Derecho y fuerza
Don Quijote le decía a Sancho: "Para gobernar tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas". Derecho y fuerza son indisociables como anverso y reverso del Estado de Derecho.
El deber primero del Estado, y que antecede a todos los demás, es el de mantener el orden público y la seguridad de la comunidad nacional; pues sobre tales bases descansan todas las actividades o empresas personales o nacionales que se proyecten, para que éstas puedan ser desarrolladas con normalidad y tranquilidad.
El Estado, como promotor del bien común, está obligado a aplicar la violencia legítima -de la que él tiene el monopolio- si ello es necesario para dar eficacia al derecho y para repeler graves delitos o neutralizar la violencia ilegítima.
Lamentablemente, el gobierno no actuó en consecuencia ante las evasiones masivas en el Metro. Maquiavelo dijo: "El que tolera el desorden para evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra".
Adolfo Paúl Latorre abogado magíster en ciencia política
Nuevo pacto social
La pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en el sistema democrático en las últimas décadas explica, en gran medida, la actual y significativa crisis que estalló este fin de semana en nuestro país. Entre 1990 y 2019 la adhesión a instituciones y personas, que supuestamente deben velar por la dignidad de las personas, disminuyó de 70 a 30 puntos, lo que sumado a diagnósticos sociales y culturales erróneos fue co-creando esta realidad invisible de descontento e insatisfacción ante la imposibilidad de acceso a una vida con igualdad de oportunidades.
El modelo neoliberal nos atrapó a todos, haciéndose parte de nuestro ADN el individualismo, el proyecto personal por sobre el colectivo. Así, hemos sido cómplices de una violencia estructural que con los años ha producido un daño profundo en el tejido social de nuestro país, con una estratificación socioeconómica que hemos validado desde nuestros propios egos.
Asimismo, en este proceso muchas universidades nacionales están al debe. Varias de ellas, bien situadas en los rankings nacionales e internacionales, optaron por perpetuar este modelo, situando a la educación como un bien de consumo y entregando una formación que consolidaba éste en sus aulas.
Más allá de las acciones de vandalismo y saqueo, los últimos acontecimientos han llevado a que la ciudadanía cuestione profundamente nuestro actual modelo de crecimiento y exija un nuevo pacto social. Pacto social para el cual será fundamental generar nuevos indicadores de medición del desarrollo humano, que evalúen el progreso y bienestar de las personas de manera integral, de tal manera de recuperar el derecho de las personas a vivir con dignidad. Personas que, finalmente, son el alma y patrimonio de nuestro país.
José Albuccó académico U. Católica Silva Henríquez
Pacto del siglo XVII
El urgente pacto social que se requiere hoy entre ciudadanos chilenos del siglo XXI, a raíz de la presunta protesta pacífica, acompañada por incendios y saqueos simultáneos, durante una semana; insta al recuerdo de aquel histórico pacto del siglo XVII, 1641, realizado entre mapuches y españoles, hombres sencillos e íntegros, cercanos al analfabetismo, pero bien sincronizados con el palpitar de la naturaleza humana, aunque de raza, cultura e idioma diferentes. Sin embargo, dialogaron y llegaron a un Acuerdo de Paz duradera (dos siglos).
Convinieron en ajustarse a principios valóricos de justicia - prefiriendo la vida en vez de la muerte, la paz en vez de la guerra. Ambos ejércitos - ejercieron dominio propio a la espera de que sus respectivas autoridades negociaran las condiciones de paz. Invocaron a Dios - mientras los españoles hicieron una misa, los mapuches hicieron un ngillatun.
Luego, este Pacto no es un mero hecho histórico, sino un dato antropológico-psicológico de la universalidad de los valores humanos en términos de justicia, dominio propio y fe, en orden a la verdad y el bien común. Pues fue, nada menos que la anticipación a la formulación jurídico-política del Acta de Independencia de los EE. UU. en el siglo XVIII, 1776; origen del Estado de Derecho en Occidente, conforme a unos mismos derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Principios exigidos y establecidos militarmente en Chile, con arma al brazo. Mismos valores y formulación contenidos y fundamentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por la ONU. Así, la durabilidad y aplicabilidad del Pacto Social entre unos mismos ciudadanos de un Chile moderno, no puede ser menos ni al margen de los valores humanos universales propios del mundo civilizado?
Sergio Liempi Marín
