Un total de 165 denuncias se han cursado, durante el primer semestre de este año, entre las regiones del Biobío y Los Lagos por el delito de usurpación, como se tipifica al acto mediante el cual personas "se toman" o hacen ocupación de un terreno particular.

Según cifras del Gobierno, de las 165 denuncias en la Macrozona Sur, el 90% de ellas corresponde a terrenos particulares ubicados en La Araucanía: 90 en la provincia de Cautín y 59 en la provincia de Malleco. Un 6% del total de las denuncias corresponde a la Región del Biobío (10 denuncias, el 2% a la Región de Los Ríos (3 denuncias) y el 2% en la Región de Los Lagos (3 denuncias).

Según los datos del Gobierno, de las 165 denuncias se ha ejecutado más de un centenar de desalojos, mientras que 17 predios siguen "en toma" a la espera que los dueños soliciten el desalojo o que se cursen las órdenes judiciales para que Carabineros proceda a desalojar.

"El aumento sustantivo de las usurpaciones de terrenos en la Macrozona Sur que vimos este verano, se debe a que parte de las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, muchas veces se aprovechan de la debilidad de la actual legislación y lo que hacen es extender sus tentáculos para alentar estos actos, para efectos de obtener un mayor control territorial, afectando con eso a víctimas de manera física, psicológica y atentando además contra el derecho de propiedad", explica Pablo Urquízar, jefe de la Unidad de Coordinación de Seguridad para la Macrozona Sur.

Aumentar sanciones

El coordinador Urquízar apunta que, como Gobierno, creen que es necesario que el Congreso agilice la tramitación del proyecto de ley que aumenta la sanción por el delito de usurpación, para así disuadir a quienes participan en este tipo de hechos, quienes actualmente solo pueden ser infraccionados con una multa (ver recuadro) en UTM.

"Este problema muy grave, y muchas veces está vinculado con orgánicas radicalizadas y terroristas, pero aun así actualmente solo tiene una sanción de multa. La regulación legal actual data de hace 147 años y está desactualizada, tanto con la realidad nacional como con la legislación de otros países", indica el coordinador.

"El Gobierno le puso suma urgencia al proyecto de ley que pretende que las personas involucradas en estos delitos paguen con hasta cinco años de cárcel efectiva. Esperamos que sea tratado con la máxima urgencia que lo piden las víctimas mapuches y no mapuches", cerró Urquízar.

20 UTM es la pena máxima a la que pueden ser sancionados quienes participen en una usurpación, y no pueden ser detenidos.