Es evidente que Chile debe avanzar hacia la integración con un marco regulatorio de la inmigración, que permita el ingreso de extranjeros de una manera ordenada, segura y responsable.

Cuando alguien ingresa de modo irregular tiene demasiadas dificultades, a la vez que genera problemas a los chilenos y al Estado, porque no se le puede atender adecuadamente y no se puede integrar a la sociedad de la mejor manera. En el exterior existe una percepción de que Chile va a salir primero de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, y que logrará recuperar su aparato productivo, lo que está generando una mayor presión de parte de los flujos de inmigrantes que quieren ingresar al territorio, una parte de ellos por los pasos legalmente habilitados, pero también otros en forma clandestina, especialmente en la zona norte del país, como con frecuencia se conoce a través de los medios de comunicación.

El estudio "Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile", publicado hace algunas semanas por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración, con cifras al 31 de diciembre de 2020, dice que 1 millón 462 mil extranjeros residen en el país.

Un estudio anterior del INE había revelado que al inicio de la pandemia, el 76,5% de los encuestados había señalado que se encontraban con trabajo, pero su situación cambió posteriormente, cuando por la crisis fueron despedidos o permanecieron con suspensión temporal de contrato, lo que afectó su nivel de ingresos, por lo que muchos no alcanzan a cubrir los gastos básicos de sus grupos familiares. En estos días, es posible ver a familias que se instalan en las calles céntricas con carteles en los que exponen su situación crítica por no tener trabajo, ni ingresos.

Por eso, un punto relevante en el que se ha enfocado el Gobierno en los últimos años ha sido la regulación del proceso migratorio, para que quienes ingresan a Chile lo hagan con su documentación al día y con las respectivas autorizaciones, lo que facilita la inserción de quienes vienen en busca de oportunidades de un mayor bienestar para ellos y sus familias.

Con sincera responsabilidad debemos analizar lo que han informado en estos días los médicos respecto a que solo en el primer semestre del 2020 han muerto 17 mil enfermos en Lista de Espera Auge. Si nos proyectamos en los dos semestres siguientes, bordearíamos los 50 mil.

Lo que informan es impresionante si nos atenemos a que el 80% de la población se atiende en el Sistema Público de Salud y solo el quince por ciento en el Sistema Privado.

Buscando más antecedentes al respecto enfrentamos cifras espeluznantes que denuncian que en lista de espera hay casi un millón setecientos mil personas, y en espera de intervenciones quirúrgicas casi trescientas mil almas. En Chile han fallecido "con garantía de oportunidades" en esa cifra de muertes un 53% de hombres, un 46% de mujeres y el 70% mayores de 75 años o más. Sus muertes fueron principalmente por tumores malignos, enfermedades cardiovasculares y de hígado.

Buscando más material para esta columna encontré una declaración de una asociación de oncólogos: "Nos hemos cuestionado como oncólogos, cuántos de los que han recaído de estas terapias retrasadas han sido productos de la agresividad biológica de su tumor o debido a la ineficacia creada por la tardanza en los intervalos de las quimioterapias, causadas por la demanda que ha colapsado nuestra pequeña infraestructura, conllevando a una quiebra de stock, de fármacos básicos, y que ha hecho posible que existan pacientes, hoy en día,s in sus terapias GES.

Mucho se habla por ciertas autoridades de que el Estado entrega medicamentos gratuitos en atención primaria, pero como el sistema de Salud está estrangulado financieramente, muchas veces, y no pocas veces, no los tienen.

Digamos las cosas como corresponde: tenemos un sistema de Salud desigual que no hace énfasis en la prevención y en la salud primaria; se pone énfasis en lo curativo, en circunstancias que muchas condiciones de salud son prevenibles, como la obesidad y el sedentarismo.

La medicina en Chile entrega una atención más oportuna a quienes pueden pagar y no a quienes no pueden pagar. La salud en nuestro país no se entiende como un derecho social y nuestro sistema de financiamiento no es solidario.

Lamentablemente en Chile decenas de miles de personas están esperando por más de tres años por una cirugía que puede ser importante para cambiar su calidad de vida.

Finalmente la " guinda de la torta": un 68% de mujeres encuestadas y un 32% de hombres señalan que en los últimos doce meses tuvo un problema de salud pero no pudo consultar un médico o no pudo realizarse un examen o tratamiento o adquirir medicamentos por sus altos costos.

Y sumemos para el análisis final que el 11% de los chilenos viven en la pobreza y más de un millón en extrema pobreza.

Roberto Muñoz Barra,

exsenador, presidente Instituto

Estudios Públicos Social Demócrata

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