El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó el pasado viernes 31 de julio el incidente de nulidad procesal interpuesto por los imputados en el denominado Caso Huracán, quienes buscaban en la audiencia de cautela de garantías el sobreseimiento temporal, aduciendo que la Fiscalía no había cumplido con la entrega de las evidencias y las pruebas materiales de la investigación a los intervinientes.

Los imputados son los once exfuncionarios de Carabineros dados de baja: Gonzalo Blu, Patricio Marín, Leonardo Osses, Marcelo Teuber, Manuel Riquelme, Cristián Pérez, Manuel Cavieres, Marcos Sanhueza, Darwin Vásquez, Marvin Marín, Héctor Olave y Álex Smith.

En la audiencia de cautela de garantías (causa rol 410-2018), la magistrada, Luz Arancibia Mena, confirmó que el Ministerio Público "realizó la entrega íntegra de las evidencias y prueba material de la causa dentro del plazo", lo que además fue subido en su totalidad a una nube digital, de acuerdo a lo ordenado el 4 de mayo pasado.

RECHAZO

El tribunal rechazó la solicitud de las defensas, con oposición del Ministerio Público, querellantes particulares, CDE e Intendencia Regional, y no dio a lugar al sobreseimiento temporal de los 12 imputados, al considerar que "no hubo afectación de derechos, ya que los solicitantes han tenido acceso oportuno a los antecedentes de la causa".

Finalmente, la magistrada Arancibia tampoco acogió la petición de las defensas, en orden a suspender la causa por tres meses, esto hasta el 28 de septiembre de 2020, y confirmó que la audiencia de preparación de juicio oral se realizará a partir de las 9 horas del próximo martes 11 de agosto.

DEFENSA DE SMITH

El consultor informático Álex Smith, quien está acusado de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, entre otros delitos, en el marco de la fallida Operación Huracán, se encuentra con arresto domiciliario total desde abril, luego que el Juzgado de Garantía de Temuco cambiara la medida cautelar de prisión preventiva después de casi dos años, junto a su exjefe en la unidad, el excapitán Leonardo Osses.

Según explicó el abogado defensor de Álex Smith, Juan Pablo Jaramillo, el criterio de las defensas era que el Ministerio Público debía entregar las copias digitales o materiales en algún soporte de almacenamiento, ya que "es obvio que 91 terabyte (TB) de información no caben en un pendrive, sin embargo, lo que hizo Fiscalía fue establecer una nube virtual, quedando nosotros a merced de que la información sea descargable y que además dispongamos de los medios para descargar de aquí al 11 de agosto", dijo Jaramillo, consignando la complejidad y alcances de aquello.

"Es muy complicado ejecutar o bajar archivos de la nube, ya que según peritajes que hicieron las otras defensas, el poder descargar toda la información del caso va a tardar a lo menos dos años, que es el mismo tiempo que tardaría la Fiscalía en entregarnos la información en un disco externo. Sin embargo esa carga ahora la tenemos nosotros y obviamente nos vamos a demorar los mismos dos años".

Frente a esta situación, Jaramillo concluye que "no vamos a poder tener un acceso objetivo y óptimo de toda la prueba de aquí a la preparación del juicio, vulnerándose las garantías de nuestros representados e impidiendo una defensa adecuada, por lo tanto, lo que busca Fiscalía es generar una causal de anulación cuando se produzca la sentencia".

El abogado de Álex Smith, Juan Pablo Jaramillo, recalca que lo que a él le interesa es probar la inocencia de su representado, pero que al endosar a las defensas el descargar la información del juicio desde una nube, finalmente, "lo que va a provocar es que el juicio no quede en nada". En cuanto a la prueba acumulada en esta investigación, Jaramillo detalló que "son 46 mil fojas más los 91 terabyte de información, estamos hablando de una cantidad que una persona en su vida completa es incapaz de analizar. Entonces , la preparación va a ser eterna, al menos unos cuatro meses".

La segunda sala de la Corte Suprema confirmó una sentencia a favor de Carabineros de La Araucanía en el marco de un recurso de amparo deducido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en representación de la toma We Newén de Collipulli, denunciando una serie de ilegalidades que no lograron ser acreditadas.

La sala, estuvo integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos.

El INDH, había apelado a la decisión de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que categóricamente rechazó el recurso de amparo, valorando que Carabineros de Chile procedió conforme a los protocolos de actuaciones policiales.

En la Corte de Apelaciones se acreditó que los procedimientos llevados a cabo por Carabineros tienen relación con más de 14 denuncias por la comisión de diversos delitos, desde atentado explosivo o incendiario, desórdenes públicos, homicidio frustrado a Carabineros en servicio, robo en lugar habitado y también en lugar no habitado, además del lanzamiento de objeto contundente a vehículo en movimiento.

En los alegatos, la información fue ratificada por el Ministerio Público durante la discusión del recurso, quien dio cuenta del inicio de 16 investigaciones penales relacionadas a la toma We Newén.

Un nuevo atentado se produjo ayer en la tarde en Collipulli, afectando al agricultor César Hompart y, de paso, destruyendo importantes fuentes de empleo. Desconocidos irrumpieron en el Fundo Taitamito y talaron 28 nogales avaluados en 50 millones de pesos, los que estaban ubicados a pocos metros del potrero -también de su propiedad- el que desde hace días está reivindicando Víctor Ancalaf, con ataques persistentes.

El presidente de Sofo, Roberto Heise, condenó el atentado señalando que "la destrucción de este huerto de nogales es una puñalada a la naciente fruticultura de la Región. Así no se puede hablar de reconversión ni de diversificación agrícola, si no hay seguridad y Estado de Derecho. Todo lo anunciado por el Presidente de la República cae en un saco roto. Es necesario que autoricen para nuestra actividad productiva la contratación de guardias armados. La crueldad de los hechores no tiene límites, por eso hacemos un llamado a la Fiscalía a hacer su trabajo, a investigar como corresponde estas acciones violentas que están acabando con la agricultura y el esfuerzo de los productores de nuestra Región".

Heise añadió que "los anuncios del Presidente Piñera no sirven si no hay seguridad y Estado de Derecho. Esto debe ser la primera, segunda y tercera prioridad. A los agricultores de La Araucanía se les sigue hostigando, amedrentando y provocándoles daños materiales incalculables".