La Armada de Chile ha dado inicio al Plan Nacional de Protección Civil para Playas y Balnearios, que se extenderá hasta el 15 de marzo del presente año. Corresponde a esa institución, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo, determinar las playas de mar, ríos y lagos que son aptas para el baño, cumpliendo las exigencias necesarias, entre ellas, la presencia de salvavidas, con el fin de prevenir emergencias.

Por ello, se ha reiterado el llamado al autocuidado, entendiendo que respetar las indicaciones de seguridad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

A diferencia del año pasado, cuando había restricciones de desplazamiento y cuarentenas, en esta temporada se espera un aumento de veraneantes, debido a las mayores libertades, como resultado del proceso de vacunación masivo frente al covid 19. La Armada dio a conocer que dispondrá de medios humanos y materiales en las playas autorizadas del litoral para proteger la vida de quienes estén de vacaciones. En la temporada anterior, a nivel nacional se registraron 157 rescates, en los cuales se tuvo que lamentar el fallecimiento de 23 personas. La mayoría de los accidentes ocurrieron en playas que no son aptas para nadar. Por ello, se llamó a los veraneantes a informarse y descargar la aplicación "Playas Habilitadas", que se encuentra disponible para sistemas operativos Android e IOS y permite conocer las playas con bandera verde a nivel nacional, cómo llegar a ellas, el número de salvavidas disponibles y las recomendaciones en caso de emergencia.

En ocasiones, las personas insisten en lanzarse al agua en lugares prohibidos, arriesgando sus vidas, mientras que en las playas autorizadas hay quienes hacen caso omiso a las señalizaciones de prohibiciones que se indican con banderas, y a las sugerencias de los salvavidas.

Hay que considerar la labor que realizan hombres y mujeres encargados del salvataje en los distintos balnearios y playas, quienes se transforman en personajes claves al ser los primeros en acudir en ayuda de quien la necesita, exponiendo incluso sus propias vidas para salvar otras.

Una de las grandes presiones que está recibiendo el Presidente electo Gabriel Boric, es la mejora sustancial de nuestro actual de sistema de pensiones, que encabezan las AFP. El sentir popular, así como la cruda realidad, es que el actual sistema de AFP no ha logrado cumplir con las expectativas ciudadanas. Muchas personas asumen que las bajas pensiones son el producto de la naturaleza privada del sistema y en esa lógica, muchos creen que reemplazar el sistema actual por un sistema estatal de reparto, sería la gran solución. El objetivo de esta columna es comparar nuestro actual sistema privado de pensiones con los sistemas de reparto, que, al parecer serían la solución a todos estos problemas, toda vez que, en la opinión pública en general, existe una suerte de idealización del sistema de reparto.

Es necesario definir que la tasa de sustitución del sistema de AFP es de cerca de un 30%, es decir, en promedio, un trabajador recibe una pensión equivalente a poco menos de un tercio de sus ingresos como trabajador activo. En la OCDE la tasa de sustitución promedio es de un 50% aproximadamente. En España, uno de los países con mejores pensiones de la OCDE, la tasa de sustitución es de cerca de un 73%, con un sistema estatal de reparto.

A nivel OCDE, Chile es uno de los países con porcentajes de ahorro más bajo para sus pensiones. Si se extrapolara la situación española a la chilena, vale decir, si en Chile se ahorrara alrededor de un 28%, las pensiones crecerían y serían equivalentes a las españolas. Por lo tanto, ni el sistema de reparto español es más eficiente que el chileno, ni el sistema privado de pensiones chileno es más ineficiente que el español, siendo la gran diferencia, el bajo porcentaje de ahorro que se realiza en Chile.

Por otro lado, todos los sistemas de reparto exigen un mínimo de años cotizados para poder acceder a una pensión. En el caso de España, se requiere cotizar, a lo menos, por 15 años para poder tener derecho a una pensión. En Chile, dada la alta informalidad laboral, la mayor parte de los trabajadores no alcanzarían este mínimo y se quedarían sin pensión. No olvidemos que antes de las AFP, en Chile existía un sistema de reparto. En este sistema, la tasa de cotización era superior al 20% y también se requería un mínimo de 15 años de cotizaciones para acceder al beneficio. De hecho, las estadísticas indican que alrededor del 50% de la masa laboral de aquella época, no tenía derecho a pensiones bajo ese sistema, puesto que no cumplían el mínimo de años que el sistema requería.

En resumen, no hay magia en el sistema de reparto. Los sistemas de reparto a nivel mundial, se sustentan con tasas de ahorro muy superiores a la chilena, así como mínimos de años cotizados. Esa es la gran explicación a su aparente éxito si se compara con las AFP. En esa misma línea, la naturaleza privada o pública de las pensiones, desde el punto de vista económico, no tiene relevancia. La solución está en aumentar la cotización, así como los años cotizados. La pregunta será ¿estará dispuesto el trabajador promedio a sacrificar parte de su sueldo actual por una mejor pensión?

José Navarrete Oyarce

director Magister en Tributación