Tal como la mayoría de los especialistas lo adelantaban, la de ayer fue una jornada eleccionaria con una muy baja participación de votantes. Los factores que explican esta situación son múltiples y están indudablemente marcados por la contingencia sanitaria, pero también por las inéditas características del proceso eleccionario.

Es evidente que la actual condición derivada de la pandemia y la crisis de credibilidad en la política, fueron elementos que de alguna forma impactaron en la poca afluencia de ciudadanos a las urnas.

Pero junto con ello se debe recordar que los gobernadores regionales son una figura nueva en el país y, a diferencia de lo que ocurre con los municipios, la labor que tendrán que desarrollar -vinculada, por ejemplo, al liderazgo del Consejo Regional y a la definición estratégica del manejo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional- es algo mucho menos conocido que la labor que desarrollan, por ejemplo, los municipios.

Como se ha señalado reiteradamente a través de esta tribuna, la elección de gobernador regional representa el inicio de un camino distinto para los territorios subnacionales, cuyo éxito estará determinado en buena parte por el temple y responsabilidad que demuestren en el ejercicio del cargo quienes han sido elegidos.

En este caso, será Luciano Rivas quien ahora tendrá una labor fundamental, como es liderar los destinos de la Región y desplegar un trabajo integrador y con mirada de largo plazo que permita efectivamente a La Araucanía reactivar su desarrollo y consolidar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

Es innegable que las tareas son de gran complejidad, más allá de la indiscutible falta de atribuciones con que iniciará su labor el gobernador regional.

Pero más allá de los límites que indica el cargo y sus características, lo que está claro es que los ciudadanos también aspiran a contar con un líder de quien se espera que se convierta en una verdadera voz para todos los residentes en la zona, articulando tanto a nivel de la propia región como con el nivel central estrategias que permitan ir superando brechas y activando el necesario crecimiento económico y social.

No son nuevas las propuestas que buscan instaurar un modelo semipresidencial en Chile. El semipresidencialismo es un sistema en el que un presidente popularmente electo coexiste con un primer ministro y gabinete políticamente responsables ante el parlamento.

Se asume que el semipresidencialismo permitiría desconcentrar poder desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. Sin embargo, esto no es correcto. En el semipresidencialismo el Presidente retiene la atribución de disolver al Legislativo, algo que bajo el sistema presidencial no es posible. La disolución, entonces, inclina la balanza de poder hacia el Ejecutivo en desmedro del Parlamento.

También se argumenta que una ventaja del semipresidencialismo sería su flexibilidad para evitar bloqueos. No obstante, esto necesita ser matizado. Los bloqueos sí ocurren, pero de manera diferente al sistema presidencial. Por ejemplo, una comparación de países con regímenes presidencialistas, parlamentarios y semipresidencialistas (1980-2018) nos muestra que estos últimos son los que poseen los gobiernos más breves (3,2 años en promedio). Es decir, desacuerdos (bloqueos) entre el Ejecutivo y el Legislativo pueden reducir la duración de los gobiernos semipresidenciales.

A lo anterior se suma el tiempo que demoran los partidos en negociar y formar un nuevo gobierno (otro tipo de bloqueo). Como sostiene Fontaine (2021), durante esos periodos el país posee un gobierno en "funciones", pero sin poder real. Entre 1980 y 2018, los países semipresidencialistas de Europa estuvieron 602 días sin gobierno, en promedio. Bulgaria registra el número más alto con 1.813 días, mientras Francia posee el mínimo con 214 días en el mismo periodo.

Tampoco es cierto que el semipresidencialismo funcione mejor que otros sistemas. En su análisis de 173 países, Sedelius y Linde (2018) no encontraron diferencias significativas entre parlamentarismo vs. presidencialismo y semipresidencialismo de premier al comparar sus desempeños en democracia, derechos humanos, corrupción, efectividad del gobierno y desarrollo humano.

No existe evidencia contundente de que al cambiar a un modelo semipresidencial tendremos un sistema político que funcione mejor en áreas clave de la vida democrática, sin mencionar el costo de aprendizaje asociado a su implementación.

Christopher Martínez Nourdin,

profesor asociado, Ciencia Política,

Universidad Católica de Temuco