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El Gobierno niega que quiebra de constructora sea su responsabilidad

OBRAS PÚBLICAS. El titular del MOP afirmó que "en los últimos meses se han realizado pagos por más de $8.000 millones" a CVV, pero "incumplió compromisos" y "cerca de 450 personas" en septiembre no recibieron sus remuneraciones.
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El ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, rechazó ayer "categóricamente que la situación de la empresa (constructora Claro Vicuña Valenzuela, CVV) se deba a incumplimientos del Ministerio", en respuesta al anuncio de quiebra donde la firma aludió a la "burocracia de los mandantes públicos para gestionar pagos", entre otros factores, que dejarán a cerca de 2.500 personas sin trabajo, sumado a varias obras de infraestructura pública inconclusas.

"Estamos enfrentando un alza en el precio de los materiales a nivel mundial, lo que ha impactado fuertemente a la industria de la construcción, y Chile no es la excepción", subrayó el secretario de Estado, en referencia a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, además de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El arquitecto, en paralelo, escribió en Twitter que el "alza de precios de los materiales es un problema mundial desde 2021. En seis meses (de Gobierno) implementamos medidas que debieron llevarse a cabo mucho antes. Como ministro busco cuidar los contratos públicos y los empleos, trabajando con la industria en medidas que reactiven la inversión".

En el Ejecutivo, explicó García además, "hemos tomado medidas concretas, conversadas en conjunto con los gremios de la construcción para mitigar el impacto de esta situación".

El titular del MOP luego especificó que el Fisco tiene con CVV "diez contratos vigentes, de los cuales tres ya están cerca de terminar, y si bien intentamos acercar posiciones con la empresa para buscar en conjunto soluciones que permitieran continuar con las obras, lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación".

Sueldos sin pagar

"Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de $8.000 millones, y aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de cumplimiento, incumpliendo con sus compromisos con las obras", dijo García.

Como ejemplo, la autoridad indicó que "a septiembre de este año había cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, a quienes la empresa no estaba pagando su sueldo. Como Ministerio, ejerceremos la facultad que otorga el reglamento de contratación de obras públicas para no dar curso a los estados de pago cuando no se acredite el pago oportuno a las remuneraciones, imposiciones previsionales y cotizaciones".

La autoridad agregó que "quiero ser muy claro: hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP, para terminar las obras en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, lamentablemente hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales, (...) desconociendo su propia mala gestión".

Las companías "también tienen que tener la responsabilidad de tomar los resguardos oportunos en los tiempos de bonanza para enfrentar los momentos difíciles", dijo García.

"El alza de precios de los materiales es un problema mundial desde 2021. En seis meses (de Gobierno) implementamos medidas que debieron ser antes". "Hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP, para terminar las obras en beneficio de la ciudadanía".

Obras pendientes de la firma

Claro Vicuña Valenzuela se declaró en quiebra por deudas que superan los $44.000 millones. Debido a esto, entre las obras públicas que permanecerían pendientes, la empresa indicó el bypass de Castro, en la Región de Los Lagos, junto al Hospital de Curacautín y la avenida principal de Angol, ambas en La Araucanía. El aeropuerto Diego Aracena de Iquique, en Tarapacá, asimismo, "ha enfrentado un conjunto de interferencias producto de solicitudes de la DGAC, hallazgos arqueológicos que han dejado paralizadas obras".

UDI impulsa bajar a $1 presupuesto de la Subrei si Ahumada sigue en el cargo

MOTIVO. Legisladores del partido acordaron esa estrategia pues critican la postura del subsecretario ante el TPP11.
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Los diputados UDI e integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Cristhian Moreira y Cristián Labbé, publicaron una evaluación al trabajo del subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada, en que destacaron su negativa a ratificar el TPP11, además de la propuesta de someter a una consulta ciudadana los tratados de libre comercio (TLC) que Chile mantiene vigentes. Por esto, llamaron a "rechazar el presupuesto" para la Subrei en 2023 o "disminuirlo a $1" si el Presidente Gabriel Boric "no remueve de su cargo a Ahumada".

"La bancada de diputados de la UDI acuerda rechazar el presupuesto de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales correspondiente al año 2023 y, en su defecto, presentar una indicación para disminuirlo a $1, todo ello mientras el Presidente de la República no se decida a remover de su cargo al señor Ahumada", indicaron los legisladores en el documento firmado por Moreira y Labbé citado por Ex-Ante.

Esto debido a que el país "requiere más que nunca de una mayor inversión y de entregar certezas económicas y jurídicas, tanto internas como externas, que nos permitan volver a crecer como lo hacíamos hasta hace cinco años", por lo cual la permanencia del titular de la Subrei "se vuelve insostenible, por cuanto su posición ideológica lo hace ir en el sentido contrario a los intereses de Chile", destacaron los diputados opositores.

Los argumentos incluyeron la posición del Gobierno ante el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), que permanece a la espera de las side letters, donde Ahumada "públicamente ha manifestado su discrepancia con un acuerdo cuyos socios representan a cerca de un 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, pero que a juicio del subsecretario las ganancias para nuestro país serían 'bastante marginales en términos estrictamente comerciales'".

El subsecretario hace unos días afirmó que la revisión de estos documentos podría tomar todo 2023, año para el que se prevé una recesión global. Sin embargo, la canciller Antonia Urrejola descartó la idea y dijo que se esperará como máximo "hasta fin de año".

El excanciller Heraldo Muñoz (PPD) escribió ayer en Twitter: "A propósito del TPP11, Chile se enfrenta a escenario mundial muy complejo que requiere profundizar la integración a bloques regionales, incluyendo, especialmente, el Asia-Pacífico".

Los diputados, asimismo, destacaron en la carta antes señalada el anuncio de Ahumada sobre "que se encuentra trabajando en una política industrial regional con Argentina y Bolivia para impulsar la cadena de valor del litio, pese a que nuestro país se posiciona como el segundo mayor productor a nivel mundial, con un 32%".

La académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, respondió en la red social que "he sido muy crítica de Ahumada y estimo que nunca debió ser nombrado subsecretario, pero esto de la UDI es una estupidez, logran el efecto contrario y así no se ejerce una oposición constructiva".