Preocupados están los estudiantes y el Colegio de Profesores por la escalada de violencia escolar entre pares en los establecimientos, habiendo aumentado las denuncias en lo que va del año en un 50% respecto del mismo periodo de 2019 (Cifras SIE).

En este contexto, y tras la conmoción que causó un video con amenazas de "masacre escolar" dirigidas a estudiantes del Colegio Santa Cruz de Victoria a comienzos de esta semana, el vocero de la ACES Araucanía, junto al Colegio de Profesores, señalan que lo que sucede es un efecto directo de la pandemia y el impacto en la salud mental.

Sin contención

Ankallí Sanzana, alumno de 4°A de la Escuela Artística Armando Dufey de Temuco,

es el vocero de la ACES Araucanía. Y desde su rol de dirigente explica que "el retorno a clases presenciales, sin una preparación previa, es una de las causas del aumento de la violencia escolar".

El dirigente acota que "muchos jóvenes en pandemia se quedaron en sus casas, en donde vieron violencia intrafamiliar, a otros los golpearon y maltrataron, entonces, el que volvieran a la escuela sin el debido control socioemocional causa estrés y comportamientos agresivos, como los que estamos viendo en los colegios", detalla el alumno.

El narcotráfico en las poblaciones es otro de los elementos gatillantes de la violencia en opinión de Sanzana. "Resulta que muchos ven como ejemplo el llegar a ser narcotraficante, entonces, se meten en las drogas y las peleas con navajas".

Para el dirigente, el video con las amenazas de masacre escolar "es muy preocupante, ya que podríamos tomarlo como una broma, sin embargo, no me parecería extraño que alguien tome esta broma y la materialice en la vida real, ya que la salud mental está muy mal".

A la hora de graficar el actual ambiente en las escuelas, Sanzana plantea que "hemos notado mucha violencia en las conversaciones verbales, por decirlo de manera coloquial, todos andan muy cortos de mecha, y se ofenden con la mínima palabra, lo que desemboca en peleas físicas. Al final por malos entendidos se han armado enormes problemas que incluso han derivado en la hospitalización de algunos compañeros".

Dado el contexto, el vocero de los secundarios enfatiza que "hoy es vital volver a reconstruirnos como sociedad y entender que la pandemia nos dejó muy afectados. Tenemos que juntos rearmarnos para que no sigan ocurriendo estas lamentables situaciones".

El presidente regional del Colegio de Profesores, César Escobar, explica que "la actual violencia escolar nos tiene muy preocupados. Es una reacción del estudiante al volverse a encontrar con sus pares después de la pandemia, volvieron distintos, por eso estamos pidiendo flexibilizar la JEC. Siempre planteamos que el retorno debía ser escalonado y no hacer como que nunca pasó nada. Aquí faltó contención y atención psicológica, tanto para el estudiante como para el profesorado. Además hay que considerar que la sociedad en general ha normalizado la violencia, basta con ver las manifestaciones, entonces, nuestros alumnos llegan con esa carga a los establecimientos e incluso algunos con armas". Desde el comunal Temuco, la dirigenta Carmen Gloria Calfuqueo agrega que han canalizando este tema con el Daem y que se acordó recibir apoyo de manera colaborativa e instaurar protocolos.

En estado de alerta se declaró la senadora Carmen Gloria Aravena, tras una seguidilla de toma de predios que se han registrado en las últimas semanas en La Araucanía y la Región del Biobío, por parte de algunas comunidades que hacen alusión a reivindicaciones históricas.

Los episodios más recientes se registraron en Collipulli, donde la comunidad mapuche Carmen Colipi inició la ocupación indefinida de un fundo en Malleco, con el apoyo armado de la CAM. Algo similar ocurrió con el Fundo Antofagasta de Forestal Arauco, que fue tomado por esa misma organización terrorista. A estas usurpaciones, se suman las amenazas realizadas hace algunos días en Loncoche, por comuneros de la Asociación Mapuche Autónoma, que le dieron un plazo de seis meses al Gobierno para considerar sus demandas, o de lo contrario iniciarán la ocupación territorial de esa comuna, también con apoyo armado de las ORT con que tienen contacto.

En tanto, en Alto Biobío, un grupo de Pehuenches se tomó el terreno del Fundo San Miguel de Callaqui.

"La situación es de la máxima gravedad, porque se están comenzando a replicar estos delitos de tomas de terreno de forma violenta", advierte la Senadora Aravena, quien agrega que la legislación actual es insuficiente para enfrentar este tipo de delitos, ante lo cual presentó un proyecto de ley en julio de 2020, junto al senador José García Ruminot, que establece penas de cárcel para la usurpación de predios, que parten desde los 5 años y 1 día, considerando que la normativa vigente solo establece multas en UTM.

frenados en el Congreso

"Lamentablemente este proyecto, entre otros que hemos presentado, como el de resguardo de la infraestructura pública, que son fundamentales para otorgar seguridad a los habitantes de la Macrozona Sur, están frenados en el Congreso, debido a la negativa de sectores de izquierda, dejando en la indefensión a las personas que están siendo víctimas de estos delitos", aseguró Carmen Gloria Aravena.

La congresista cuestionó al gobierno por la forma en que está abordando estas situaciones, ya que el Ejecutivo indicó que busca resolver las tomas a través del diálogo. "No hay diálogo posible cuando hay personas, que utilizando la fuerza y las armas, se toman terrenos que no les pertenecen, y lo hacen amenazando la integridad de propietarios y trabajadores, vulnerando de manera grave un derecho fundamental para la estabilidad del país, como es el derecho de propiedad".