Con las manos atadas
Más de seis meses han pasado desde que el Senado mandó a Comisión Mixta el proyecto que busca la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que viene a reemplazar el trabajo en materia de justicia juvenil que realiza el Sename.
Sin embargo, la iniciativa aún no ha sido resuelta en el Congreso, pese a que en reiterados momentos la opinión pública y los diversos sectores políticos han abordado la importancia de generar un cambio a la forma en que se trabaja con los jóvenes infractores de ley.
Hemos iniciado un nuevo gobierno cuya agenda en materia de infancia hace aún más prioritario que el nuevo servicio vea la luz, ya que esto permitirá un cambio sustancial en el modelo de intervención, unificando los criterios a nivel nacional y favoreciendo de esta manera el trabajo con los jóvenes al generar una institucionalidad cuyas decisiones y opciones técnicas se encuentren sustentadas con evidencia científica. Así, el proceso de inclusión social de los adolescentes y la intervención de los factores y experiencias que activan la modificación del comportamiento, tendrá respaldo sobre lo que realmente funciona o no.
Pero no es lo único, el proyecto además permitiría contar con un sistema de registro unificado favoreciendo la gestión de la información. Esto, en simple, mejorará los resultados en justicia juvenil y el acceso a la información.
Por último, la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, es una de las principales vías para construir el camino hacia una mejor integración social de los jóvenes, y con ello, facilitar la reducción de la delincuencia, pues los resultados positivos en esta etapa de la vida son la mejor prevención de la criminalidad en adultos.
Si queremos realmente generar un cambio, este proyecto no puede seguir durmiendo en el Congreso o, simplemente, seguiremos con las manos atadas para lograr las soluciones que favorezcan la reinserción de estos jóvenes.
Ricardo Pérez-Luco, investigador de la Universidad de La Frontera
Derechos de las personas con autismo
Estadísticas de la OMS indican que uno de cada 160 niños en el mundo tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin embargo, en nuestro país su prevalencia es desconocida y solo existen estimaciones.
Las dificultades de participación en ámbitos sociales, educativos y laborales afectan la construcción de un ser humano sujeto de derechos, con capacidad jurídica y desarrollo de una vida autónoma, por lo que los desafíos son enormes. Es responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto generar las políticas, apoyos y ajustes necesarios que eliminen barreras que restringen la participación y limitan el desarrollo de actividades.
Debido a esto, toma relevancia lo ocurrido en la Convención Constitucional, donde se aprobó la incorporación de la neurodiversidad en el borrador de la nueva Constitución, la cual señala que "el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos, individuales y colectivos, reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
Todos quienes se ven involucrados en los desafíos de la inclusión social saben que este proceso es durante toda la vida, que involucra factores personales, familiares y contextuales. Por lo tanto, que la futura carta magna considere la neurodiversidad es un paso importante en la generación de nuevos pactos políticos y sociales en materia de inclusión.
Gerardo Hume Calderón, Universidad San Sebastian
Qatar
Y no fuimos a Qatar.
Para comenzar pinchamos "rueda" y "macheteando", no íbamos a llegar nunca.
Luis Enrique Soler Milla
Vocera
Hasta hace poco, la ministra de Bienes Nacionales , Javiera Toro, era una de las ministras menos conocidas, según Cadem. Después de los incidentes de la Confech, ella salió a hablar como si fuera la vocera del Gobierno: que lo que había pasado era "gravísimo" , es decir, no puede haber nada más grave. Que un carabinero hubiera sido asesinado no habría sido más grave, es decir, la ministra cree que las vidas de los chilenos con uniforme policial no valen nada.
También habló de "refundar" Carabineros, lo que fue corregido después por sus pares: la idea correcta es "reformar". Pero el error más grave de la ministra de Bienes Nacionales fue lo que no dijo: cuáles y a cuánto ascienden los daños a los bienes nacionales que generaron los incidentes , además de una fuerte crítica a los vándalos responsables. Con tantos traspiés en un solo día, seguro que la ministra logró mejorar su posición y ahora debe estar entre las más conocidas.
José Luis Hernández Vidal
