El gobernador de la provincia de Cautín, Richard Caifal, sostuvo este miércoles que fue, "ante las dudas" que despertó la propiedad del terreno desalojado durante la mañana de ayer en el sector Pichicautín de Temuco, que ordenó a Carabineros abortar el procedimiento y retirarse del lugar (ver nota principal).

La autoridad indicó que el responsable de adjuntar los documentos y coordinar las acciones, es en este caso, la Municipalidad de Temuco. Sin embargo, el problema es que el dueño del terreno no es el municipio, sino el Estado de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales.

Actualmente los pobladores están emplazados en el Lote 1-C, propiedad del Fisco desde 1884, que de acuerdo al plano regulador vigente de la propia Municipalidad de Temuco tiene la calificación de ZHR4, esto es, categoría habitacional y no área verde.

"Cuando se concurre al lugar, fue la Municipalidad a tomar conocimiento de estos antecedentes y es la propia municipalidad la que recibe esta notificación de que eventualmente pudiesen haber otros legitimados para realizar esta acción, por lo tanto, ante una duda, es mejor abstenerse", expresó la autoridad provincial de Cautín.

El alcalde Miguel Becker no guardó silencio y apuntó a Caifal señalando que, en este caso, "la responsabilidad es exclusivamente del gobernador".

"Yo no solicité el desalojo, solicité que se reestablezca el orden de la ciudad. Le pedí al gobernador que haga uso de sus facultades, de acuerdo a la Ley 19.175 Letra H, con el propósito de restablecer el orden y seguridad, a través del ordinario N°423, firmado el 14 de febrero. Creo que tuvo el tiempo suficiente para hacer de la mejor forma su trabajo", dijo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Gonzalo Winter calificó de "impresentable que gobernador y alcalde cursen un desalojo aparentemente ilegal y ni siquiera sean capaces de reconocer quien fue". Y agrega "solicitaré la presencia de ambos, junto a los dirigentes de los pobladores y personeros de Gobierno, en la comisión, para aclarar esta situación".

3 viviendas del campamento "Recuperación Pichicautín" fueron derribadas por maquinaria durante la jornada.

Una violenta mañana se vivió ayer en el campamento "Recuperación Pichicautín" de Temuco, esto luego que un contingente policial se desplegara hasta el sector suroriente de la capital, para desalojar a las 51 familias que desde hace algunas semanas se tomaron de manera irregular el paño de terreno ubicado frente al Parque Isla Cautín, en búsqueda de una solución habitacional para sus familias.

Todo partió a las 8 de la mañana cuando un equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Temuco, se constituyó en el lugar para dialogar con dirigentes del campamento, quienes rechazaron la propuesta de constituirse como Comité de Viviendas y "ponerse a la fila", solicitando a la autoridad un plazo para retirar sus construcciones.

Enfrentamientos

Al no prosperar el diálogo, personal de Fuerzas Especiales procedió a un violento desalojo, que inmediatamente encontró la resistencia de los pobladores, ocasionándose fuertes enfrentamientos con palos, piedras y otros elementos contundentes que ocasionaron lesiones y heridas en más de 15 pobladores y carabineros, tanto hombres como mujeres.

Con la ayuda de un carro lanzaaguas y uno lanzagases, Carabineros fue derribando paulatinamente los muros de malla y pallet que improvisadamente construyeron los pobladores para dividir sus terrenos, de 10x10 metros, y procedieron a la detención de 10 integrantes del campamento, entre los que no hubo menores.

TRES mediaguas derribadas

Cercano al mediodía, y a medida que el personal policial fue disuadiendo a los pobladores, tres máquinas retroexcavadoras, propiedad del municipio procedieron a derribar tres viviendas de material ligero construidas por las familias, quienes rogaban poder sacar sus pertenencias desde el interior.

Tras ello, vino la repentina retirada del lugar, tanto de Fuerzas Especiales como del personal municipal (ver nota secundaria).

Los pobladores comenzaron a encender barricadas en el acceso al puente por calle Arturo Prat y por Av.Los Poetas, ayudados por las propias maderas y escombros que dejó el derribo de la maquinaria municipal.

Indh

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en La Araucanía se hizo presente en el lugar con tres observadores que registraron con cámaras el actuar policial.

Federico Aguirre, director regional del organismo señaló que "a primera instancia, el procedimiento policial nos parece desproporcionado, eran pocos pobladores y efectivamente se hizo uso de elementos disuasivos muy nocivos y que nos afectaron a todos. Ahora iremos a ver a los detenidos y ver en que condiciones se encuentran".

"Es el primer desalojo, y en esta materia también hay estándares de derechos humanos que se deben cumplir", cerró Aguirre.