Con frecuencia los lectores plantean su preocupación, a través de cartas y fotografías, por los perros que vagan por las calles, muchos de ellos enfermos, invadidos por parásitos y en condiciones lamentables. Se trata de un problema que se ve en casi todas las ciudades.

Muchos de los animales que vagan por las calles tenían dueño, por lo tanto, están abandonados, lo que revela cuál es el origen del problema y la poca conciencia que tienen las personas acerca de la tenencia responsable de sus mascotas.

Cuando en julio de 2017 se promulgó la ley Nº 21.020 de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida también como "Ley Cholito", se pensó que sería la solución para el problema que representan los perros abandonados que deambulan por las calles, enfermos o que constituyen un peligro para las personas. La iniciativa estipuló la obligación de su identificación y estableció fuertes multas en dinero para quienes no cumplieran con la normativa.

El dueño del animal está obligado a su adecuada identificación e inscripción a través de una plataforma informática a cargo del Ministerio del Interior y se determinó que el propietario es responsable de su alimentación, manejo sanitario y cumplimiento de la norma, a la vez que responderá civilmente por los daños que pueda causar su mascota. En los casos de extravío, la especie que tendrá una identificación podrá ser devuelta a sus propietarios. Pero también instruyó a los municipios que las que estén abandonadas y no tengan la identificación podrán entregarlas a las organizaciones que se preocupan de la tenencia responsable.

Los principales motivos de riesgo que ven son los ataques a las personas, la transmisión de enfermedades y que ensucian los espacios públicos. Por lo mismo, la mayoría está de acuerdo con el control de la población de perros mediante la esterilización

Es cierto que la legislación apunta a resolver algunas situaciones, pero es evidente que todo ello podría ser letra muerta si las familias no entienden que antes de tener una mascota hay que preguntarse más de una vez si están dispuestas a asumir su cuidado.

Hace algunos días el Presidente de la República anunció los ejes de la Reforma Tributaria que se comenzará a tramitar durante el primer semestre de este año. En su alocución fue enfático: "para gastos permanentes, recursos permanentes", agregándose que esta reforma se focalizará en las brechas de género, tributación de las personas, recursos naturales e impuestos verdes, buscando aumentar la recaudación en cinco puntos del PIB en cuatro años.

Si bien, es de suma importancia que se señalen los focos de la reforma en cuestión, es vital que la ciudadanía pueda conocer claramente cuál será el destino de los ingresos que se obtendrán a través de la reforma anunciada. En dicho sentido, el programa de Gobierno de la actual Administración orienta el gasto de la reforma a enfrentar los desafíos sociales, medioambientales y productivos, en concordancia con las prioridades definidas en la Ley Marco de Desarrollo Social inclusivo y ambientalmente sostenible.

Llama poderosamente la atención que una de las cuestiones que mayor productividad genera esté totalmente ausente de los objetivos de la propuesta analizada. Tanto el programa de Gobierno como las declaraciones de las autoridades nada dicen de la inversión pública en I + D, lo cual es de capital importancia en la actualidad, debido el incentivo de aquella es lo que nos permitirá alcanzar un desarrollo sustentable e inclusivo, con pleno respeto hacia el medio ambiente.

Según el Ministerio de Ciencias, Chile se posiciona en el antepenúltimo lugar, dentro de los países OCDE, respecto a su inversión en I + D respecto al PIB. Lo anterior, no es una cuestión de menor importancia, puesto que son precisamente las actividades de investigación y desarrollo las que, en el largo plazo, juegan un rol determinante en la capacidad de una economía para crecer permanentemente y de poner el conocimiento a disposición de las personas y el sector productivo.

El programa de Gobierno del Presidente Boric señala que "la única manera responsable de hacernos cargo de las justas demandas sociales y avanzar en la transformación productiva verde mientras llevamos a cabo dicha consolidación fiscal es con recursos permanentes adicionales que provengan de una reforma tributaria".

Esos nuevos recursos permanentes, no será posible que sean generados mientras Chile no invierta en investigación y desarrollo, lo cual no significa tan solo un aumento del presupuesto público, sino que también en la creación de un clima favorable para la investigación, el desarrollo de innovaciones y la creación de capital humano avanzado.

De lo anterior, nada nos ha dicho el Presidente ni los anuncios de su reforma tributaria. Es necesario mejorar los incentivos para las empresas innovadoras, creando no solo nuevos tributos, sino que también franquicias tributarias y regímenes tributarios flexibles que permitan aumentar el I + D en Chile, para terminar de una vez por todas con esta asignatura pendiente en nuestro país.

Stephan Schubert,

diputado por La Araucanía