nuestra región a través del Sistema Interamericano".