Rodrigo Zamorano
Mañana martes, a las 12 horas, se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco una audiencia donde se debatirá la aplicación o no de la Ley Emilia en la investigación por el fatal atropello del niño Joaquín Caroca Hagedorn.
En la instancia, la familia del menor de edad -fallecido en diciembre de 2017 tras un fatal atropello al interior de un condominio- solicitará al tribunal forzar acusación contra la conductora imputada por la denominada Ley Emilia, legislación especial incluida en la Ley de Tránsito que aumenta las penas por el hecho de no detenerse, no prestar ayuda a la víctima y no dar aviso a las autoridades competentes, como Carabineros.
De este modo, los 540 días de presidio menor en su grado mínimo que arriesga la conductora por el cuasidelito de homicidio, podrían verse aumentados a cinco años de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y una multa de 11 a 20 UTM.
Ley emilia
Cabe recordar que con fecha 3 de diciembre de 2018 -a casi un año del fatal hecho- la Fiscalía reformalizó a la conductora que atropelló a Joaquín por un cuasidelito de homicidio y además por las modificaciones de la Ley Emilia: el incumplimiento de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad.
Sin embargo, el 9 de mayo de 2019, la fiscal Claudia Pérez comunicó al tribunal su decisión de no perseverar en las agravantes que establece la Ley Emilia "por cuanto durante la investigación no se han reunido antecedentes suficientes para formular acusación", aseveró la persecutora.
Agravantes
En su argumentación, el Ministerio Público asevera que la exigencia de detener la marcha se encuentra acreditada ya que el vehículo conducido por la imputada "se detuvo a escasos metros del lugar del hecho y a segundos de ocurrido el atropello, vehículo encontrado por personal de Carabineros".
Asimismo, la fiscal Pérez señala que en cuanto al requisito de no prestar ayuda y en base a las declaraciones de testigos, se establece que "efectuando un análisis antes de la situación y desde la perspectiva de un hombre medio, no es posible exigir un comportamiento de ayuda por parte de la imputada distinto al realizado", aseverando que "fue la madre de Joaquín quien tomó el control de la situación al trasladar al menor de edad hasta la Clínica Alemana de Temuco".
Finalmente, respecto a la obligación de dar cuenta del atropello a Carabineros, la Fiscalía afirma que la conductora sabía que los vecinos del lugar habían llamado a la policía y que tras ello "los esperó en el lugar (...) se presentó ante ellos y les señaló ser la conductora que atropelló a la víctima".
Tales argumentos son desestimados por la familia de Joaquín y serán entregados este martes ante el Juzgado de Garantía a fin de que se aplique la Ley Emilia en la causa.