Rodrigo Zamorano C.
Los dueños y operadores de máquinas tragamonedas que fueron clausurados el pasado lunes, ingresaron, en el Juzgado de Garantía de Temuco, una querella contra el alcalde Miguel Becker, por los delitos de prevaricación administrativa y desacato.
La acción judicial ocurre tras el masivo cierre de locales destinados a los juegos de habilidad y destreza que hay en Temuco y que fueron clausurados por parte del municipio.
La querella se suma al recurso de ilegalidad ya presentado en la municipalidad tras las clausuras de 22 locales de juegos electrónicos. Del total, al menos 16 pertenecerían al gremio de operadores que llevan más de 10 años en el rubro y que esperaban que se reconociera su antigüedad y su forma de operar.
Entre los dueños de máquinas de juegos se encuentran conocidos empresarios, tales como Cristóbal Puig Vittini, Claudio Vallauri Flores, Luis Contreras Tapia, Enrique Ortiz Quinta y José Rival Opazo, entre otros.
Legalidad
Ernesto Núñez, abogado que representa a los dueños de las máquinas tragamonedas, asegura que la querella presentada busca aclarar la responsabilidad que tiene el alcalde al tomar medidas, dice, arbitrarias y sin sustento legal.
"El alcalde se ha amparado en resoluciones injustas y ¿cómo lo ha hecho? desconociendo todo lo que se ha dictado en Contraloría y tribunales, ya que insiste en que estarían no renovadas las patentes comerciales, sin embargo, ese decreto fue declarado nulo por la Corte de Apelaciones y ratificado por la Suprema, es decir, las patentes están vigentes. Y ha decretado la clausura sin tener argumentos válidos", señala el profesional.
Uno de los temas en discusión, apunta el abogado, es que el municipio se habría amparado en una resolución para exigir que todas las máquinas deben ser validadas por la Superintendencia de Casinos.
Sin embargo, Núñez aclara que "desde el 2016 en adelante se reguló esta materia, pero para la obtención de patentes, no a las renovaciones, vale decir, quien empieza a hacer un negocio nuevo, pero los que tienen renovaciones es un tema totalmente distinto, y es algo lógico, si tú iniciaste un negocio hace 10 años, te sometiste a las reglas vigentes en ese entonces y desde ahí en adelante la ley entiende que hay un derecho adquirido".
Cesantía
Serían cerca de 300 las personas que se están viendo afectadas por el cierre de los locales, principalmente trabajadores que no saben que ocurrirá con ellos.
Mario Grey es uno ellos, apuntando que están actualmente a la deriva. "A nosotros nos dejaron sin trabajo, estamos desesperados, todos tenemos compromisos, deudas y familias que mantener, y al alcalde parece no importarle eso", aseveró.
El representante de los operadores, Marco Coulón, agrega que actualmente hay una ley en trámite en el Congreso y que en el peor de los casos si erradican el negocio les darán un año para cerrar como corresponde.
"En el proyecto de ley darán un año a quienes no cumplan los reglamentos que dictamine esa ley, para que reinserten a su gente, para que vean qué hacen con sus máquinas y entregar sus locales", afirma Coulón.
Desde el municipio, en tanto, afirman que seguirán trabajando "para cerrar todos estos locales, que empobrecen a nuestros vecinos y que funcionaban de manera irregular".
