Es difícil imaginarse al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, mostrando tarjetas o cobrando penales. Pero lo hizo por casi ocho años como árbitro profesional, actividad que realizó en paralelo con su título de abogado.

Hoy secunda al ministro Rodrigo Delgado y desde su oficina en la Moneda colaboró con el proceso de instalación de la Convención Constitucional que hoy tendrá su primera sesión en el recinto del ex Congreso Nacional en Santiago.

-Algunos constituyentes convocaron a una marcha que desembocará en la sede de la Convención. Como autoridad, ¿qué espera de esta instalación?

-Yo espero que prime el diálogo. La Convención Constitucional va a ser la que fije las bases de la institucionalidad del país para nuestro futuro y por lo mismo tiene que primar el diálogo y ojalá se llegue a grandes acuerdos, porque las constituciones contienen fundamentalmente tres materias: las definiciones gruesas de los consensos sociales, cuáles son las garantías y los derechos que le concede a los ciudadanos y la orgánica estatal, vale decir, cómo nos vamos a definir. El otro día me tocó participar en una discusión que se dio en un programa de radio sobre, por ejemplo, cómo nos vamos a estructurar regional o territorialmente, y también cuál va a ser nuestro sistema de gobierno. Hay muchos temas relevantes que van a tener que ser tratados y debiera ser en un ambiente de diálogo y confrontación de ideas. No es necesario estar de acuerdo en todo. Por el contrario, creo que la composición de la Convención lo que permite es que distintas perspectivas y visiones sean puestas sobre la mesa y puedan conversarse en base a la amistad cívica.

-Hoy, en campaña, se habla mucho de seguridad pública. ¿De qué modo debiera garantizarse en la Constitución?

-Ahí hay dos perspectivas. La primera es si es que debiéramos consagrar algún tipo de garantía, derechos o deberes del Estado de proveer el bien público de la seguridad y en qué forma asegurárselo a la ciudadanía. Y eso tiene que ver con las distintas etapas de la seguridad. Desde la prevención, vale decir, tomar medidas para que las personas no propendan a la comisión de delitos. Pero después en el control, que haya una fiscalización y un control apropiado de las normas que como sociedad nos hemos definido. Y también la persecución penal, vale decir, que tengamos estructuras con la suficiente autonomía para que juzguen y persigan a las personas que se han salido del marco social y han cometido delitos. Por último, la atención a aquellas personas que han sido víctimas, que han resultado dañadas como consecuencia de alguna vulneración en sus derechos. También, cómo reinsertamos a aquellas personas que han cometido delitos para que no vuelvan a delinquir. En ese sentido, ojalá la Constitución dé líneas gruesas de qué son las competencias de los distintos órganos públicos, del Poder Judicial, del Ministerio Público, cuál es el rol del Gobierno en cada una de estas etapas y cuáles son los órganos a cargo del control.

-Hace mucho que se discute el rol de las policías.

-Uno siempre piensa en las policías, pero acá hay muchos otros órganos de control. Abriendo nuestra mente al siglo XXI, hoy es importante solo el territorio, pero también lo es resguardar nuestras aguas, nuestro mar, nuestros recursos marinos. Bueno, eso está a cargo de una policía marítima que no depende del ministerio del Interior. Y lo mismo el ciberespacio. Cómo nos hacemos cargo de la ciberseguridad y de un espacio que es desconocido o menos visible. Es mucho más fácil pensar en algo físico, pero los delitos informáticos son igualmente graves.

No sólo pueden afectar el patrimonio de las personas, que uno puede ser estafado, sino que además afectan otros bienes, como tu intimidad, dando a conocer tus datos personales. O también puede afectar la vida de las personas. Tuvimos un caso hace poco de la interrupción de los servicios hospitalarios en Alemania que le costó la vida de una persona. O la infraestructura crítica: cómo los sistemas de