Las dos centrales obreras de Argentina junto a movimientos sociales realizaron ayer la quinta huelga general que afronta el Gobierno de Mauricio Macri, un paro "contundente" en un escenario de recesión económica y cuando restan cinco meses para la elección presidencial.

La huelga de 24 horas fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina y dominada por dirigentes sindicales peronistas, opositores al Gobierno de Macri. Tuvo un "alto nivel de acatamiento", según aseguraron los lideres gremiales.

Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, dijo que la huelga tuvo como fin "reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que se llevan adelante, que sistemáticamente fueron erosionando toda la actividad productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social".

La medida se realiza en momentos en que Argentina cumple un año sumida en recesión económica, con altos índices de inflación, caída del poder adquisitivo de los asalariados y un deterioro en los índices de empleo y pobreza.

"El acatamiento fue muy importante en todo el país. La contundencia de esta medida quedó demostrada en las grandes ciudades de Argentina, donde la fotografía fue una ciudad desierta", afirmó Daer.

A la protesta, que se hizo notar con fuerza en Buenos Aires, se sumaron los sindicatos alineados con Hugo Moyano, líder de los camioneros, de extracción peronista pero distanciado de la conducción de la CGT, y la Central de Trabajadores Argentinos, que agrupa mayoritariamente a gremios de trabajadores estatales.

El paro se sintió en actividades como el transporte publico y de cargas, los bancos, el comercio, varias ramas industriales, los puertos, la educación, la construcción y la administración pública.

Según un trabajo elaborado por el Ministerio de Hacienda, la huelga de ayer supuso una pérdida para el país de 40 mil millones de pesos (unos 880 millones de dólares), la que afecta mayormente a la industria y el comercio.

El fiscal especial Robert Mueller, que investigó la llamada "trama rusa", se hizo a un lado al reiterar que la acusación formal contra el Presidente estadounidense, Donald Trump, "no era una opción" dadas sus limitaciones legales y trasladó la decisión al Congreso.

"Acusar al Presidente de un delito no fue una opción que pudiésemos considerar", dijo Mueller en una declaración en el Departamento de Justicia, en la que anunció que renunciaba a dicho puesto una vez terminada la investigación.

La normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al Presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, ya que es considerado inconstitucional.

No obstante, agregó: "Si hubiésemos tenido confianza en que el Presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho".

Mueller, quien leyó un comunicado y no aceptó preguntas, compareció así por primera vez en público para comentar la investigación de la "trama rusa".

"Estoy hablando hoy (ayer) porque nuestra investigación se ha completado. El fiscal general ha hecho el informe público en gran parte, estamos cerrando formalmente la oficina del fiscal especial y, asimismo, estoy dejando el Departamento de Justicia", remarcó.

La declaración de Mueller, en la que no ofreció novedades sobre lo publicado en el informe dado a conocer en abril, fue aplaudida por Trump.

"Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país una persona es inocente. ¡El caso está cerrado! Gracias", dijo Trump en Twitter minutos después de la comparecencia del fiscal especial.

El informe que Mueller envió al Congreso señala que no hay pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, y tampoco alcanza conclusiones sobre un posible delito de obstrucción a la Justicia por parte del Mandatario.

De este modo, la decisión sobre si iniciar un juicio al Presidente estadounidense pasa al Congreso, donde los demócratas están divididos dadas las posibles implicaciones políticas que ello tendría de cara a las elecciones del próximo año.

"Debido a que el fiscal especial Mueller no fue capaz de perseguir cargos criminales contra el Presidente, le corresponde al Congreso responder a los delitos, mentiras y otras malas prácticas del Presidente Trump, y lo haremos", afirmó Jerrold Nadler, quien preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El Austral

Tras casi cuatro años sin publicar indicadores económicos, el Banco Central de Venezuela reveló en su sitio web una caída del Producto Interno (PIB) de 52,3% desde 2013, cuando Nicolás Maduro fue elegido Presidente.

La institución estima, además, que la inflación ha alcanzado la cifra más alta en la historia reciente del país, al pasar del 180,9 por ciento en 2015 al 130.060% en 2018.

Debajo de otras cifras

Los números están, en todo caso, muy por debajo de las estimaciones de la Asamblea Nacional, de firmas independientes y organismos multilaterales, que calcularon el alza de precios del año pasado por encima de 1.700.000% y que la situaron para el cierre de este 2019 superará los 10.000.000%.

Aun así, es el primer reconocimiento explícito del régimen chavista del inmenso deterioro en el que está inmersa la economía venezolana. De hecho, para la inflación acumulada en los primeros cuatro meses de 2019, la administración de Maduro tiene una estimación aún peor que la de la Asamblea Nacional, que lo calcula en el 666%. El Banco Central lo sitúa en más del 1.047% sólo entre enero y abril.

El organismo estatal informó, igualmente, que las exportaciones petroleras -fuente del 96% de los ingresos del país caribeño- se desplomaron hasta US$29.810 millones en 2018. Se ubicaban en US$85.603 millones en 2013 y en US$71.732 millones en 2014, cuando se derrumbaron los precios del crudo y estalló la profunda crisis que azota a los venezolanos.

Aunque las cotizaciones se recuperaron a partir de 2016, una abrupta baja en la producción ha impedido un repunte de los ingresos.

Según cifras oficiales citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la oferta de petróleo venezolano, que fue de 3,2 millones de barriles por día hace una década, se colocó en 1,03 millones en abril. No obstante, fuentes secundarias de la OPEP la cifraron en apenas 768 mil barriles diarios el mes pasado.

El Banco Central venezolano también dio cuenta de que las importaciones cayeron de US$57.183 millones en 2013 a US$14.866 millones en 2018, dato que explica la severa escasez de bienes básicos.

Los venezolanos enfrentan desabastecimiento cíclico de alimentos y crónico en el caso de los fármacos y los insumos médicos, a lo que se suma ahora la falta de gasolina, buena parte importada.