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Caso Ubilla por compra de tierras: la semana pasada venció plazo para liberar informe clave

DEMANDA. Procedimiento bajo la Ley Indígena exige que la Conadi emita un reporte jurídico respecto a las compras de inmuebles que hizo el exsubsecretario en la zona lacustre.
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Rodrigo Zamorano C.

El pasado 25 de noviembre, el Juzgado de Letras de Pucón ofició a la Dirección Nacional de Conadi para que en un plazo de 15 días evacuara un informe jurídico, técnico y socioeconómico respecto al caso donde el ahora exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien aparece como demandado en la zona lacustre por la cuestionada compra de tierras al interior de una comunidad indígena.

Tras ser notificada, la Dirección Nacional de Conadi tenía hasta el pasado viernes 13 de diciembre plazo para emitir dicho informe, el que es elemento esencial dentro de los procedimientos civiles bajo la Ley Indígena.

El informe, solicitado por el juez de letras de Pucón, Alejandro Reuse, será incluido dentro de la causa civil en que actualmente tiene como demandantes a la familia Painequir y como demandados a Rodrigo Ubilla y a Guadalupe Moris.

Esta última es la persona particular que le vendió en 2009 y 2012 tres terrenos al interior de la comunidad mapuche Mariano Millahual al exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

La venta se realizó luego de que Moris, tras una liquidación de sociedad conyugal con Jorge Painequir, enajenó parte de las tierras que Painequir heredó de su padre, tierra de carácter indígena.

Demanda

Fue así como a principios del año 2019, hermanos de Jorge Painequir demandaron a Ubilla y a Moris por una presunta ilegalidad en la compra, ya que a juicio de los demandantes, la Ley Indígena prohíbe comprar esos terrenos a personas que no tengan ascendencia mapuche.

Tras el ingreso de la demanda, y como antecedente, la defensa de Ubilla presentó un primer informe de la Conadi que avalaba la compra de los terrenos.

Para el abogado Gabriel Osorio, que representa a la familia Painequir, "es extraño que la Conadi haya cambiado tan rápidamente de opinión, porque en el año 2015, en un caso de similares características dijo que todo se tenía que anular, porque tenía un vicio de nulidad absoluta por haberse realizado las liquidaciones y los contratos por objeto ilícito".

Osorio afirma que en el informe solicitado a la Conadi por parte del juez de letras de Pucón, el organismo "tendrá que explicar por qué cambió tanto de opinión tan tajantemente y en este caso en particular".

El abogado indicó que "si uno revisa hacia atrás, la opinión constante de la Conadi en estos juicios ha dicho que los contratos se tienen que anular".

El demandante puntualizó: "Lo que pasó aquí es que se utilizó la liquidación de la sociedad conyugal a fin de sacar todos los bienes inmuebles indígenas y entregárselos a una persona no indígena, para que pudiese vender estos inmueble a un tercero después. Eso es violentar el principio protector de la Ley Indígena, que establece que no se pueden vender bienes indígenas a personas que no tienen tal ascendencia".

Informe

Mientras tanto, Marcelo Neculmán, abogado de Rodrigo Ubilla, afirmó que tras terminar la etapa probatoria solo falta la emisión del informe de la Conadi.

Sin embargo, asegura que "se tiene un plazo establecido en la ley que son 15 días, pero quienes nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión y estamos permanentemente inmersos en juicios de naturaleza indígena, sabemos que en la práctica eso nunca se ha cumplido y que los informes a veces demoran más que meses".

Las tres visitas de Ubilla en Pucón

El renunciado exsubsecretario del Interior visitó el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón en tres oportunidades durante el año en el marco de la demanda en su contra por la compra de tierras en la comunidad Mariano Millahual. La primera citación a la que compareció la exautoridad se remonta al 5 de junio, fecha en que la audiencia se suspendió debido a la no presentación de parte de los hermanos Painequir. Posteriormente, el 26 de septiembre, Ubilla arribó a Pucón para participar de una audiencia de contestación y conciliación. Finalmente la mañana del 21 de noviembre, el exsubsecretario contestó en Pucón un pliego de 71 preguntas como parte de la demanda.

"La opinión constante de la Conadi en estos juicios ha dicho que los contratos se tienen que anular".

Gabriel Osorio,, abogado familia Painequir.

"El procedimiento al cual estamos sujetos, la Ley Indígena, exige la emisión del informe como un trámite esencial".

Marcelo Neculmán,, abogado de Rodrigo Ubilla.

Siete años de cárcel para sujeto que intentó matar a temporero

TRABAJADOR DE TEMUCO. El juicio se llevó a cabo en la ciudad de Curicó, lugar donde ocurrió el brutal ataque.
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El Tribunal Oral en lo Penal de Curicó dictó ayer una pena de siete años de presidio para el sujeto que fue condenado por intentar quemar vivo al temporero de la ciudad de Temuco que el pasado mes de octubre del año pasado fue atacado al interior de un predio agrícola en la Región del Maule.

Los magistrados del tribunal curicano resolvieron que debido a los antecedentes penales del imputado y en atención al tiempo de la pena, el sujeto deberá cumplir de forma efectiva su sanción.

Se trata de Víctor Cayupi Huaiqui, quien fue detenido tras el ataque que perpetró contra su compañero de labores agrícolas, Luis Llaulén Coña, ambos provenientes de la Región de La Araucanía.

El sujeto se mantuvo en prisión preventiva por más de un año, hasta la fecha de realización del juicio, el que comenzó la semana pasada.

La fiscal que investigó la causa, Leticia Flores, afirmó que si bien la Fiscalía solicitaba una pena de 12 años de presidio, el Tribunal resolvió recalificar el delito, pasando de un homicidio calificado en calidad de frustrado, a un ilícito de homicidio simple en calidad de frustrado.

"El Ministerio Público alegaba alevosía del imputado con la hipótesis de actuar sobreseguro debido al estado de ebriedad de la víctima y que ésta se encontraba durmiendo", afirmó la fiscal.

La fiscal Flores añadió que "en atención a los antecedentes penales que tiene el imputado y también a la pena otorgada por el Tribunal, no es objeto de pena sustitutiva, por lo tanto deberá cumplir de forma efectiva la sentencia.

50 por ciento del cuerpo de la víctima resultó con quemaduras de carácter grave.