El Ministerio de Salud cifró en 4.757 los nuevos casos de covid-19, lo que se suma a los 31.412 casos que no habían sido notificados hasta ahora y que se integraron ayer al total de contagios en el país. Así, se llegó a los 220.628 casos, con lo cual Chile es el noveno país del mundo con más infectados por el coronavirus.

En cuanto a los decesos, las autoridades informaron que el Registro Civil documentó 232 fallecidos en las anteriores 24 horas, lo que eleva la cantidad de muertes a 3.615 personas.

Los casos activos son 35.082. Hay 1.794 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos y 1.529 conectados a ventilación mecánica invasiva. En estado crítico hay 369 personas y los ventiladores disponibles son 356. En las anteriores 24 horas, se reportaron 12.636 exámenes efectuados, baja respecto de días previos remarcada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien llamó a las personas a acudir a los centros médicos en cuanto tengan síntomas indicativos de covid-19, porque esto permite activar el aislamiento y el seguimiento.

Hibernación

El balance de ayer partió con la afirmación del ministro de Salud, Enrique Paris, respecto de la posibilidad de implementar una hibernación en Santiago para así contener de manera efectiva el avance de la pandemia, idea planteada por espacio Público. El titular del Minsal dijo: "No es posible llevar a cabo esa medida, ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad obviamente paralizada que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad".

El Austral

Desde el próximo lunes a las cinco horas, disminuirán de cinco a dos los permisos temporales semanales para realizar trámites indispensables o compras de insumos básicos en todas las comunas del país en cuarentena.

La medida comprende, por tanto, a todas las comunas de la provincia de Santiago, a Puente Alto y otras de la Región Metropolitana; a Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Calama y San Antonio; y a las que se sumarán al confinamiento desde este viernes a las 22 horas: San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y el área urbana de Curicó.

La subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que estas medidas apuntan a reducir al mínimo indispensable el número de personas en las calles.

Martorell informó que también desde el lunes 22 los funcionarios públicos, de servicios y empresas de alimentos y comercio esencial se incorporarán al Permiso Único Colectivo en todas las comunas en cuarentena, el que reemplazará a la credencial institucional. De este modo, los trabajadores de estos rubros deberán portar obligatoriamente el documento para hacer sus labores en zonas en cuarentena u horarios bajo toque de queda.

La excepción serán los trabajadores del transporte, funcionarios de salud pública o privada, bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes solo deberán transitar con su cédula de identidad y credencial correspondiente. El Permiso Único Colectivo reemplaza también al salvoconducto colectivo que debían obtener las empresas para circular en toque de queda, porque es para horario diurno y nocturno. Los salvoconductos individuales siguen rigiendo en todo el país, pero solo para trámites funerarios y médicos. Las emergencias médicas no requieren permiso alguno.

Martorell explicó también que estas restricciones irán de la mano con una mayor fiscalización a las empresas. "Hemos escuchado muchas denuncias de personas que están siendo llamadas a trabajar en empresas que no son rubros esenciales. (…) El mensaje es uno solo: las empresas que abusan de estos permisos están cometiendo un delito. La fiscalización va a ser implacable", advirtió y enfatizó que, de ser necesario, habrá acciones adicionales en el corto plazo, a fin de disminuir la circulación y así frenar los contagios.

Más penas: se opone ps

El ministro de Defensa, Alberto Espina, detalló que se han hecho 17.471.746 fiscalizaciones a personas en el marco de las medidas restrictivas, y remarcó la importancia de la responsabilidad individual.

En tal sentido, ayer la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que sanciona el incumplimiento de aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de pandemia o epidemia, elevando la pena a tres años de cárcel y fijando multas entre 6 y 200 UTM.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el diputado PS Marcos Ilabaca señaló que "esta norma hoy día presenta graves vicios de constitucionalidad en el derecho penal estricto. Esperamos que en definitiva sea el Tribunal Constitucional el que defina la constitucionalidad". La diputada Maya Fernández agregó que "la cárcel no es el camino" y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reprochó que algunos "no entendieron el proyecto".