Un grupo de encapuchados quemó ayer parcialmente la oficina de la inspectoría general del Instituto Nacional, lo que provocó el rechazo del Gobierno, el cual anunció una querella.

Por la tarde, la Fiscalía Centro Norte de Santiago formalizó a los dos adolescentes que fueron detenidos por carabineros con motivo del hecho. Ambos fueron formalizados por el delito de porte de artefacto incendiario, y quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al establecimiento educacional.

Cinco compañías de Bomberos combatieron las llamas. Según Carabineros, antes de eso, unos diez encapuchados salieron del colegio y en el frontis incendiaron contenedores de basura y lanzaron artefactos incendiarios tipo molotov a Fuerzas Especiales.

La ministra de de Educación, Marcela Cubillos, comentó: "Se está incendiando no solamente una parte del Instituto Nacional, sino parte fundamental de nuestra historia y el emblema de la educación pública". Y añadió: "Cuando hay una violencia de este nivel de organización, de esta magnitud, de esta duración en el tiempo, es evidente que aquí no hay improvisación, aquí hay financiamiento detrás de estas acciones violentistas".

Pero el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, aseguró no tener "información especial" sobre grupos que financiarían a violentistas, y dijo que conversará con la ministra Cubillos "si existe algún antecedente". El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó que el Gobierno se querellará.

En otro plano, ayer y el lunes, grupos de estudiantes se reunieron en las estaciones de Metro para protestar ante el alza del pasaje a través de evasiones masivas. El hecho provocó una interrupción del servicio y obligó al cierre de cinco estaciones. Hubo destrozos y rayados, y Metro anunció acciones legales.

El diputado Bernardo Berger (RN), presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, anunció que la instancia actuará de oficio por las declaraciones de Maite Orsini sobre eventuales vínculos de parlamentarios con el narcotráfico.

"Hay relación" entre parlamentarios y el narcotráfico, dijo la legisladora de Revolución Democrática en "Muy Buenos Días", programa de TVN, lo que provocó gran rechazo.

La medida de la Comisión de Ética se tomó tras la reunión sostenida ayer entre los jefes de los comités parlamentarios. En tanto, el diputado Leonidas Romero (RN) realizó un requerimiento ante la Comisión de Ética. "La diputada debe hacerse cargo de su irresponsabilidad, debe comparecer ante la Comisión de Ética y aclarar quiénes son los diputados que tienen lazos con el narcotráfico", sostuvo el congresista.

Por su parte, la bancada de su partido solicitó a la mesa de la Cámara un pronunciamiento oficial sobre la situación.

Los diputados de la UDI Álvaro Carter y Juan Antonio Coloma solicitaron en el Juzgado de Garantía de Valparaíso que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el asunto. También invitaron a Maite Orsini y a los parlamentarios del Frente Amplio a practicarse un test de drogas.

Desde el Gobierno, la ministra Cecilia Pérez dijo: "Acá hay afirmaciones graves, no solamente contra la institucionalidad del Congreso, sino también de otras institucionalidades de nuestro país. ¿Qué es lo que corresponde siempre en una autoridad responsable? Ponerse a disposición de la Justicia, colaborar".

Maite Orsini, quien el lunes en la tarde había aclarado que no dispone de antecedentes sobre un diputado en particular, volvió a comentar la situación, esta vez en Twitter. "No me cansaré de enfrentar todo aquello que puede poner en riesgo nuestra democracia y sus instituciones, y el narcotráfico lo hace", escribió. "Si alguien en este Congreso siente que lo ofendí personalmente, pido disculpas".

El Austral

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) acordó por unanimidad declarar admisible el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que el TC decida sobre la posibilidad de retirar los recursos de los ahorros previsionales.

La presentación del tribunal de alzada nortino se dio en el contexto de la tramitación de un recurso de protección presentado por la profesora jubilada María Angélica Ojeda con el objeto de disponer de sus ahorros en AFP Cuprum.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, comentó en T13 Radio: "Era bastante previsible porque la admisibilidad es más bien una evaluación de cumplimiento de requisitos para presentar el reclamo, más aún viniendo de una Corte de Apelaciones... Esto no implica ningún pronunciamiento respecto del fondo". Añadió que la decisión no es una aceptación de la argumentación "que implica ese reclamo".

El TC notificará a la Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente de la República, y las tres partes tienen la posibilidad de pronunciarse "respecto del conflicto de constitucionalidad expuesto por la Corte requeriente". Sobre si el Ejecutivo lo hará, Monckeberg expuso: "Es una decisión que se tomará oportunamente y tiene que tomarla el Presidente".

El TC resolvió también mantener la suspensión del recurso en la Corte, decretada el 24 de septiembre cuando el requerimiento se admitió a trámite, hasta que se resuelva sobre la solicitud de la Corte.

La Corte de Apelaciones antofagastina busca que el TC determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, el cual creó el sistema de capitalización individual en 1980. Luego de que el TC se pronuncie, el tribunal de Antofagasta entregaría su fallo.

En el recurso de protección que presentó, la profesora persigue poder retirar sus ahorros en AFP Cuprum con el fin de prepagar un crédito hipotecario. Argumentó que pasó de ganar un sueldo de $1.200.000 mensuales a recibir una pensión de $185.000.

Ayer, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aludió a la posibilidad de que enfermos terminales puedan retirar sus fondos de pensiones. Ante esta opción, adelantada por el Presidente Sebastián Piñera, aclaró que se está estudiando una indicación "precisa" para concretar aquello "en algunos casos excepcionalísimos" en la reforma de pensiones.

La docente antofagastina comentó el tema: "De alguna manera es oportunista, porque la ciudadanía se ha pronunciado y más del 90% de las personas ha dicho que son nuestros recursos y, por lo tanto, tienen derecho a retirarlos o hacer uso de ellos como estimen conveniente".