Reconstrucción
El daño ya está hecho. Ahora hay que reconstruir. Entonces, las concesiones del Gobierno deben frenarse.
Está muy bien lo que se hace por los adultos mayores en forma escalonada porque los que menos pueden esperar deben tener una solución más rápida. El resto del país tendrá que esperar que se logre recuperar la economía del desastre causado.
Se estiman en 300 mil los empleos perdidos por quiebras y cierres, y el país no debe perder ni un empleo más. El sueldo mínimo no debería subir más allá de lo que venía subiendo con criterios responsables antes de entrar en este período de caos. La razón es simple: subir el sueldo mínimo, especialmente en las circunstancias actuales, aumenta el desempleo. Tampoco es momento para bajar a 40 horas semanales, lo que generaría más desempleo aún.
El sueldo mínimo en Chile es el segundo más alto de la región, el doble del de Argentina y casi 30 veces más alto que el de los países como Cuba y Venezuela cuya ideología inspira a algunos sindicalistas chilenos que, curiosamente, son los que están planteando los montos más disparatados. Hay un hecho cierto: el país está dañado y no puede procederse como si nada hubiera pasado.
La desigualdad hay que solucionarla sin generar grandes masas de cesantes, ésa es la mayor desigualdad que existe: entre una persona que tiene un trabajo y la que no lo tiene. El riesgo es que al término de este gobierno la cesantía sea tan alta que se culpe de ella a las ideas de libertad económica y se instale un gobierno estatista que nos lleve a un desastre aún mayor.
José Luis Hernández Vidal
Zaqueos y saqueos
El Evangelio habla de Zaqueo, un publicano-corrupto, ávido de riqueza y poder, quien actuaba amparado por los romanos.
En noviembre de 1938, mientras las autoridades observaban sin intervenir, hordas de alemanes nazis, atacaron las propiedades judías, sus casas, negocios, escuelas, hospitales y sinagogas; éstas, son destruidas, saqueadas y quemadas. Aquellos días, las calles quedaron cubiertas de vidrios rotos, perteneciente a tiendas y a las ventanas de inmuebles judíos.
A raíz del estallido social en Chile, producto de la crisis de las instituciones, el pueblo pudo conocer el "frondoso árbol de la corrupción", los abusos, creciente desigualdad económica y social. El descontrol de infiltrados en las protestas, ha logrado destruir infraestructura pública, privada, saqueado locales comerciales, causando temor.
Las pequeñas y medianas empresas están con bajas ventas o perdido el capital logrado en años de esfuerzo. El cardenal Raúl Silva Henríquez, durante la dictadura expresó: "La violencia no tiene etiquetas, ni hay violencia que pueda ser defendida.
Ella se explica y define como una acción ilegal e irracional que va contra los derechos de la sociedad o del individuo.
La violencia venga de donde venga es condenable. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el gobierno, ni el pueblo tienen el derecho abogar con violencia, o sea, a pasar por encima de los causes de la legalidad, la razón, del bien común, del respeto al derecho de todos".
Derico Cofré Catril
Restituir el orden público
La ilegitimidad de origen de la actual Constitución es la principal razón por la cual la oposición democrática ha insistido desde hace años en la necesidad de avanzar hacia una nueva Carta Fundamental. Es un argumento de peso, que ni siquiera las sucesivas reformas constitucionales han logrado mitigar ni apagar.
El problema está en que en un sector relevante de la sociedad chilena podría estar incubándose aquella misma apreciación respecto del proceso constitucional iniciado el pasado 15 de noviembre. El motivo no es menor. La idea de una nueva Constitución surge hoy en el marco de una grave convulsión social y de una violencia incontrolada, que mantiene totalmente alterado el orden público.
Si el Estado no es capaz de restablecer la paz y la tranquilidad públicas, no sería de extrañar que en el futuro un importante sector de los ciudadanos pueda llegar a sostener la ilegitimidad de origen de la eventual nueva Constitución, argumentando que esta nació en una situación de desorden, violencia y convulsión. Por eso resulta indispensable que el Gobierno y todas las fuerzas políticas democráticas acuerden a la brevedad un conjunto de medidas que permitan restituir el orden público, perseguir eficazmente a los responsables de los graves actos de violencia, incluidos a quienes los han instigado, e impedir que sigan realizándose. Todo esto sin perjuicio de seguir avanzando en las medidas legislativas que den respuesta a las legítimas demandas sociales.
De lo contrario no solo se pone en riesgo el proceso constituyente, sino que, peor aún, se arriesga la mantención del Estado de Derecho, de la Democracia y de las instituciones republicanas, es decir, de todo aquello que conforma la razón de ser del Estado.
Marcela Peredo Rojas, profesora de Derecho Constitucional UA Chile; José Manuel Díaz de Valdés, profesor de Derecho Constitucional Universidad del Desarrollo; José Ignacio Martínez Estay, profesor de Derecho Constitucional Universidad de los Andes; Ignacio Covarrubias Cuevas, profesor de Derecho Constitucional Universidad Finis Terrae
