Esta semana ha habido dos incidentes que relacionan al presidente Boric con la Iglesia Católica. Y ambos anidan la semilla de un problema mayor, uno de esos que el presidente debiera esmerarse en corregir.
El primero consistió en la manera de justificar su molestia porque en la oración por Chile realizada en la Catedral se encontraran los cardenales Ezatti y Errázuriz. La razón que el presidente dio es que esas personas, dijo, eran encubridores de abusos sexuales contra niños.
El problema en este caso no es la molestia (del todo legítima) sino la razón que dio para tenerla.
Por supuesto hay miles de razones para quejarse del comportamiento de esos cardenales en su forma de conducir la Iglesia -una concepción más o menos aristocratizante difícil de conciliar con la idea del pueblo de Dios, por ejemplo-; pero no parece correcto señalarlos como encubridores puesto que esta indica una participación en un delito que no ha sido probada y respecto de la cual ni siquiera existe formalización por parte del Ministerio Público. Cuando se hizo presente al presidente Boric esta última circunstancia, su explicación fue aún peor. Sí, dijo, no han sido condenados; pero tampoco han sido sobreseídos. Es difícil imaginar una torsión mayor de los principios del Estado de Derecho que esa consistente en argüir que como alguien ha sido querellado y no sobreseído entonces puede tratársele como si fuera culpable. El principio es el inverso: Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme (artículo 4 del Código Procesal Penal).
Ese es un error severo del presidente en el que no debe, de nuevo, incurrir. Es comprensible que las víctimas se refieran así, o de forma peor, a quienes ellos creen contribuyeron a acrecentar el daño que padecieron, también es habitual e inevitable que en las redes sociales se califique de esa forma o de cualquier otra a quienes, a juicio de quienes se entretienen en ellas, no parecieron estar a la altura de sus deberes; pero no es comprensible que el presidente de la república sindique como partícipes de un delito a estos o a otros ciudadanos no mediando razón alguna que, bajo el derecho vigente, autorice a hacerlo.
Hay cosas que un presidente no debe hacer. Y entre ellas se cuenta esa.
El segundo incidente fue el relativo al cura Berríos. Se le convidó a formar parte de un comité, e incluso a presidirlo, y más tarde se desconoció toda invitación arguyendo que se trataba de un grupo externo que ni siquiera había acabado de formarse ¿La razón de ese obvio maltrato? La participación que le habría cabido a Berríos en el manto de silencio o de supuesta connivencia que la Compañía de Jesús mantuvo frente a los delitos del cura Poblete. En este caso, a diferencia del anterior, no se ha imputado conducta delictual alguna; pero se ha cancelado a Berríos al parecer como consecuencia del revuelo que su nombramiento provocó en Twitter.
De nuevo es explicable, e inevitable, que los ciudadanos de a pie (especialmente si son apresurados, faltos de argumentos o se dejan inflamar por las ilusión del poder de los ciento cuarenta caracteres) cancelen a las personas cuyo comportamiento u opiniones no les satisfaga y decidan, entonces, condenarlos a esa forma de muerte civil que es el silencio y la invisibilidad virtual; pero lo que no es comprensible es que un gobierno se comporte de esa manera maltratando a alguien como consecuencia de una avalancha de mensajes en las redes. Lo correcto es que explicite -si las hubiere- razones independientes de las redes para retirar la invitación indudable que cursaron a Berríos.
Y esas razones no se han hecho explícitas.
Aunque a las redes eso no parece importarles. El peligro es que al gobierno, remunerado con aplausos por estas reacciones apresuradas, tampoco le importe.
