El senador de Evópoli por la Región de La Araucanía Felipe Kast aseguró ayer que La Moneda "no actuó bien" y "se apresuró" al enviar su propia iniciativa legal para fijar la jornada laboral en 41 horas, ante la presentación del proyecto de ley de 40 horas de la diputada PC, Camila Vallejo.

El legislador dijo en TVN que "yo creo que aquí el Gobierno, y se lo dijimos directamente en el comité político, creo no actuó bien. Cometió un error. Sobre todo importante de forma, en el sentido de que es muy legítimo que el Gobierno cuando hay una demanda ciudadana como la de Camila Vallejo, que es legítima, lo relevante, lo correcto, creo yo es poder haber enfrentado este tema no en forma acelerada, no en forma ansiosa, abrupta y eso es lo que creo que hizo la semana anterior".

"Yo creo que se apresuró. Yo hubiera preferido un modelo donde hubiésemos dicho, 'miren saben qué, aquí hay una demanda ciudadana, pero también enfrentar nuestras dificultades, como por ejemplo los robots que están hoy día cambiando por completo la forma que se están generando el mundo del trabajo, por lo tanto hagamos una comisión'", agregó Kast.

A juicio del político oficialista, "lo que necesitamos es una política de futuro, seria y evitar cualquier tipo de populismo, de ansiedad y yo creo que eso es lo que desgraciadamente ha ocurrido en el último tiempo con muchos parlamentarios ansiosos adelantando las carreras presidenciales".

"El problema es que aquí hay efectos dinámicos. Sabemos que el desafío es cómo hacemos bajar las horas sin que signifique más desempleo y menos sueldos", explicó el senador.

El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, señaló a radio Cooperativa que "las cosas se pudieron haber hecho mejor por parte del Gobierno. Se anunció una indicación en forma improvisada, pero lo importante, y ese es el punto que hemos marcado desde un principio en Evópoli, el proyecto original del Gobierno es bueno".

Debido a esto, "queremos presentar mejoras para tener un buen debate y avanzar algo que muchas personas queremos. El contexto económico y también la reforma previsional son razones que nos obligan a ser muy rigurosos cuando abordamos reducciones de jornada laboral y flexibilidad, tenemos la convicción que si lo hacemos con evidencia, con seriedad, con estudios, podemos avanzar en esta materia", agregó el abogado.

"no tiene interés real"

La diputada PC Karol Cariola, quien impulsa el proyecto de 40 horas junto a Vallejo, dijo que "de aquí al 2027 ya va a ser tarde para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras que tienen una de las jornadas más largas en América Latina y en el mundo, y que es la propia OIT (Organización Internacional del Trabajo) que recomienda que reduzcamos la jornada laboral ahora".

La legisladora sostuvo que "los problemas de salud mental van a seguir aumentando por el exceso de trabajo mal recompensado", mientras que la demora del Ejecutivo en legislar al respecto "es una demostración de que el Gobierno no tiene un interés real de querer reducir la jornada laboral y la única propuesta vigente es de 45 a 40 horas".

45 horas es la jornada actual de trabajo, que el PC pretende bajarla a 40 y el Gobierno, a 41.

2027 se completaría la propuesta del Ejecutivo, que baja las horas laborales en forma gradual hasta 41.

944.627 licencias por salud mental se presentaron durante 2018, según el Ministerio de Salud.

El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, señaló en radio Cooperativa que le gustaría que "aprovecháramos esta coyuntura (de la reducción de jornada) para poder legislar una lógica por hora, una flexibilidad real. Que en realidad la regulación laboral tuviese un mínimo de sueldo por hora, una flexibilidad por hora, que haga que una persona pueda trabajar cuatro horas, doce horas, 20 horas y que no seamos nosotros los políticos los que decidamos por ellos". A raíz de ello, Larraín espera este miércoles entregar al Gobierno, en conjunto con el centro de estudios Horizontal, una lista de propuestas sobre la reducción de la jornada laboral.

El rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, se refirió ayer al problema de violencia que enfrenta la comunidad educativa de uno de los principales establecimientos educacionales públicos del país, desde el cual, hace unos días, encapuchados atacaron con bombas molotov a Carabineros y apoderados. "Han sido momentos duros, pero hay que dejar sentado algo: este no es un tema endógeno del Instituto, esto es transversal a la sociedad", dijo la autoridad.

La autoridad añadió, en una entrevista en Canal 13: "Qué decir de muchos liceos, sobre todo de la comuna, que sufren las mismas situaciones. Muchos de estos hechos, el miércoles pasado, a la misma hora, sucedían en el Liceo de Aplicación, en el Internado Nacional Barros Arana, (...) esto lo ve uno en el Campus Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile; en la Universidad (Academia) de Humanismo Cristiano, son expresiones que trascienden la realidad del Instituto (Nacional)".

Personas externas

Los protagonistas de los disturbios se han mostrado a rostro cubierto, por lo que existe la duda sobre su identidad. Al respecto, el rector dijo que "lamentablemente sí (cree que hay alumnos involucrados), sería una fantasía pensar que estamos invadidos por elementos extraños".

La autoridad enfatizó en que, sin embargo, "hemos visto en ocasiones estudiantes de otros colegios que han entrado al nuestro a generar disturbios y probablemente también adultos en edad universitaria".

El presidente del centro de alumnos del establecimiento, Rodrigo Pérez, también participó de la entrevista en Canal 13, donde afirmó que "existe toda una red y un proceso que tiene a agentes externos que tienen hoy más complicado el escenario" al interior del liceo.

Pese a ello, el dirigente estudiantil aseguró que "no sabemos cuáles son las reivindicaciones" de los encapuchados, "no entendemos el objetivo de estos grupos".

Sobre qué hacer al respecto, el rector opinó que es el Estado quien debe encargarse de los problemas que "son de carácter policial".

"Si este tema no se ha logrado resolver en todos los liceos, no se ha resuelto en las universidades, tampoco a nivel de municipalidades, de ministerios, probablemente nos quedó grande a todos. Es un problema de la sociedad chilena", afirmó Soto.