Critican declaración de inconstitucionalidad del decreto que busca mantener a las FF.AA.
CONTRALORÍA. Ejecutivo pedía que militares mantuvieran apoyo a policías para combatir la violencia en Macrozona Sur.
Una serie de críticas ha generado la declaración de inconstitucionalidad por parte de Contraloría del decreto del Gobierno que buscaba mantener a las Fuerzas Armadas para realizar labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.
Desde la Multigremial de La Araucanía advierten que la decisión "nos parece equivocada y un precedente peligroso para nuestra salud democrática ante la escalada de violencia que vivimos en el sur de Chile".
Agregan que la justificación del Decreto Nº249 es muy simple: "La fuerte presencia de grupos paramilitares que circulan y actúan libremente por los caminos del sur de Chile".
Advierten que "la Contraloría debe evaluar los efectos de sus decisiones. A nuestro juicio se vulnera el artículo primero de la Constitución que señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y la familia", agregando que "solicitamos al Poder Ejecutivo que impugne esta resolución equivocada de la Contraloría General de la República y prime, por sobre todo, la protección que necesitamos quienes vivimos presos de la violencia que ejercen organizaciones criminales como la CAM y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT)".
Rol del gobierno
Desde la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, su presidente Alejo Apraiz, dijo que "yo creo que el Gobierno se está escudando en este decreto para no asumir su responsabilidad. Es el Gobierno el que tiene el control de la fuerza y no ha sido capaz de ejercerla para terminar con el terrorismo en la Región".
Finalmente, el diputado RN Miguel Mellado advirtió que "el contralor no entiende el país en que estamos viviendo... lamento que él no sepa lo que es el Chile real y lo que están sufriendo las víctimas en la Región de La Araucanía".
El coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, criticó la decisión de Contraloría.
También hizo un llamado al Congreso, ya que "tenemos nueve proyectos de ley que forman parten de la agenda legislativa de la Macrozona Sur y que apuntan a dar seguridad y llevan más de 700 días esperando", agregando que "estamos analizando las distintas vías de impugnación de la decisión".