En algunas comunas se ha observado la insistencia de algunos personeros locales de solicitar la aplicación de disposiciones más estrictas como la cuarentena, quizás sin ponderar suficientemente también los efectos que una medida tan restrictiva tiene para la propia comunidad, dada la limitación de los desplazamientos y el impacto inesperado del confinamiento, especialmente cuando éste se extiende por muchas semanas, como ha ocurrido en otros puntos del país.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que "el confinamiento tiene efectos secundarios brutales en la salud de las personas. Hoy ya están saliendo trabajos a nivel internacional que (concluyen que) el confinamiento podría ser, incluso, más dañino que el coronavirus. Estamos hablando de un confinamiento en que las personas se queden en sus casas y no salgan a ninguna parte todo el día durante cinco meses. Son medidas tremendamente dañinas para la salud".

En esa misma línea, Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río comentó que "las cuarentenas pueden causar más muertos que la enfermedad. Como toda medicina, se requiere dosis y tiempo adecuado. En Santiago la cuarentena fue tardía y no se aprovechó".

Lo dicho no quita reconocer que, en el caso de los cordones sanitarios, éstos generan también importantes inconvenientes.

En relación a la toma de las decisiones, un aspecto que ha llamado la atención en las últimas semanas es que -al menos desde el punto de vista comunicacional- ha quedado la sensación de que precisamente la presión de algunos jefes comunales ha sido factor clave para adoptar medidas.

Frente a lo señalado, es un hecho que el Gobierno ha fallado en la estrategia para comunicar con mucha mayor claridad la forma en que se aplican los criterios y se toman las decisiones frente al momento que vive cada comuna y región. Esto es especialmente relevante si se considera que se debe reforzar la coordinación multinivel al interior del aparato estatal, especialmente para hacer frente de manera efectiva al desafío de salud, económico y social -por lejos- más complejo de las últimas décadas.

La violencia es violencia venga de donde venga y sus efectos son trasversales, así queda de manifiesto desgraciadamente en nuestra Araucanía, luego que los cortes de carreteras con árboles derribados, ya contabiliza una persona fallecida y otra con lesiones graves.

El uso de esta estrategia de lucha, denominada así por los grupos terroristas, es la responsable de la muerte de un padre de familia, Francisco Millalén Antipe, quien se dirigía a su trabajo como todos los días en los alrededores de Lautaro, cuando un árbol derribado y puesto en la ruta a modo de barricada, terminó con su vida.

Una situación similar afectó al conductor de una ambulancia del Hospital de Galvarino que fue golpeada cuando desconocidos, derribaron un árbol sobre el vehículo de salud, afectando a su conductor, que resultó con lesiones de consideración.

Hace unos días un grupo de personas incendió maquinaria pesada dentro de la propiedad del lonco Aniceto Norín, ubicada en la zona rural de Didaico, Traiguén, quien además ha sido víctima de otros atentados y amenazas permanentes contra él y su familia.

Estos hechos ocurridos en días recientes, grafican que el terrorismo en La Araucanía es transversal y también afecta a miembros de la etnia mapuche, trabajadores como todos y habitantes de una región que hace muchos años no es segura para vivir y desarrollar actividades productivas.

Más lamentable aún es que mientras esto está pasando en nuestra Región, el país centra la atención mediática en la protesta de un grupo de reos, que no son de carácter político, sino procesados y condenados por delitos hacia las personas y la propiedad, que con la presión de la huelga de hambre, intentan eludir su responsabilidad ante justicia, incluso buscando refugio en figuras de religiosidad ancestral.

Alejo Apraiz Contardo

presidente Asociación de víctimas de Violencia Rural