Monumentos y homenajes
Recientemente el señor José Antonio Kast ha declarado que si llega a ser Presidente de la República sacará todos los monumentos y homenajes que se les ha realizado a "terroristas que destruyeron el país" refiriéndose a Salvador Allende. Por ello, deseo expresar mi opinión respecto a lo sucedido.
Considero que deshacerse de todo homenaje a figuras históricas de nuestro país, que representan ideologías opuestas al del político mencionado anteriormente, demuestra la ignorancia y falta de razonamiento que poseen él y muchos otros políticos de nuestro país, puesto que los acontecimientos históricos de nuestro país no se pueden borrar de la memoria de nuestra sociedad. No podemos alterar lo ocurrido en el pasado, por esta razón es inevitable que estas decisiones impidan que se les rinda homenaje en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo.
Ideas como estas lo único que provocan es desunir el país. Respecto a las diferencias de pensamiento seguimos viviendo en dictadura, nuestra sociedad es cada vez más individualista e incapaz de respetar las ideas y creencias de los demás ¿Los políticos de nuestro país están cumpliendo de manera correcta su labor?
Últimamente hemos visto como los políticos se muestran indiferentes a buscar soluciones concretas a los problemas que están ocurriendo, lo cual es preocupante, ya que en lugar de mejorarlo están causando que nuestro futuro sea una sociedad sin memoria de su historia. Lamentablemente hemos olvidado que aunque nuestra condición social, actividades, opiniones e ideologías sean diferentes, Chile es uno solo.
Victoria Olivares
Bondad
Las empresas son buenas personas cuando están obligadas a serlo.
José Luis Hernández Vidal
Atentados terroristas
Chile sufrió el día jueves dos nuevos terribles atentados. Los atentados demuestran que el fanático terrorista no conoce límites y que la cobardía de esos criminales y sus cómplices que odian el Estado de Derecho debe ser combatida con toda la firmeza y unidad por parte del Gobierno.
No podemos tolerar como sociedad la normalización e indiferencia ante estos actos que actualmente ocurren de manera habitual en La Araucanía contra agricultores y carabineros. Atentar con bombas explosivas contra un exministro del Interior me parece de una gravedad brutal. Es tarea de todos nosotros como ciudadanos la defensa de la libertad y la democracia, mostrando tolerancia cero frente a este tipo de actos.
César Ángel Medina Galaz
Tratamiento de cáncer
Hace algunas semanas, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto a favor de Eileen Breittler, persona que padece de cáncer y a la cual le fue suspendido el tratamiento médico, pues el fármaco no se encontraba a disposición del Hospital Carlos Van Buren. En concreto la Corte ordenó que el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y el propio Hospital, dentro del marco de competencias que a cada uno corresponde, adopten todas las medidas necesarias para otorgar el tratamiento y que éste no vuelva a ser retrasado.
Este fallo vino a confirmar una línea jurisprudencial que se viene asentando desde hace algún tiempo, incluso por la Corte Suprema de Justicia, por la cual se ha ordenado a los diversos prestadores de salud la entrega de tratamientos médicos a pesar de su alto costo.
Ha dicho la judicatura que el valor económico de estos tratamientos no es un argumento lo suficientemente poderoso como para justificar la negativa a entregarlos a los pacientes. Si bien el derecho a la protección de la salud no se encuentra amparado por la acción de protección, estos recursos se han acogido mediante la conexión de este derecho con el derecho a la vida que sí reconoce el amparo jurisdiccional.
Sin perjuicio de la debida protección que se ha brindado por los tribunales a las personas afectadas en sus derechos a la protección de la salud, a la vida y a la integridad (física y psíquica), a no ser objeto de discriminaciones e incluso de propiedad (estas enfermedades arruinan), estos fallos deben obligar al Estado y a la clase política a replantear las prioridades y políticas públicas en materia de sanidad.
De consolidarse esta jurisprudencia (esperamos que así sea), el Estado tendrá que buscar mecanismos que permitan abaratar los costos de estos tratamientos y asegurar realmente las promesas que la Constitución nos hace en materia de derechos fundamentales.
Jorge Astudillo Muñoz, Universidad Andrés Bello Viña del Mar
