La Federación de Medios de Comunicación Social de Chile rechazó los comentarios hechos por la magistrada Dobra Lusic, nominada como candidata a ministra de la Corte Suprema, quien dijo que "hay que regular la prensa, los medios de prensa".

Los comentarios de Lusic fueron hechos en su intervención ante la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, cámara que debe votar su ingreso al más alto tribunal de justicia.

La abogada planteó, en aquella instancia, que en los últimos días ha sido objeto de "un ensañamiento y una virulencia despiadada". Aludió así a los cuestionamientos que ha recibido a raíz de decisiones judiciales mientras ha sido ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Una de ellas es el fallo en una causa civil a favor del Banco de Chile, en febrero pasado, decisión que adoptó pese a estar inhabilitada por la Corte Suprema desde 2016 para abordar causas relativas a la citada institución bancaria.

Para la Federación de Medios, las declaraciones de Lusic en el Senado son "desafortunadas" y "han generado preocupación en todos quienes defendemos la libertad de prensa, pues un miembro tan importante del Poder Judicial como la ministra, debiera saber que esta materia ya está regulada a través de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión y ejercicio del periodismo que establece, entre otras cosas, los mecanismos a través de los cuales quien se sienta afectado por una publicación pueda presentar acciones contra el medio. Ello sin considerar la existencia del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, entidad de autorregulación de reconocido prestigio, ante el cual pueden canalizarse las denuncias por infracciones éticas en materia periodística".

La organización de medios planteó que toda restricción a la libertad de emitir opinión y a la de informar, que son básicas en "un estado democrático" y están garantizadas por la Constitución, "afecta seriamente los principios fundamentales de nuestro país".

La Federación estima que los dichos de Lusic son efecto de "una reacción a los cuestionamientos públicos por su candidatura" y que ella "no ha medido las consecuencias" de sus declaraciones.

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados decidió postergar la votación de la idea de legislar la reforma de pensiones, tras la molestia de los legisladores opositores porque el Gobierno no presentó un documento formal de respuesta a su petitorio de diez puntos.

La votación estaba inicialmente programada para ayer, pese a que vencía la urgencia simple (30 días) impuesta por el Ejecutivo.

Demorar el proceso

La determinación la tomó el presidente de la instancia, Raúl Soto (DC), pese a que inicialmente no tuvo buena recepción de sus colegas de oposición Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (IL), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Gastón Saavedra (PS).

Ellos, incluso, acusaron en un principio a Soto de intentar dilatar el proceso, lo que implicaba el riesgo de que el proyecto pudiera pasar directamente a la Sala el martes. Sin embargo, pasados los minutos, los legisladores del Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría se plegaron a la decisión, que ya contaba con el respaldo de los oficialistas (Patricio Melero, Ramón Barros, Francisco Eguiguren y Guillermo Ramírez).

La votación en la comisión quedó programada para el lunes a las 17 horas.

La molestia de la oposición se produjo porque el Gobierno no les presentó un documento escrito a modo de respuesta a su petitorio de 10 puntos.

"Me gustaría destacar el trabajo constructivo que hemos hecho desde la oposición con propuestas concretas, con ideas para el país para mejorar las pensiones de los chilenos y mejorar un proyecto que consideramos insuficiente y malo y para tratar de impulsar desde la oposición, aprovechando nuestra mayoría, la posibilidad de incidir para cambios muchos más profundos y estructurales", dijo el diputado Soto.

"El Gobierno, con anuncios bastantes genéricos, ha mostrado disposición y voluntad a acoger varios de nuestros planteamientos, eso hay que valorarlo. Sin embargo, lo que hemos dicho los parlamentarios de la oposición es que necesitamos tiempo para evaluarlo y tenemos que hacerlo sobre la base de un documento concreto", añadió.

Su opinión fue compartida por los otros integrantes de la centroizquierda, como la diputada Cariola: "Le hemos dado (al Gobierno) todas las opciones y las oportunidades precisamente en la búsqueda de encontrar un espacio de diálogo, pero lamentablemente pareciera ser que al Gobierno no le interesa".

Los ministros del Trabajo, de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Monckeberg, Felipe Larraín y Gonzalo Blumel, respectivamente, se refirieron en términos "generales" a su petitorio, según la oposición.

Monckeberg expresó su voluntad para "evaluar en su mérito algunos puntos". En tanto, Larraín llamó a cuidar "los efectos de la reforma" sobre el mercado laboral y explicó que algunos puntos no podrían ser respondidos pues no se ha hecho una evaluación de gastos. Esto, particularmente en lo relativo a la solicitud de aumentar el pilar solidario del 60 al 80%, como pide la oposición.

En La Moneda, la ministra vocera, Cecilia Pérez, instó a los miembros de la comisión de Trabajo a que "recapaciten de aquí al lunes (...) Acá lo que no puede pasar es que finalmente por una voluntad obstruccionista de algunos, se termine diciendo que no a las personas que más lo necesitan, los adultos mayores".

La autoridad rebatió que la oposición hable de falta de voluntad del Gobierno, cuando "llevamos más de cinco meses con este proyecto de ley en el Parlamento".