Cada cierto tiempo la opinión pública se ve conmocionada por la ocurrencia de algún episodio de contaminación o un desastre natural en alguna región del país. Tras los reportajes y las visitas de autoridades y servicios públicos, la vida de esos territorios vuelve a "normalizarse", como si nunca hubiera ocurrido nada. Es algo de lo que pasó en julio de 2019 con el caso del vertimiento, desde una planta de Essal, de más de mil litros de petróleo al río Rahue de Osorno, afectando el abastecimiento de agua potable de dicha comuna por varias semanas.
A raíz de ese hecho, a la empresa sanitaria, que en el proceso cambió de manos, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) finalmente le aplicó una multa, calificada como "histórica", por casi mil 700 millones de pesos.
Sin embargo, pese a la magnitud de la sanción, ningún peso quedará en Osorno, ni en la Región de Los Lagos. Todos esos recursos irán al Tesoro Público, es decir a manos del Fisco, que los podrá utilizar libremente.
La sensación que reina entre los habitantes de la comuna afectada, sus autoridades y dirigentes sociales es que aquello es injusto. Por eso, junto a parlamentarios de distintas bancadas de gobierno y oposición, al alcalde, al gobernador regional y a una veintena de dirigentes sociales osorninos hemos hecho llegar una propuesta al ministro de Hacienda, que busca que tales dineros puedan ser reinvertidos en beneficio de las vecinas y vecinos afectados por la mencionada crisis sanitaria.
Pero no es una petición en abstracto, ni un acto de voluntarismo. Es una propuesta que busca crear, en la Ley de Presupuestos, una glosa que permita canalizar la totalidad de esos recursos, o al menos una parte, en beneficio de la comunidad osornina, posibilitando, ya sea por la vía de transferencias directas o concursables, que el municipio, Bomberos y otros actores sociales que se vieron gravemente afectados en su momento puedan recibir, aunque tardíamente, una compensación.
Lo importante, además de ser un planteamiento amplio, serio y políticamente transversal, es que más allá de cómo se resuelva esta petición, se trata de avanzar en la superación de viejos paradigmas centralistas, donde las decisiones se toman en pocas oficinas y entre escasas personas, para que puedan ser las regiones, los territorios y las comunas las que puedan gozar de mayores grados de autonomía política y financiera. La democracia no termina en la elección de autoridades. Se requiere profundizar esa democracia, en un sentido participativo, deliberativo y colaborativo.
Sin duda, la reciente primera elección de gobernadores regionales es un gran paso en esa dirección, pero aún insuficiente. Mucho se ha venido hablando desde hace varios gobiernos acerca de temas que parecen de lógica pura, como que las empresas tributen en las regiones o comunas donde realizan sus actividades y producen sus impactos, y no en la Región Metropolitana porque su casa matriz está en Las Condes. Las regiones no son una extensión del centro del país, son otras personas, otras realidades, otros contextos sociales y culturales. Y eso, en democracia, debe tener un valor.
Confiamos en una positiva respuesta del Ministerio de Hacienda, entendiendo los tiempos de cambio que corren y que demandan señales concretas desde el Estado y el Gobierno. Estamos convencidos de que la regionalización y la desconcentración no pueden seguir siendo parte de un legítimo discurso. Queremos descentralización, de verdad.
"Se trata de avanzar en la superación de viejos paradigmas centralistas, donde las decisiones se toman en pocas oficinas y entre escasas personas, para que puedan ser las regiones, los territorios y las comunas las que puedan gozar de mayores grados de autonomía política y financiera".
