Polémica ha generado el otorgamiento de beneficios extracarcelarios en favor de José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, los dos primos mapuches que están condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, que a contar de este domingo 27 accederán a salida dominical y salida trimestral.

Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio asesinado en 2013 en la Granja Lumahue de Vilcún, aseguró no estar sorprendido por la decisión, sino "decepcionado" del sistema penal, argumentando que "en vez de hacer justicia, deja una sensación de impunidad".

"Queda una sensación de falta de justicia. Para mí, la verdad, no es tan sorpresivo, porque ellos desde hace tiempo venían ejerciendo acciones legales y medidas de presión. Ahora es un hecho y creo que es el sistema, la justicia o quien sea, los que tienen que explicar por qué acceden a beneficios dos personas que están condenadas a 18 años y que recién llevaban tres años encarceladas por un delito grave", indicó.

"Esta sensación de impunidad que queda no la digo solo por este caso o por mí, sino por muchas personas que han sido víctimas de delitos. La ciudadanía solo ve, una y otra vez, que el sistema no funciona", complementó Luchsinger, agregando que "el Gobierno debería responder" si intervino en la decisión de Gendarmería.

Reacciones políticas

Parlamentarios de partidos de oposición han acusado que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric podría haber intercedido para aprobar la salida dominical y la salida trimestral, lo que sería visto como un "gesto político" hacia el pueblo mapuche, pero también, hacia la impunidad.

El diputado Mauricio Ojeda (ind-PRCh) anunció que envió un oficio al Presidente Gabriel Boric, a los ministerios de Interior y Justicia, y a Gendarmería, para conocer "las razones, argumentos y criterios técnicos que cambiaron para otorgar los beneficios".

"Tengo el temor que haya sido un gesto político, porque pese a que decisiones judiciales habían denegado estos beneficios, ahora cambia el gobierno y el Consejo Técnico de Gendarmería aprueba la decisión. Tengo dudas", cuestionó Ojeda.

El diputado Miguel Mellado (RN) también manifestó sus dudas ante una eventual presión del Gobierno para otorgar beneficios a los dos condenados, lamentando que posiblemente el Gobierno haya validado la huelga de hambre que estaban sosteniendo -desde el 1 de marzo- como una medida de presión.

"Creo que hubo una presión política para dar esta salida (...) ellos estuvieron prófugos mucho tiempo antes de ingresar a cumplir su condena y se consideran presos políticos. Creo que lo que pasa acá es que no hay justicia. Luego de ser condenados a 18 años, llega un gobierno, el de Gabriel Boric, y les da el beneficio de salida. Quizás ni vuelvan, como Jones Huala. O sea, hay impunidad", cerró Mellado.

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"Hablamos de personas que estuvieron prófugas de la justicia, que no colaboraron con la causa, no se han arrepentido y estaban en huelga de hambre. No nos parece correcto, es una mala señal".

Stephan Schubert,, diputado (ind-PRCh)

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"Entiendo que estaban en huelga de hambre. Pero no tengo antecedentes para decir si el Gobierno intervino o no en la decisión. El Gobierno debería responder aquello".

Jorge Luchsinger,, hijo del matrimonio asesinado

José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, dirigentes mapuches del canal Itinento y el lof Lleupeko, formaron parte de los 11 comuneros mapuches que fueron detenidos, el 30 de marzo del 2016, acusados de ser integrantes del grupo que organizó y perpetró el ataque incendiario a la Granja Lumahue, en Vilcún, que terminó con la vida de Werner Luchsinger (74) y Vivian Mackay (69), en enero del 2013. El 25 de octubre del 2017, en un primer juicio, todos fueron absueltos. Ese juicio se anuló y debió realizarse uno nuevo. El 11 de junio del 2018, el tribunal de Temuco condenó a Luis Tralcal Quidel y a José Tralcal Coche a presidio perpetuo. En octubre del 2018, la Corte Suprema rebajó la sentencia a 18 años de cárcel. El 2020, la Corte de Apelaciones de Temuco aceptó considerarles un abono de casi tres años que estuvieron en prisión preventiva por el caso Turbus, en el 2009. Así lograron acceder a pedir beneficios.

Conmoción existe entre los funcionarios de la Dirección de Vialidad, y en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP), ante el trágico fallecimiento de un conocido funcionario, en un accidente laboral ocurrido en un sector rural de la comuna de Loncoche.

El hecho ocurrió a eso de las 15:45 horas de la tarde de este miércoles, en circunstancias en que una cuadrilla de Vialidad estaba trabajando en la construcción del puente Hernández, entre los sectores Paya y Huaqui, al oriente del sector urbano.

Por causas que están siendo investigadas, durante la instalación de las vigas, una de ellas se desprendió, provocando la muerte del capataz de la cuadrilla de la Unidad de Puentes de la Dirección Provincial de Vialidad Cautín, Ricardo Contreras Henríquez, de 47 años de edad.

Pese a que al lugar llegó Bomberos y una ambulancia, el deceso fue instantáneo. La situación fue reportada de inmediato a Vialidad, desde donde se instruyó una investigación para esclarecer los motivos del fatal accidente laboral.

El ministro del MOP, Juan Carlos García, y el seremi del MOP, Raúl Ortiz, expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia, comprometiendo su total apoyo.

El capataz Contreras Henríquez vivía en Nueva Imperial, estaba casado y era padre de tres hijos. Había ingresado a trabajar en el año 2008 a Vialidad, convirtiéndose en capataz de Puentes. Era reconocido por su compromiso y alto grado de compañerismo.

Sus restos fueron retirados desde el Servicio Médico Legal (SML) ayer por la tarde, siendo luego trasladados a Nueva Imperial, en donde será su funeral.