Comercio ambulante
Por años se plantearon muchas soluciones, pero el problema persiste y con más fuerza. El vendedor callejero es el último eslabón de una cadena en la que hay grupos organizados que internan mercaderías falsificadas.
El comercio callejero ilegal sigue siendo un tema a nivel país, y la pandemia no ha hecho más que agravar la situación, por lo que cada vez resulta más complejo regular esta actividad. Según el Servicio de Aduanas, entre enero y septiembre de este año se habían incautado productos por un valor total de 54 millones de dólares, en especial, ropa, accesorios de celulares y juguetes. La inmensa mayoría de esos bienes tiene como destino la venta callejera ilegal.
Se trata de ambulantes que en forma ilegal se instalan con carros, tarimas, canastos o en el suelo, ofreciendo una gran variedad de productos. Desde hace muchos años ha existido presencia de vendedores en las calles, pero durante el período de pandemia el problema ha recrudecido y en estos días previos a Navidad hay un descontrol. Cada cierto tiempo las autoridades realizaban campañas para combatir la venta ilegal en las vías públicas, aunque sin lograr resolver del todo este problema.
Por años se plantearon muchas soluciones, pero el problema persiste y con más fuerza. A juzgar por la cantidad de personas que ejercen esta actividad, la venta callejera es un buen negocio, considerando que no pagan impuestos, patentes o arriendo. Basta con apropiarse de un lugar, que posteriormente es reclamado como derecho adquirido. Los esfuerzos se han centrado a lo largo de este año en dar a conocer los perjuicios de este flagelo tanto en la competencia desleal que significa para el comercio formal como en el daño que provocan estos productos en la salud y cómo afectan los derechos del consumidor.
El vendedor callejero es el último eslabón de una cadena en la que hay grupos organizados que internan mercaderías falsificadas, de dudosa calidad, y que se distribuyen evadiendo impuestos. Hay que considerar que al adquirir productos en el comercio formal se pueden exigir los derechos como consumidores, junto con tener una experiencia de compra segura que cumple con las normas sanitarias.