El Austral
A un mes y medio del estallido social del pasado 18 de octubre, la Región suma un total de 1.008 personas detenidas en los 43 días de manifestaciones a lo largo de La Araucanía.
La cifra fue dada a conocer por el coronel César Bobadilla, prefecto de Carabineros de Cautín, quien además precisó que las manifestaciones han dejado a 92 carabineros lesionados.
"En los últimos 40 días y como ha sido la constante, nuevamente tuvimos desórdenes públicos principalmente en la ciudad de Temuco en el marco de las movilizaciones, y en cumplimiento de nuestra misión constitucional durante la contingencia hemos actuado en la Región en más de 852 eventos de control orden público", señaló el oficial.
Bobadilla indicó que las personas han sido detenidas "principalmente por desórdenes graves, robos, porte de elementos incendiarios, destrozos de señalética y otros delitos por los cuales hemos tenido que actuar y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público".
Lesionados
El coronel Bobadilla aseveró que dentro de los 92 carabineros lesionados figuran cuatro funcionarios que sufrieron heridas de gravedad.
Uno de ellos es el capitán Leonel Sánchez, quien sufrió un estallido ocular por una pedrada en Collipulli; los dos carabineros lesionados por disparos en Ercilla, y el uniformado que perdió tres piezas dentales y fractura mandibular tras recibir un golpe en el rostro con una tapa de olla en medio de una marcha en las calles de Temuco.
Dentro del recuento de daños que ha sufrido Carabineros se encuentran 43 vehículos policiales dañados y 7 cuarteles atacados en la Región.
Finalmente, Bobadilla señaló que "se han vivido tiempos difíciles y ellos han luchado día a día y durante largas horas por la tranquilidad, por la seguridad y por la paz social que hoy en día necesitamos urgente recuperar".
Querellas
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) en tanto, afirman que producto de las detenciones que ha efectuado personal de Carabineros en las últimas seis semanas se han ingresado 78 querellas criminales.
Las acciones judiciales buscan determinar la responsabilidad penal de los agentes del Estado por diversas lesiones, ocasionadas fundamentalmente por vejámenes durante las detenciones, el uso desproporcionado de la escopeta antidisturbios y el lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno en el contexto de las manifestaciones sociales.
