Por primera vez en el último año y medio de pandemia, La Araucanía logra disminuir de los 100 pacientes activos totales, presentando una tasa de 17 casos por cada 100 mil habitantes.

Según el último informe de la Seremi de Salud, los "contagiantes" que tienen la capacidad de seguir transmitiendo la infección, actualmente son 95 a nivel regional, transformándose en la cifra más baja desde el inicio de la emergencia y dando cuenta de una progresiva disminución a lo largo de los últimos meses.

Cabe destacar que hace examente un año, la Región presentaba un total de 469 activos, llegando a contabilizar más de 2 mil en los primeros meses de 2021. Pese a ello, actualmente el llamado de la autoridad es a continuar manteniendo todas las medidas preventivas, considerando la amenaza de las variantes de preocupación como la Delta, que podrían cambiar el actual escenario favorable.

últimas cifras

Según las últimas cifras relativas a la evolución regional de la pandemia, desde la Seremi de Salud fueron confirmados 18 contagios nuevos en la Región, extraídos del procesamiento de 2.607 exámenes PCR, arrojando una positividad del 1% para las últimas 24 horas.

Los contagiados con domicilio en la Región ascienden a 97.383 (ver tabla acumulada), a los que se deben adicionar 678 que presentan domicilio en otras zonas del país, con lo que la cifra total de infectados llega a 98.061 en los 18 meses. Como se ha dicho, los casos activos a nivel regional son 95, existiendo 14 comunas que no tienen pacientes contagiantes. Las únicas que presentan dos dígitos de activos son: Pucón (10), Temuco (17) y Curarrehue (21).

Los hospitalizados totales actualmente son 55, de los cuales 20 se encuentran en estado crítico internados en UPC (6 en UTI y 14 en UCI). De estos últimos, 15 permanecen conectados a ventilación mecánica en hospitales de la red pública.

Ayer también se confirmó el fallecimiento de 7 nuevos pacientes, con lo que la cifra de víctimas fatales confirmadas se elevó a 1.499 desde el inicio de la emergencia sanitaria.

La ocupación en residencias sanitarias se encontraba ayer en un 99%. Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 726 666 o ingresar al sitio web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl.

El estallido social de 2019 es un hito crucial en la historia sociopolítica Chile, al poner en primer plano las necesidades y demandas de las poblaciones en exclusión social. Al estallido, se sumó la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia, que ha relevado las numerosas formas de pobreza y vulnerabilidad que han impactado directamente en la contención del covid-19: hacinamiento, masificación del empleo informal y precario, prevalencia de enfermedades asociadas al consumo de alimentos baratos y nocivos para la salud, entre otras.

La pandemia demostró que logros en apariencia consolidados escondían una vulnerabilidad demasiado grande como para volver a ocultarla. La pobreza está lejos de ser un problema superado en Chile, de hecho, ha aumentado. Y existe una suerte de "lógica de la postergación" de los grupos más pobres y vulnerables, a quienes no se les hace partícipes de la solución de sus problemas. No se les pregunta, no se les oye, no se les considera.

Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos más privilegiados y los más desventajados, lo cual requiere que los grupos especialmente vulnerables descritos en el documento "Constitución y Pobreza", que redactamos 9 organizaciones de la sociedad civil -Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Emplea, Súmate, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo- y que presentamos ayer a la Asamblea Constituyente, sean parte de las discusiones en pos de la Nueva Constitución, y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva carta magna.

Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación a recursos imprescindibles. Proponemos además reconocer el derecho a prestaciones específicas de determinadas poblaciones vulnerables, como el acceso a terapias de rehabilitación en el caso de las personas en situación de discapacidad, o el de servicios de largo plazo en el de las personas mayores y de las que viven en situación de calle. Esta protección, nuevamente, debe considerar un mandato específico al Estado: ser garante de principios como la dignidad y la justicia social. Esperamos que así sea.

Paulo Egenau

director social nacional

del Hogar de Cristo