Un sondeo de la Multigremial Nacional realizado a emprendedores de todo el país reveló que el 98% de los encuestados apoya una ley de reparación a víctimas de violencia rural en la denominada macrozona sur, que contempla las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El levantamiento realizado por la asociación gremial surgió a propósito "de los centenares de atentados y hechos violentos perpetrados en la zona desde hace más de 20 años a manos de grupos narcoterroristas organizados".

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, indicó que "los resultados son absolutamente concluyentes. Un 98% de los encuestados cree que debe haber una ley de reparación a víctimas, lo que refleja la necesidad urgente de avanzar en un proyecto que entregue reparación justa y proporcional a las víctimas".

RESULTADOS

En esa línea, la encuesta indica que un 96% de los consultados cree que, en caso de haber reparación, ésta debe ser proporcional al perjuicio económico causado, terminando así con las compensaciones a través de organismos públicos que no tienen criterios definidos, que se otorgan por montos inferiores a los daños causados y que no consideran daño psicológico de las víctimas.

Respecto de qué organismo debe impulsar este proyecto para que pueda materializarse en ley del Estado, un 52% de los consultados estima que la iniciativa debe emanar desde el poder Ejecutivo, mientras que un 48% considera que debe hacerlo desde el poder Legislativo.

Swett explicó que "desde la Multigremial Nacional convocamos a un grupo de abogados expertos que trabajó durante seis meses y redactó un proyecto de ley de reparación a víctimas que hoy se encuentra en poder del Gobierno, el que esperamos tenga piso político suficiente de parte del Parlamento para que vea la luz y se transforme en ley".

En general, el proyecto pretende que las reparaciones sean proporcionales al daño causado, que exista resarcimiento del daño psicológico y moral que sufren las víctimas y también la creación de una instancia de reclamación administrativa y otra judicial simplificada, en caso de que no exista acuerdo entre las partes. Todo esto regiría para todas las víctimas desde el año 2000 en adelante.

600 personas

consultadas

La muestra se realizó a 660 personas en forma aleatoria en todo el país. Las regiones donde hubo mayor participación fue La Araucanía, Biobío, Metropolitana y Valparaíso. Los sectores productivos en que se desarrollan los encuestados son agricultura, comercio, forestal y hotelería y turismo.

Desde antes que comenzara la pandemia, los aproximadamente 100 estudiantes que residen en el sector rural de Chapod, al poniente de Padre Las Casas, accedían a Internet a través de un sistema de wifi comunitario que existía en la escuela del sector.

Sin embargo y tras una visita a la zona, la consejera regional Ana María Soto denunció que los estudiantes y también los vecinos llevan más de dos semanas sin Internet debido a que el servicio se vio interrumpido por el término del contrato de suministro al citado establecimiento educacional que existía entre una empresa de telefonía rural y el municipio padrelascasino.

Ana María Soto explicó que la situación es de suma gravedad para los estudiantes, no solo de aquella escuela básica, sino también para alumnos de educación universitaria y técnico profesional.

"Hago un llamado a tomar conciencia que estamos en pandemia y aquí la empresa de telefonía debe llegar rápidamente a un acuerdo con el municipio y habilitar nuevamente la señal de Internet", señaló la consejera regional.

La asignación de recursos de parte del Gobierno Regional, capacitación docente, un diálogo directo con las empresas de Internet, y la entrega masiva y controlada de insumos computacionales para la educación, que se sumen a los esfuerzos municipales, son algunas de las propuestas del diputado Sebastián Álvarez para enfrentar los estragos que está causando la pandemia en la formación de miles de estudiantes de La Araucanía.

"La reciente información entregada oficialmente por la Seremi de Educación que señala la deserción de más de un millar de jóvenes de la educación secundaria, y la elaboración de un tardío diagnóstico, es a nuestro juicio solo la punta del Iceberg, ya que en terreno hemos comprobado que la situación que también afecta a los menores de enseñanza básica, especialmente de las áreas más vulnerables y rurales de nuestro distrito, es crítica, y cuyas proyecciones advertimos hace más de un año al Ministerio de Educación que se centró en un retorno que jamás consideró la terrible segunda ola".

SISTEMA

Según el parlamentario, un sistema de educación a distancia como el francés, con décadas de experiencia en esta área, nos habla de que es necesario implementar con urgencia programas y materiales especiales, que involucran capacitación docente, con diferentes herramientas que adaptan contenidos incluso para difusión radial. "De la misma forma, profesores de la Región nos han informado del tremendo estrés en que se encuentran sus miembros por el temor de regresar a clases presenciales sin los resguardos necesarios y la impotencia de no poder entregar en plenitud sus clases a distancia, la falta de conexión permanente a la Internet en algunos sectores del campo y la ciudad, y de equipos computacionales y telefónicos, que sean homogéneos, simplemente hace imposible completar la entrega del 100 % de los programas, lo que es muy grave", señaló el parlamentario.

Álvarez insistió en que el Gobierno Regional debe enfrentar, con la asignación de recursos extraordinarios y diálogo con empresas de Internet, el problema que no asume el nivel central, el que se ha concentrado en una visión que no acepta la realidad estudiantil de la pandemia en regiones tan pobres como La Araucanía.

"Sin duda el Ministro de Educación Raúl Figueroa hoy guarda silencio mientras se vuelven a cerrar establecimientos y la pandemia sigue arrasando. Le solicitamos el año pasado que reforzara la educación telemática, sin embargo, nada de ello pasó", finalizó Álvarez.