En Chile, el maltrato infantil es una realidad más común de lo que pensamos, ya que siete de cada diez años manifiestan que alguna vez han recibido algún tipo de maltrato de parte de sus padres.

Un estudio de Unicef reveló que el 71% de los niños chilenos menores de 14 años sufre algún tipo de violencia por parte de sus padres. El 51% es víctima de violencia física, mientras uno de cada cuatro niños padece violencia física grave, siendo el problema más crudo en los menores de nivel socioeconómico bajo. El estudio se basó en una encuesta que se aplicó hace unos años a niños y niñas de octavo básico de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como los abusos y desatenciones que reciben los menores, incluyendo maltrato físico, psicológico o sexual que dañen su salud, desarrollo o dignidad o bien que pongan en riesgo su supervivencia.

Hay que recordar que el 14 de agosto de 1990 Chile reconoció la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante una ley publicada en el Diario Oficial del 27 de septiembre de ese año, con lo que sus disposiciones entraron en plena vigencia en el país.

La violencia causa impacto en diferentes ámbitos de la vida de los niños y niñas, que afecta su desarrollo y crecimiento. Son menores predispuestos a desconfiar de otros adultos y a limitar sus posibilidades de exploración del mundo externo. Muestran mayor agresividad en las relaciones con sus padres y tienden a vivir como amenazantes las situaciones de acercamiento, lo que los hace estar a la defensiva permanentemente.

Además de tener una peor relación sus padres, tienen menor rendimiento escolar, un mayor consumo de medicamentos para mejorar su desempeño y comportamiento escolar, una relación regular con sus compañeros y han estado más expuestos al consumo de alcohol y drogas. De ahí que es un problema al que hay que darle la necesaria atención.

La indesmentible realidad de haber creado una generación profundamente endeudada es el punto de partida para que, desde la política, reflexionemos -y procuremos cambiar- el actual modelo de créditos con el que miles de jóvenes acceden cada año a su educación superior.

Este sistema, es solo otra muestra del ortodoxo modelo económico que fue escogido de facto, hace 40 años atrás, para nuestro país: el neoliberalismo, paradigma donde el desarrollo individual y la libertad son los valores preponderantes. En teoría, las oportunidades están allí, y lo único que debe hacer el ciudadano de a pie, es tomarlas. Si no las puede pagar, o cómo lo hace… bueno, de aquello no se habló por años. Hasta ahora.

En ese esquema, por supuesto no tenía cabida la educación gratuita. Se la vio, seguramente, como un "regalo" que muy pocos merecerían. Para la inmensa mayoría de las familias, se establecieron sistemas de créditos, como el CAE.

Pero hoy, para muchos de estos jóvenes, el augurio de un mejor futuro se esfumó. La existencia de esta deuda se traduce en que sus evaluaciones crediticias no les permiten comprar una vivienda, o iniciar un emprendimiento. Hay quienes relacionan la deuda universitaria con una disminución en la cantidad de jóvenes que adquieren casa propia. Vaya revés y aterrizaje forzoso, para esa promesa de progreso y bienestar.

Por todo lo anterior, creemos que el proyecto que aprobamos en general, este jueves en el Senado, para despenalizar la deuda universitaria, es un primer paso de justicia. Sus ideas centrales son interpretar la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, para aplicarla a estos créditos; y modificar las leyes que regulan actualmente a los créditos universitarios, para terminar con los mandatos en blanco, la deducción de ingresos por parte del empleador, y permitir a los deudores recurrir a la Ley de Insolvencia. Es decir, ponerlos en un rango similar al de un deudor común y corriente.

Sin embargo, este debate, a nuestro juicio, no termina allí: el desafío más grande es analizar la condonación total o parcial de la deuda universitaria.

Finalmente, este debate nos reafirma que el actual modelo de desarrollo de Chile, individualista, competitivo y basado en el dinero, ya cumplió su ciclo. Es hora de dar un giro y abrirnos hacia una Economía Social y Ecológica de Mercado -Alemania es un buen ejemplo-, con un Estado protagonista y más solidario, que garantice derechos básicos como la educación para sus ciudadanos, y que dé al país un rumbo y una hoja de ruta clara y definida hacia el desarrollo.

El mensaje, a los grupos económicos y a la derecha, es que nuestra disposición y votos en el Congreso están. Hagamos justicia en esta materia, y avancemos en redefinir las prioridades para el Chile del mañana: un país más justo y solidario, donde el sueño de miles de crecer y progresar no sea gravado, penalizado ni lastrado.

Francisco Huenchumilla,

senador