La ministra del Interior, Izkia Siches, rectificó la posición del Gobierno frente a los dichos de Héctor Llaitul y ayer en la noche anunció que se ampliarán querellas relacionadas a violencia rural en la Macrozona Sur, para que el Ministerio Público investigue los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en los que reivindicó una serie de ataques ocurridos en las últimas semanas como actos para "vengar" la muerte del exintegrante de la CAM (en 2021), Pablo Marchant, y con los que también indicó que su organización debe "canalizar la violencia hacia el sabotaje bien dirigido, hacia insumos, maquinarias".

De esta forma, el Ejecutivo echó pie atrás a la posición defendida por sus ministros hasta ayer en la mañana, incluida la propia jefa de gabinete, quienes habían insistido en que no tomarían nuevas acciones contra el dirigente ya que había algunas ya presentadas, pese a que el fiscal nacional, Jorge Abbott, había dicho que sin querella del Gobierno no se podía investigar por Ley de Seguridad del Estado.

"Hemos querido evaluar el ampliar las querellas en torno a estos hechos, que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que el Gobierno está comprometido a resolver los conflictos en la zona, como también que no va a limitarse a usar ningún instrumento de nuestro ordenamiento jurídico", afirmó la titular de Interior.

A juicio de Siches, los dichos de Llaitul "son constitutivos de delito", ya que "se atribuye participación" en distintos atentados ocurridos en el sur.

"Así, considerando lo que ha manifestado el fiscal nacional (Jorge Abbott), hemos optado por ampliar nuestra querella como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos que resuelven esta polémica y nos permiten avanzar", subrayó la ministra.

Aclaración de la suprema

El anuncio bien pudo ser una reacción a las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien más temprano llamó ayer al Gobierno y al fiscal nacional, Jorge Abbott, a coordinarse para perseguir penalmente a Llaitul.

"Aquí no se trata de tener una pelota que se va tirando de unos a otros y decir, 'el que tiene que hacer esto es este y no el otro'. Es importante que todos aquellos encargados de la persecución penal se coordinen adecuadamente y que se haga uso de todas las herramientas legales que permitan que no vivamos en un clima de amenazas o de inminentes delitos", planteó la magistrada y describió que "la situación en la Macrozona Sur es extremadamente preocupante" para jueces y funcionarios judiciales que han sido amenazados.

Además fue enfática con las palabras de Llaitul: "Son cosas distintas las opiniones que las amenazas, sin duda. Cuando yo opino, estoy dando mi parecer sobre situaciones y estoy diciendo qué es lo que yo creo que es bueno, qué es malo, y estoy haciendo uso de una garantía constitucional. No existe ninguna garantía constitucional para amenazar ni a personas, ni a instituciones, ni al Estado de Derecho. Es importante que distingamos la libertad de expresión de otro tipo de conductas".

Finalmente, dijo que "nos inquieta mucho la situación, en que se empieza, ya no a considerar que hay focos, sino a comprometer la seguridad colectiva en regiones enteras".

"3.500 atentados"

También la nueva posición de La Moneda pudo estar influida por una serie de llamados de distintos actores políticos. El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, dijo más temprano que "es un error político" que no se presenten nuevas acciones contra Llaitul, y el de La Araucanía, Luciano Rivas, apuntaba que "el Gobierno dice que no persigue ideologías, pero esto que está detrás son atentados y personas que han sido asesinadas. Estos errores se terminan pagando caro, porque los atentados siguen ocurriendo. No solo estoy hablando de este Gobierno, sino que el anterior también debería haberse querellado (...) Estas 'ideas' han traído 3.500 atentados".

La senadora Ximena Rincón (DC) aseguró antes que no se está frente a la persecución de ideas. "No entiendo qué tiene que ocurrir para que el Gobierno actúe. ¿Tiene que morir alguien?", reprochó, mientras que desde el oficialismo, el senador por el Biobío Gastón Saavedra (PS) sugirió la querella contra Llaitul "para dar cumplimiento, fehacientemente, a su apego a la ley y a la protección de las personas. Se debería solicitar y actualizar todo lo que hay para que el Ministerio Público avance en las investigaciones y en las sanciones que corresponden a la CAM y Llaitul".

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"Nos inquieta mucho cuando se empieza a comprometer la seguridad colectiva en regiones enteras".

Ángela Vivanco,, vocera de la Corte Suprema

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"El Gobierno no va a limitarse a usar ningún instrumento de nuestro ordenamiento jurídico".

Izkia Siches,, ministra del Interior

Gracias a la gestión de la concejala de Renaico, Natalia Pedreros, esta vez ante al alcalde de Angol, Enrique Neira, 40 niños de Villa Tijeral cuentan con traslado gratuito desde la entrada norte de la Región de La Araucanía hasta los establecimientos educacionales de la capital provincial de Malleco.

Según Pedreros, "esta era una problemática que teníamos hace muchos años; donde decenas de jóvenes no podían estudiar a causa de la mala locomoción existente en este sector de Renaico". Pedreros además declaró sentirse "contenta por este gran logro que realizaron en beneficio de nuestros estudiantes de villa Tijeral", agradeciendo de sobre manera la gestión del alcalde Angol.

Enrique Neira, al respecto, resaltó lo que se está haciendo por los jóvenes de ese sector, afirmando que "a través de un convenio entre ambos municipios tenemos la posibilidad de prestar este servicio, el cual nos permite trasladar a los estudiantes de la Villa Tijeral a la comuna de Angol a estudiar a los distintos establecimientos educacionales".

Neira además agradeció la responsabilidad e interés que ha tenido la concejal, indicando que "desde un inicio se le veía muy preocupada por la situación que les estaba ocurriendo a los jóvenes estudiantes".