E l pasado martes se conmemoró el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV). En nuestro país, debido al contexto de las manifestaciones sociales que se viven desde hace dos semanas, la fecha pasó desapercibida, sin embargo los ACV siguen siendo una de las grandes preocupaciones en materia de salud pública.

Según el Ministerio de Salud cada día se registran en Chile cerca de 70 personas que los padecen.

Los accidentes cerebrovasculares afectan a una de cada seis personas, principalmente adultas. El ACV es la primera causa de muerte en Chile, con una tasa ajustada por edad de 38,19 defunciones por 100.000 habitantes y la primera causa de invalidez en personas mayores de 65 años. Estos accidentes pueden ser isquémico 80% (cuando una arteria se ocluye) o hemorrágico 20% (cuando una arteria se rompe). Los especialistas estiman que representa la mayor carga de enfermedad por causa específica en la población de mayores de 74 años, medida en años de vida saludables perdidos ajustados por discapacidad. En la población un poco menor, de entre 60 y 74 año, representa la quinta causa específica.

Las recomendaciones principales para evitar estos accidentes son no fumar, realizar actividad física y tener una alimentación balanceada para disminuir el riesgo.

Según los especialistas hay tratamientos que pueden realizarse antes de tres horas de iniciado el ACV y que cambian el pronóstico y disminuyen el riesgo de secuelas.

La realidad en La Araucanía de estos accidentes no está ajena al panorama mundial. Solo en el Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco se atienden más de mil casos al año.

En ese sentido, las principales recomendaciones apuntan a una rápida detección y acudir durante las primeras horas a un servicio de urgencia, elementos fundamentales para salvar la vida de la persona que sufre este mal.

¿Quién se encuentra facultado para elaborar un nuevo pacto social? De acuerdo a la teoría constitucional moderna, el poder para establecer una nueva Constitución radica en el pueblo soberano (potestad constituyente originaria), mientras la reforma de la Constitución vigente le corresponde a los poderes constituidos (potestad constituyente derivada), en nuestro país confiada a ambas cámaras del Congreso y al Presidente de la República.

Ahí reside la complejidad de la cuestión constituyente: la Constitución de 1980 (C'80) concluye en su capítulo XV con el procedimiento para reformar válidamente sus disposiciones. En cambio, el procedimiento para crear una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, Comisión Bicameral del Congreso u otro mecanismo dirigido a sustituir la C'80 no está regulado, ya que de acuerdo a la teoría moderna, el pueblo es el soberano del poder constituyente originario y no los poderes constituidos.

Las masivas movilizaciones sociales del 18/O exigen un mecanismo amplio y democrático de representación ciudadana para preparar una nueva Constitución, que lo proporciona una Asamblea Constituyente elegida con el mandato único y exclusivo de presentar un proyecto de nueva Constitución, que luego sea sometida a aprobación del pueblo.

¿Y cómo puede alcanzarse una Asamblea Constituyente? Como primer paso, los cabildos que se están desarrollando en distintas comunas y ciudades fortalecen e impulsan la movilización social a nivel nacional y sirven de insumo para reclamarle a los poderes constituidos -Congreso y Presidente de la República- la aprobación de una reforma constitucional que incorpore en la C'80, la convocatoria a un plebiscito nacional en que el pueblo manifieste si quiere una asamblea constituyente.

Las últimas dos Constituciones, la de 1925 y la de 1980, fueron precedidas por golpes de Estado e implantadas con el Congreso clausurado. Se presenta ahora una oportunidad histórica para fortalecer nuestra democracia.

Raúl Allard Soto, Académico Universidad de La Frontera

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