La Comisión Especial de la Mujer del Senado aprobó la ampliación de la definición de femicidio, con lo que se busca incluir a parejas sin convivencia y exparejas.

La iniciativa, llamada "ley Gabriela" por una joven asesinada por su expololo, establece que será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (de 15 años y un día a cadena perpetua) "el hombre que diere muerte a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o que tiene o ha tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia con éste, o con quien tiene o han tenido un hijo en común".

El proyecto fue aprobado con 4 votos a favor, de Adriana Muñoz, Carmen Gloria Aravena, Yasna Provoste e Isabel Allende, y uno en contra, de la senadora Ena von Baer.

Los familiares de Gabriela Alcaíno, la joven que, junto a su madre, fue asesinada por su expololo en junio de 2018 tras el término de la relación, se mostraron contentos por este nuevo paso que da la propuesta legislativa, pues "va a favorecer a tantas mujeres que hoy no pueden hablar".

En mayo pasado, el padre de Gabriela, Fabián Alcaíno, envió una carta al Presidente Sebastián Piñera por lo que estimó un "compromiso no cumplido", luego de ver que la "ley Gabriela" tenía urgencia simple a seis meses de su aprobación en la Cámara de Diputados. Tras ello, en junio, el Gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola.

Agravantes

La propuesta busca fijar agravantes especiales al delito de femicidio y excluir a los delitos de femicidio, parricidio y homicidio simple y calificado de la aplicación de las atenuantes de "irreprochable conducta anterior" o de haber obrado por arrebato u obcecación, cuando haya precedido violencia cometida por el autor contra la víctima, sus ascendientes o descendientes.

Además, propone circunstancias agravantes, como el hecho de que la víctima hubiese sido cónyuge, conviviente o hubiese tenido una relación de pareja con el autor, habiendo existido o no convivencia; que la víctima estuviese en estado de embarazo; que sea menor de edad o mayor de 60 años; que tenga relación de parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado colateral con el autor; así como que se cometa en presencia de descendientes menores de edad de la víctima.

El Ejército habría intervenido los teléfonos de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional, tanto de forma pública como judicial, según revelaron ayer dos investigaciones periodísticas.

Ambas investigaciones reportaron que las intervenciones, realizadas en 2017, fueron posibles gracias a la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ello, porque así lo exige la Ley de Inteligencia, que fue la invocada por el Ejército en consideración de que los uniformados -según la organización castrense- podrían haber estado entregando información que afectaba a la institución y la seguridad nacional.

De acuerdo a la información de Radio Biobío, fuentes del Ejército confirmaron la operación, la que es conocida por el Gobierno, donde existiría incomodidad al respecto.

A quiénes

Según las investigaciones (Biobío y La Tercera), se habría intervenido, en 2017, a cuatro personas: dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución. Todos tenían en común haber denunciado presuntas irregularidades en el Ejército.

Las indagaciones habrían sido realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) y afectado al capitán Rafael Harvey Valdés, al exteniente Carlos Farías Ramírez, al exsargento Juan Pablo Díaz Pino y al cabo primero Sergio Tudesca Órdenes.

Harvey fue procesado y detenido por el delito de sedición, en el marco de la investigación sustanciada por la Fiscalía Militar, que lo condenó a cinco años de cárcel. Sin embargo, y estando su baja pendiente, la Corte Marcial, el 12 de junio, revocó el fallo de sedición y lo declaró inocente. La situación de Harvey, según Radio Biobío, no habría sido informada al Presidente Piñera.

Harvey había denunciado, hasta 2017, tres hechos: maltrato y cobros ilegales a conscriptos por parte de sus mandos; faltas a la probidad del entonces teniente coronel Héctor Lara, y la protección del general Germán Marx, hoy en retiro, a una red de corrupción, prevaricación, usurpación de funciones y engaño a la autoridad.

Sergio Tudesca denunció posibles irregularidades en licitaciones públicas en la División de Mantenimiento del Ejército y la omisión de denuncia por estos hechos por parte de generales de esa unidad. Juan Pablo Díaz había acusado faltas a la probidad en el Regimiento Logístico Nº 3 Limache, por relaciones entre los altos mandos y los proveedores de la institución, con supuestos pagos irregulares de por medio. Y el exteniente Carlos Farías administraba en 2017 una cuenta de Facebook creada para dar consultoría legal a los funcionarios que pretendan denunciar abusos o irregularidades en la institución.

La operación se habría llevado a cabo durante la comandancia en jefe de Humberto Oviedo, hoy indagado por posible malversación de caudales públicos por casi $4.600 millones.

El reportaje de la emisora radial señala sobre los documentos que en ellos "no se revelarían problemas para la seguridad nacional u operativa del Ejército, sino información de cómo se desarrollaban las investigaciones que sustanciaba la justicia por casos de corrupción". Destacaría el caso "Milicogate", a cargo de la ministra en visita Rommy Rutherford, por el desvío de 6.000 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

12 de junio, se declaró inocente de sedición a Rafael Harvey, uno de los que habría sido intervenido.

29 de junio, el general (r) Oviedo fue procesado por presunta malversación de fondos públicos.

7 de agosto, el general Alejandro Villagra renuncia al Ejército. Se le acusa de fraude al fisco por 9,2 millones.

En los últimos años, miembros del Ejército han sido investigados por malversación de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. A tales indagaciones se suman otras por defraudaciones que han derivado en decenas de uniformados procesados y emblemáticas detenciones, como las de los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. El primero está detenido en un comando militar en Santiago, procesado por el presunto delito de malversación de caudales públicos por $3.500 millones. El segundo se encuentra en libertad bajo fianza y es indagado por el mismo delito, por casi $4.600 millones.