Rostros de amargura de parte de los funcionarios de la Seremi de Educación acompañados de la frase "hay mucha pena" era el escenario ayer, ocasión en que el gremio sindical se reunió con los diputados PPD, Andrea Parra y Ricardo Celis, para manifestarles su preocupación ante los despidos y pedirles intervención política.

El presidente regional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Francisco Jiménez, señaló que "el 25% de los despidos del Mineduc a nivel nacional (62) fue en La Araucanía", situación que condenan y además plantean que los argumentos "son injustificados".

En total fueron 15 los despidos efectivos en la Región y de ellos Andime logró contraer dos casos. Dentro de los desvinculados está el asesor jurídico de la cartera y, prácticamente, todo el equipo SAE.

"Estos despidos son insostenibles en términos jurídicos e incluso éticos porque no hay ninguno de ellos que sea por mal desempeño", explicó el dirigente Jiménez, indicando con documentos en mano que la mayoría de los argumentos esgrimidos para el despido alude a una "falta de confianza política con el actual Gobierno, siendo que dichos cargos no son de confianza política".

Jiménez añadió que como gremio están pidiendo la renuncia del seremi de Educación, Juan Luis Salinas (RN), además de la nulidad de todos los despidos vinculados a la Anef, los que alcanzan los 750 en todo el país.

Al ser consultado el seremi de Educación, Juan Luis Salinas (RN), dijo que en virtud de "la argumentación jurídica hay razones de carácter técnico en las no renovaciones de contrato".

Por su parte, el diputado Ricardo Celis (PPD), hizo un llamado al intendente a que "ordene la casa. Aquí lo que hubo es una razzia política, de otra manera no se entiende que el 25% de los desvinculados a nivel nacional esté en esta Seremi, es anormal. Esto es una represalia política en un momento en donde debemos apuntar a generar mejores condiciones de trabajo".

Andrea Arias Vega

La Ley Antisaqueos, proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia incorporando penas de cárcel efectiva que van desde los 541 días hasta los 5 años, incluye en uno de sus artículos la toma de predios agrícolas.

Textualmente dicho artículo señala lo siguiente: "Cuando se ocuparen o usurparen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados".

El proyecto (recibió suma urgencia del Gobierno) fue elaborado en la Cámara Baja y aprobado "en general" en la Sala. Lo mismo sucedió en el Senado. Ahora en la Comisión de Seguridad Pública del Senado se volverá a debatir y analizarán el articulado, el que está generando ásperas discrepancias entre el oficialismo y la oposición.

Y, precisamente, el artículo que tipifica como delito la toma de predios es de autoría de los diputados de la Región: Miguel Mellado (RN) y Andrés Molina (Evópoli). Ambos defienden la moción.

"Se quiere hacer creer que estamos legislando en contra de un pueblo, en circunstancias que las formas de manifestarse no deben ser cortes de caminos, barricadas y mucho menos usurpaciones", precisó el diputado Andrés Molina.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN), dijo que "antes la usurpación era solo una falta, en circunstancias que a los agricultores no los dejaba vivir. Esperamos que el Senado, por celo, no reforme el proyecto y que no modifique el artículo de la usurpación".

En contra

En la Región votaron en contra de este artículo los diputados Celis (PPD), Parra (PPD), Saffirio (IND) y Venegas (DC). También hicieron sus reparos los senadores Huenchumilla (DC) y Quintana (PPD).

Al respecto, Huenchumilla adelantó que el proyecto "se cambiará completamente (...). Esto es querer meternos un gol de media cancha porque la idea matriz de la moción no tiene nada que ver con lo que sucede en las zonas rurales, esto es vandalismo y saqueo en zonas urbanas".

Opinión similar es la que manifestó la diputada Andrea Parra: "Lo que hay escondido y que trataron de pasar es una penalización al conflicto mapuche utilizando la política de represión en un conflicto que debiera solucionarse de otro modo".

Para Celis, en tanto, "lo que se pretendió es homologar la toma con la ocupación, pero fue mal hecho y mal redactado. En general se busca que las personas no puedan expresarse, siendo que en la doctrina del derecho está la protesta como elemento esencial de la sociedad".

Al ritmo del kultrún y la cascahuilla, unas 30 mujeres mapuches grabaron su versión en mapudungún de "Un violador en tu camino", performance del colectivo Lastesis que ha sido denominado el himno feminista. El video se hizo viral en redes sociales, ya que la versión de las ñañas fue hecha en mapudungún, finalizando el canto con un enérgico marichiweu.

Según el presidente de Enama, Hugo Alcamán, "aunque el movimiento feminista no corresponde a la lógica ancestral mapuche lofche (gente de comunidad), debemos entender que hoy hay una realidad que viven los mapuche urbanos (warriache)".

Roberto Heise, presidente de la Sofo, dijo que respalda la iniciativa de modificar el Código Procesal y aumentar las penas con cárcel al delito de usurpación, ya sean públicas o privadas, pues "son acciones ilícitas que lo único que provocan es daño a la paz social y a la productividad en los campos. Hacemos un llamado a todos los parlamentarios de La Araucanía a dejar de lado intereses mezquinos y a votar a favor de este proyecto de ley, pues no es posible realizar inversiones, ni modernizaciones de ningún tipo en los campos de la Región, si no tenemos certeza que podremos producir y cosechar adecuadamente y en tranquilidad", sentenció.