Pedro Cayuqueo, - periodista y escritor
El año 2008, estando en Filadelfia por temas académicos, pude ser testigo de la primera campaña de Barack Obama a la Casa Blanca. Fueron meses de gran efervescencia política y los académicos de la Universidad de Penn -demócratas en su mayoría- abiertamente manifestaban su preferencia, destacando el cambio cultural que vivía la sociedad estadounidense.
Una noche, cenando en casa de uno de ellos, pregunté si acaso el verdadero cambio cultural que Estados Unidos requería no tenía que ver más bien con dejar atrás el histórico y vergonzoso maltrato a las tribus. "Son los originales habitantes de este territorio y para ellos no hubo esclavitud, hubo un exterminio del cual poco se habla", argumenté.
Mi intervención, primera sorpresa, no cayó mal a nadie. Todo lo contrario, dio paso a un interesante debate sobre la situación de los nativoamericanos y la invitación, por parte de mi anfitrión, a conocer la tribu de los Lenape -los originales habitantes del río Delaware- y las propuestas de Obama en materia indígena. "Da una mirada al documento, puede ser interesante para el caso mapuche", me dijo.
Aquella fue la segunda sorpresa.
En Estados Unidos las tribus gozaban no sólo de reconocimiento. También de un avanzado autogobierno que las hacía ser consideradas "naciones semi-soberanas", capaces incluso de administrar su propia justicia. De ello trataba justamente la propuesta de Obama: de ampliar la jurisdicción de la justicia indígena -hasta entonces restringida a miembros de cada tribu- sobre gente blanca al interior de las reservaciones.
Desde entonces mucha agua ha pasado bajo el puente.
El pasado 12 de julio un fallo de la Corte Suprema amplió la jurisdicción de las tribus de Oklahoma a casi la mitad del territorio del Estado, ello en base a tratados firmados en 1832 y 1833. En estos "había una promesa que el país mantiene" sentenció el fallo. Avalar los engaños que se usaron desde entonces para pasar por encima de las tribus "sería aceptar la ley del más fuerte, no el estado de derecho", subrayaron los jueces.
La diferencia con Chile me vuela siempre la cabeza.
Autogobierno, justicia propia, un largo etcétera de medidas que sólo plantearlas en Temuco implica ser tildado de terrorista étnico. Lo estamos viendo con la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba y otros presos en Angol y Lebu. No demandan grandes cosas. La mayoría cambios en sus medidas cautelares y, los menos, cumplir condena fuera de recintos carcelarios. Todo avalado por el Convenio 169 de la OIT, es decir, por una ley vigente en Chile de rango constitucional.
Reconocer el derecho de los presos mapuche -lo sean por causas políticas o delitos comunes- a módulos especiales y beneficios intrapenitenciarios es todo un desafío para el Ministerio de Justicia y Gendarmería, instituciones se supone comprometidas con la rehabilitación y la reinserción social. También lo es para la sociedad chilena, que suele confundir los "derechos indígenas" con privilegios que atentarían contra la igualdad ante la ley. Nada más burdo y equivocado.
Parafraseando a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, avalar los engaños y atropellos que desde fines del siglo XIX cometió el Estado chileno con el pueblo mapuche y sus comunidades -origen de muchas de las controversias y conflictos actuales- sería simplemente aceptar la ley del más fuerte, no el estado de derecho.
La Araucanía está muy lejos de Oklahoma. Y la distancia, como se habrán dado cuenta, no tan sólo es geográfica.
Autogobierno, justicia propia, un largo etcétera de medidas que sólo plantearlas en Temuco implica ser tildado de terrorista étnico. Lo estamos viendo con la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba y otros presos.
