Los dos principales bloques de la oposición en el Parlamento -Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social (ex Nueva Mayoría)- anunciaron este martes que presentarán una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, tras conocerse nuevos antecedentes sobre la eventual participación del Mandatario en la compraventa de la minera Dominga, en el marco de la investigación periodística internacional Pandora Papers.

Pese a que durante buena parte de la jornada hubo dudas en las fuerzas opositoras respecto a si avanzar en una acusación o impulsaban la creación de una comisión investigadora en el Congreso, las bancadas del PS, DC, Nuevo Trato, PPD, PR, PC, Frente Amplio y FRVS comunicaron que la próxima semana ingresarán el libelo acusatorio contra el jefe de Estado.

Según explicó el diputado Jaime Naranjo, jefe de la bancada PS, los equipos jurídicos de los conglomerados ya trabajan en el texto a presentar. "Ese libelo va a tener dos fundamentos: uno por infringir abiertamente el principio de probidad establecido en el artículo octavo y el segundo por haber comprometido gravemente el honor de la patria", detalló.

En tanto, el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio, aseveró que "vamos a tener todos los votos" y calificó el caso como un "escándalo mundial".

LA MONEDA REFUERZA

Tras la defensa del Presidente Piñera, quien aseguró el lunes que los antecedentes ya eran públicos, que la justicia sobreseyó el caso y que, dado el establecimiento de un fideicomiso ciego voluntario, la venta no le fue "consultada ni informada", lo que descartaría un conflicto de interés, la Fiscalía anunció un análisis de antecedentes.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que "la Fiscalía podrá dar certeza de la investigación llevada adelante el año 2017, que contó con toda la colaboración de todos los involucrados y que llevó al fiscal regional a decretar el sobreseimiento definitivo de esa causa".

Además, un documento divulgado por la Segegob insistió que en el caso no hubo delitos tributarios ni conflictos de interés, en lo que ahondó el ministro de Segpres, Juan José Ossa, quien aseveró que "existieron fallos judiciales, solicitudes del Ministerio Público para efectos de sobreseer la causa, así y todo, años después, de forma completamente injustificada, volvemos sobre este tema".

Adicional a ello, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) anunció ayer que presentará "durante este trimestre" una propuesta de polígono para crear el Área Marina Costera Protegida Archipiélago de Humboldt, algo que ambientalistas y oposición han exigido incluso antes de Pandora Papers.

Más tarde, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, elevó el tono desde La Moneda: "Han dicho que quieren que sí o sí se vote antes de las elecciones. Qué manera más clara de decir que no hay ningún fundamento jurídico para sostenerla y que es única y totalmente hecho por razones políticas".

Bellolio definió el anuncio como "un abuso para impedirles a los chilenos tener una elección presidencial en regularidad y un traspaso de la presidencia como merece la República".

También dijo que espera que la acusación no se presente, que ninguna persona en Chile Vamos la apoye que ningún candidato presidencial esté de acuerdo con ella. "Quieren degradar la institucionalidad de la presidencia en una acusación basada en una mentira", agregó.

DISTANCIA DE SICHEL

El candidato oficialista, Sebastián Sichel, tomó distancia del tema e insistió en que "lo que necesitamos es transparencia total, una buena explicación". Añadió que "se requieren más aclaraciones, incluso de las que ha habido hoy día. No basta decir que aquí la Justicia aclaró algo, sino que se requiere una aclaración concreta", estimó.

A él se sumó Yasna Provoste (DC), quien sostuvo que "el Presidente aún tiene que dar explicaciones al país".

¿Hay algo de nuevo en las revelaciones que se contienen en los Pandora Papers?

En ellos se muestra de qué forma, a través de varias empresas, Piñera y su familia vendieron el proyecto de Minera Dominga.

En el contrato celebrado en Islas Vírgenes el precio de la Minera asciende aproximadamente a 138 millones de dólares; pero una de sus cláusulas dispuso que parte del precio - a pagar en diciembre del año 2011- estaría subordinado a que la zona donde la minera se encuentra no fuera declarada zona protegida. Hasta ahí todo parece razonable. Salvo por un detalle: la declaración de zona protegida de la que pendía el pago de nueve millones de dólares a las empresas de Piñera estaba bajo las facultades del gobierno que este último presidía. En otras palabras, dependía de la decisión del gobierno conducido por Sebastián Piñera que sus propias empresas recibieran ese saldo de precio (si no había declaración de zona protegida) o que no lo recibieran (si esa declaración se formulaba).

El conflicto de interés es flagrante: una misma persona -el presidente- custodiaba intereses contrapuestos. Si declaraba el área protegida, no recibiría el precio restante; si en cambio omitía hacerlo su patrimonio se incrementaba.

Ocurrió esto último.

Por supuesto podrá decirse que el asunto ya fue conocido por la justicia sin que se declarase ilicitud alguna (aunque no resulta del todo claro que la cláusula que se acaba de describir haya sido conocida entonces); y podrá incluso agregarse que ese tipo de cláusulas son habituales en los negocios (puesto que el precio de un proyecto inviable por decisión de la autoridad no es lo mismo que el de uno que carece de restricciones); pero aún así el problema persiste. Porque el problema no es si acaso la cláusula que subordina el precio a que una decisión no se adopte es o no habitual, sino que el problema deriva del hecho que el presidente bajo cuya autoridad estaba la decisión era la misma parte beneficiada con ella.

El presidente ha dicho que él jamás ha abrigado la intención de poner el interés propio por sobre el interés nacional y no cabe sino creerle; pero, de nuevo, ese no es aquí el problema. El problema no es si acaso Piñera deliberó en favor de sus propios intereses y en contra de los intereses públicos. El problema es que él, o aquellos en quienes él depositó su confianza y por los cuales él es también responsable, no vieron problema alguno en un conflicto de interés evidente, un conflicto que salta a la vista ante la más mínima inspección. El conflicto de intereses en que el presidente incurrió consiste en permitir que los intereses propios entren en colisión con aquellos que, en cuanto autoridad, debía tutelar.

Sí, es cierto. En realidad, no hay nada nuevo en estas revelaciones.

Pero ese es justamente el problema. Porque el problema es que la colisión de intereses entre el patrimonio presidencial y las tareas que el electorado le ha confiado ya parece habitual. Es cosa de recordar -nada más- cuán difícil fue en su momento el caso de Lan para advertirlo o el de una olvidada pesquera.

Y entonces ya no se sabe si son sus asesores, la desaprensión del presidente o la amplitud de su riqueza el problema. Lo único claro es que sea porque quienes lo rodean actúan mal (aunque no hay que olvidar que todo dependiente hace lo que supone su mandante aceptaría), sea porque el patrimonio de Piñera es demasiado grande (de suerte que no parece haber rincón donde no incida), sea porque el presidente es desaprensivo (y no comprende la importancia de las formas), lo cierto es que parece haber finalmente una cierta inconsistencia objetiva entre el patrimonio de Sebastián Piñera o su desaprensión o ambas cosas a la vez, por un lado, y la presidencia de la república, por el otro.

Hay cosas que uno anhelaría que fueran novedad.

Y es que cuando son viejas y algo repetidas parecen un síntoma o un tic o una pulsión indomable. Y entonces sí el problema es peor.