"La clase política debe ponerse de acuerdo"

"Lo que sucede hoy en la Región es una situación de agravamiento de un problema que se arrastra por muchos años. Esto pasa por altos y bajos, por diferentes razones, pero el problema de fondo real (…)", opina el exintendente Luis Mayol al observar La Araucanía que deja en 2018 y la que ve en 2020.

Mayol cree que a diferentes gobiernos les ha faltado voluntad para llegar a acuerdos o a planes realmente concretos, como el que tuvo su gestión, donde casi quince ministros trabajaron codo a codo con él, un trabajo que se vio abruptamente interrumpido con la muerte de Camilo Catrillanca.

Avanzar en la Región, estima, es complicado, "porque primero la clase política debe ponerse de acuerdo. Y esa tarea también le corresponde a los actores de la Región. Ahora, "reducir todo el problema a un tema netamente mapuche, que todavía no sé lo que es, es partir mal, porque La Araucanía es una región muy grande, y dentro del 30% se declaró mapuche en el último censo hay un amplio sector que quiere lo mismo que el resto: desarrollarse, emprender, tener trabajo y que su familia se pueda educar".

Observante de los últimos acontecimientos, Mayol reconoce que persiste un sesgo racista, pero no sería generalizado, precisa, situación que podría combatirse con una buena convivencia.

Acerca del futuro, opina que lo que debería suceder es que la Región tome un plan común con los planes que se han generado ya, se ponga de acuerdo y lo empuje. Pero - agrega - "podemos hacer más cosas al mismo tiempo. Yo soy partidario de hacer reformas constitucionales. Gane o no el apruebo o rechazo, hay que introducir modificaciones, como mayor participación directa de los pueblos originarios en las elecciones, lo que es muy bueno, porque nacen interlocutores válidos con quien poder conversar en democracia".

Otro de los participantes de la reunión del viernes, el exintendente y actual diputado, Andrés Molina, cree oportuno - al igual que otros de sus pares - recoger el trabajo desarrollado por la Mesa Presidencial que lideró hace algunos años el obispo Héctor Contreras, como una herramienta valiosa para encaminar a la Región hacia un escenario de mayor entendimiento y desarrollo social, político y productivo.

Desde un quehacer distinto al que llevaba en sus manos hace seis años, Molina cree que "llevamos 23 años sin avanzar y estamos cada vez peor".

Al observar a la Región, estima que "ha fracasado el Estado de Chile y sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Por ello le debe pedir perdón a La Araucania. Todos tiene su grado de responsabilidad", enfatiza.

Sobre los últimos acontecimientos, particularmente lo ocurrido en Curacautín, admite que hay racismo, pero no generalizado. "Debemos ser muy cuidadosos en no estigmatizarlos y administrar el sentimiento, y es que en algunos sectores opinan que los mapuche reciben muchas ayudas solo por ser mapuche, mientras que otros sienten que el Estado está en deuda con ellos".

Para Molina lo urgente hoy es "avanzar en la agenda legislativa pendiente, el consejo de pueblos y el reconocimiento constitucional, y en paralelo, en la ley de inteligencia y agravar los delitos de usurpación y robo de madera, que es el financiamiento del crimen organizado", opina.

Para el exjefe regional Miguel Hernández la Región pasa por el "peor escenario, pasa por una tormenta perfecta". Y superarla, opina, pasaría por admitir que todos hemos fracasado en el abordaje de esta situación que mantiene en tensión al territorio.

"Creo que no ha habido voluntad política para hacernos cargo de este problema. Los gobiernos han optado por la represión, no han entendido ni asumido la importancia del dialogo real, hay ofertas demagógicas incumplidas (Plan Araucanía, Ley Araucanía); se mantienen indefinidamente proyectos de ley que permitirían quitar presión esta situación, falta el reconocimiento constitucional ley de pueblos originarios, el ministerio de pueblos originarios, entre otros. Al respecto, hay una tremenda irresponsabilidad de los parlamentarios, principalmente, los regionales. Mención aparte es la responsabilidad que le compete a los tribunales de justicia y a las policías con la aplicación de leyes y aportación de pruebas poco transparentes que incluyen pruebas construidas sobre la base de montajes que conducen a malos fallos, lo que aumenta el cuestionamiento de su accionar", explica.

Lo más urgente hoy, considera Hernández, "es destrabar la situación de huelga de hambre de mapuches detenidos. Esa es la urgencia. De no encontrar una solución acordada la violencia irá en aumento. También importa desactivar la política represiva y de militarización. Y en el mediano plazo, comprometer la tramitación legislativa con carácter de urgente en el Congreso y adecuar nuestra actual legislación a los acuerdos internacionales firmados por el estado chileno, en concreto, el convenio 169 de la OIT".

Desde la exNueva Mayoría, Nora Barrientos, la única mujer que ha repetido en la intendencia, es tajante en advertir que aquí "la historia se ha negado y se ha tergiversado, porque es de exfoliación, de abuso, maltrato y daño tras una ocupación militar. La sociedad global, la no mapuche, ha impuesto su visión y forma de vida, consiente algunos y otros no tanto, pero igualmente ha dejado pasar demasiado tiempo en donde se ha construido una tensión en las relaciones".

A su entender, lo que ocurre hoy no es que la Región tropiece con una misma piedra, "puede decirse que se tropieza - dice - si seguimos porfiadamente relacionándonos así y no asumimos que este debate debe instalarse" para construir un acuerdo, una convivencia regional sana e inclusiva.

Barrientos también es drástica en señalar que lo que ha fracasado "es la política de control y seguridad". Y lo que no se ha hecho, acota, "es la política pública con instrumentos que sí existen. ¿Por qué este gobierno no ejecutó compra de tierras en conflicto jurídico? Y tampoco se ha dialogado ni se han canalizado las ya latamente demandadas medidas legislativas", plantea.

Para la exintendenta todas las personas tenemos responsabilidades. "Una cuestión que pesa es la falta de continuidad en la agenda, mientras que otra es la ausencia de una agenda en materia de derechos colectivos y políticos. También debe contemplarse que los propios mapuche deben avanzar en acuerdos mayoritarios sobre su propio destino como pueblo", enfatiza, e insiste en la necesidad de desmilitarizar la zona.

Nora Barrientos estima que para avanzar a un verdadero encuentro es necesario, en lo inmediato, la mediación de un actor que genere confianzas para concordar una salida a la huelga y se deje de exponer la vida de quienes la sostienen; la presentación y patrocinio en tribunales de los recursos legales necesarios que investiguen y persigan responsabilidades sobre los hechos recientemente acontecidos, como la autotutela y por la inacción de Carabineros, y que el Gobierno y la Oposición comprometan a sus sectores para el acceso a escaños reservados para el proceso constituyente.