La universidad privada no es pública
Cuando se reclama un trato preferente, frente a la fragmentación y la competencia, que tanto daño a hecho al sistema educativo chileno, es evidente que son los actores de la educación pública quienes se han visto profundamente afectados en cobertura y calidad, en cambio, son los privadas quienes exhiben hegemonía de matrícula en todos sus niveles. La ausencia de políticas públicas y de un sistema de regulación robusto que garantice el acceso de educación pública de calidad a todos los chilenos es una materia pendiente en estos últimos 50 años. Las universidades públicas son referentes en cuanto a valores como libertad académica, pluralismo, diversidad, tolerancia, democracia, equidad e inclusión, aspectos que las privadas no pueden asegurar porque abrazan algún credo religioso, ideológico o están ligadas a algún grupo económico. En síntesis, no satisfacen intereses generales de la sociedad.
Cuando las Ues de la Red G9, compuesta por seis universidades católicas, Concepción, Austral y Federico Santa María, piden un trato igualitario con las universidades públicas, producto de los planteamientos del actual gobierno en torno a fortalecer al sector público universitario, no desconoce el aporte a la tradición universitaria chilena de instituciones diversas, pero sí, releva el rol público de las estatales. Hoy las Ues privadas tradicionales exigen un trato igualitario que las públicas no han tenido, por ello, no debemos relativizar el concepto de lo público. Las universidades estatales tienen un rol público que viene de la convicción de la sociedad plasmada en la ley que las crea y delimita su finalidad, abogan por un carácter laico de la educación, están supervigiladas por instituciones de control que rigen al sector público, tienen representantes del estado en sus órganos colegiados superiores y su Rector es elegido por sus pares. Las diferencias son claras, lo público por definición no es privado ni es una opción, las Ues del Estado, son las Ues públicas.
Chile requiere impulsar una nueva forma de desarrollo para la educación terciaria, con una estrecha relación del Estado y las autoridades públicas con sus universidades. La colaboración es condición para garantizar una sociedad cohesionada, y es la educación pública la que debe fortalecerse, luego de ser desmantelada por décadas por un modelo individualista y mercantilista, que no hizo más que dañar la cohesión de la sociedad chilena, la que requiere ser restaurada para ser agentes de cambio y transformación social. Las universidades públicas merecen el trato que le es propio por ser parte del Estado Chileno.