Correo
Altos costos de construcción por encarecimiento de materiales
Nos parece necesario insistir en la problemática que hoy afecta a la construcción y a nuestro país. En los últimos años, el déficit de vivienda ha aumentado exponencialmente en Chile y especialmente en La Araucanía.
A todos nos preocupa la reactivación y el dinamismo económico en el país y en la Región, pero más nos inquieta el gran dolor de Chile: las miles de familias que hoy esperan una solución de vivienda definitiva. El gran tema hoy es la abrupta alza en el precio de los materiales de construcción que nos impide dar respuesta a la urgente necesidad de las familias.
Estimamos que, al cierre del mes de mayo, unas 2.800 unidades habitacionales en La Araucanía se encuentran paralizadas debido a los altos costos de los materiales que no permiten que iniciemos o continuemos trabajando en las obras comprometidas con los programas Serviu como el DS-49 (vivienda subsidiada sin deuda), DS-19 (viviendas de integración), DS-255 (programa de protección al patrimonio familiar) y, especialmente, nos afligen los proyectos DS-10 de vivienda rural que buscan entregar soluciones habitacionales a personas que viven fuera de las ciudades.
Esto afecta tanto a las familias que esperan sus casas comprometidas como al dinamismo económico local, que otros países han entendido como eje principal de activación económica.
Ante la necesidad de viviendas y la cantidad de campamentos, es necesario dar soluciones habitacionales para cubrir el aumento del déficit existente y que las personas puedan vivir en un hogar digno. Para ello, requerimos se puedan ajustar los valores de obras por parte del Ministerio de Vivienda, ya que el aumento en los precios de los materiales regido por el mercado global ha encarecido en un 15% aproximadamente el valor final de las obras.
Este es un problema extraordinario que necesita soluciones extraordinarias con el fin de mitigar el alza de precios fulminante que nos impide continuar avanzando.
Las autoridades deben sintonizar con urgencia con este problema que impacta en diversos grupos. Hemos estado y seguiremos disponibles a trabajar en conjunto para explorar la mejor forma de pasar esta crisis juntos, sin afectar a las familias ni el dinamismo económico reflejado en el empleo, ni tampoco horadar la subsistencia de las empresas ejecutoras.
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la capacidad colaborativa de nuestra especie. De esto, salimos todos juntos.
Claudia Lillo Echeverría, presidenta Cámara Chilena Construcción de Temuco.
Delta
Las proyecciones sobre la variante Delta (B.1.617.2) en Israel, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y la Unión Europea, permiten sostener que, de volverse la cepa dominante en Chile, abrirá serios flancos a la estrategia nacional que es preciso tomar en consideración.
Primero, las medidas restrictivas seguirán siendo frecuentes y demandarán mayor severidad dada su mayor transmisibilidad. Segundo, la variante Delta golpeará fuertemente a los segmentos de la población que resisten inocularse, especialmente a los jóvenes, lo que aumentará las hospitalizaciones. Tercero, la interrupción de las actividades frenará la reactivación económica en curso y aplazará la vuelta a clases presenciales. Cuarto, el alto costo y la falta de capacidad técnica para lograr la necesaria secuenciación genómica -examen que determina el tipo de variante- a la escala necesaria, dificultarán el monitoreo y la trazabilidad. Quinto, las bajas temperaturas de la temporada serán un facilitador de la propagación.
Todo esto revela la necesidad de extremar el autocuidado, implementar medidas eficaces en las fronteras, neutralizar la complacencia y proseguir con el proceso masivo de vacunación. En este sentido, una tercera dosis será más que necesaria a la luz del panorama descrito; la variante Delta es hasta 97% más contagiosa que el virus original y el eventual arribo de la mutación K417N tensionaría aún más la situación nacional.
Camilo Barría-Rodríguez
¿Paridad en salud mental?
El anuncio realizado por el superintendente de Salud sobre la obligatoriedad de las Isapres de entregar coberturas de salud mental equivalentes al resto de los problemas de salud en los nuevos planes resulta un paso importante. Sin embargo esta medida solo se aplica a planes nuevos, dejando fuera a una parte significativa de la población que ya está en el sistema.
A pesar de la evidencia de efectividad y costo eficacia de tratamientos para los principales problemas de la salud mental, actualmente los usuarios del sistema privado reciben una cobertura de un 36,2% en comparación con el 64,6% de salud física. Las licencias médicas aprobadas por salud mental son de 46,7%, mientras por otras enfermedades son de 80.5%. Asimismo, existen topes al número máximo de prestaciones, muy inferior al resto de las prestaciones físicas y se dejan fuera de cobertura a modalidades de tratamiento e intervenciones centrales para la recuperación.
El trato desfavorable y la estigmatización de las personas con trastornos mentales se traduce en que una persona enferma no recibe la atención que necesita por falta de acceso y restricciones en la cobertura de su plan de salud.
Es clave que esta medida inicial se traspase a todos los planes de salud privados vigentes y que se aplique también al sistema público, ahogado por un sub financiamiento crónico en salud mental.
Carlos Ibáñez Piña