El Austral

Los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, y de Interior, Gonzalo Blumel, rechazaron los cuestionamientos al anuncio del Presidente Sebastián Piñera de convocar a un grupo de exlegisladores, académicos y expertos para estudiar modificaciones a cómo el Congreso determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley.

La idea presidencial fue criticada por los presidentes del Senado, Adriana Muñoz (PPD), y de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), así como por varios líderes opositores.

La titular de la Cámara Alta dijo ayer en Cooperativa que la propuesta de llamar a una comisión "plantea un conflicto con el Parlamento, porque desconoce atribuciones y facultades, legislación interna que tenemos en las dos cámaras para la tramitación de los proyectos". Expuso que "la prerrogativa de declarar admisible un proyecto de ley es de los presidentes de la Cámara de Diputados o del Senado" y que si el Presidente de la República no está de acuerdo con lo que determine una mesa del Congreso, puede usar sus facultades.

Diego Paulsen, en tanto, enfatizó que "la única sede donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad de los proyectos de ley es el Congreso Nacional". Planteó que "el Congreso Nacional es un poder independiente del Ejecutivo" y que, desde que asumió su cargo como titular de la Cámara Baja, se ha implementado un trabajo con el equipo de la Secretaría General, con informes de inadmisibilidad y admisibilidad, "para dar certezas, incluso consultando a constitucionalistas".

La moneda

En radio Infinita, el ministro Alvarado respondió: "Me llama la atención la reacción del mundo parlamentario. Acá en ningún caso se quieren pasar a llevar las atribuciones del Congreso, sino generar insumos para perfeccionar normas vigentes. El Parlamento va a decidir si esos insumos los considera o los rechaza". Agregó que en los últimos meses han aumentado las iniciativas que tienen vicios de inconstitucionalidad, por lo que el Gobierno decidió "abrir un debate".

Blumel dijo que "posiblemente no se comprendió bien lo que se quiso plantear" y que de concretarse la idea del Presidente, "va a ser un proyecto de ley y se va a discutir en el Congreso". Llamó a que en este tema primen "las razones más que las emociones".

La AFP Cuprum apeló al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que le ordena entregar el total de sus fondos de pensión a la profesora jubilada María Angélica Ojeda y solicitó que la Corte Suprema "tome conocimiento de la sentencia impugnada" y "la revoque".

El año pasado, la docente interpuso un recurso de protección para que le entregaran sus fondos argumentando que la pensión fijada de $185 mil no le alcanza para pagar su crédito hipotecario ($220 mil). La semana pasada, el tribunal nortino estableció que "no puede concluirse que exista sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones" toda vez que una trabajadora que ha cotizado por 18 años está imposibilitada de cancelar su crédito hipotecario. Para la corte, hay "una injusticia" y era necesario "proteger al afectado".

Argumentos

En la apelación, Cuprum sostiene que mantener el fallo provocaría serios perjuicios desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, así como al sistema de pensiones y a las bases de nuestro ordenamiento jurídico. El recurso de Cuprum expone que de entregar el total de los fondos a la profesora, habría dos efectos problemáticos: tendría que hacer una prestación a la afiliada no permitida por la ley y, en segundo lugar, "siempre que los pensionados 'acrediten' que su pensión es 'materialmente injusta', se tendría que condenar a las AFP a entregarles la totalidad de sus fondos. En los hechos, ello es irrealizable y resulta incompatible con el diseño institucional del sistema de pensiones".

El recurso indica también que "el reproche que la sentencia formula al sistema de pensiones no puede ser atribuido" a Cuprum, porque esta "no es 'autora' ni 'representante' de dicho sistema". Además, afirma que no hay una relación causal entre el comportamiento de AFP Cuprum y el agravio denunciado por Ojeda y/o el reproche de "arbitrariedad" que realiza la sentencia de la corte.

A juicio de Cuprum, la sentencia la deja "en una situación imposible" al sostener que le era exigible dejar de cumplir la ley por resultar "arbitraria" la aplicación de la ley. Tal conducta la habría expuesto a la censura, multas y hasta la revocación de autorización de existencia, dice la administradora.

Cuprum sostiene que la discusión sobre el mérito del sistema de pensiones radica en el Congreso y, por ende, el fallo de la corte origina "una grave intromisión en las facultades privativas" del Legislativo.