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Hay una frase "muy bonita" que instalan las mujeres en la esfera pública cuando Chile recupera su senda democrática: "democracia en el país y en la casa". A partir de allí, con esa expresión nada casual, se le señala al Estado la deuda histórica que tiene con la mitad de la población nacional (52,4%). Ese es uno de los hitos que destaca la actual seremi de la Mujer en La Araucanía, Lucy Ketterer Romero, a la hora de observar cuánto ha avanzado Chile y la Región en materia de derechos para dicho sector.
La asistente social, magíster en ciencias sociales aplicadas y doctora en procesos sociales y políticos de América Latina, quien hasta hace poco lideraba el Observatorio Regional de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche, se toma un tiempo para analizar la realidad regional y, especialmente, para reparar en el estado actual de la violencia contra la mujeres, así como en los cambios que ha experimentado el ámbito judicial y legal en favor de una sociedad más acorde a los tiempos y a la norma internacional.
EL CAMINO
- Lucy, ¿con qué objetivos asumió la gestión regional de esta cartera ministerial?
- Los objetivos de esta seremía, así como del gabinete regional y de los ministerios están definidos en el momento que el Presidente Boric asume su mandato. Allí, él señala que este es un gobierno feminista y que hará una profundización en todo lo que significan los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias. O sea, de alguna manera, el Presidente nos indica un camino estratégico para avanzar en la formulación de los derechos de las mujeres. Y ahí, siempre hay, desde esta cartera, nudos críticos que tienen que ver con la violencia de género instalada en una sociedad que es culturalmente patriarcal, sexista y machista, y que aunque quisiéramos que por ley esa situación cultural cambiara rápidamente eso demora, porque son cambios culturales (…). La idea de este ministerio es acompañar este proceso, participación política en la generación de políticas públicas y, ojalá, celebrar un poco este proceso.
- Si pudiera perfilar La Araucanía, ¿en qué está mejor encaminada y en qué se encuentra al debe respecto de derechos y deberes de las mujeres y disidencias?
- En la materia que nos compete, que son las relaciones de género, tenemos que pensar en el contexto. Estamos en una región del sur que tiene sus propios sistemas culturales, muy ligados a las formas de relacionamiento que ha tenido: el latifundio, el patronato, la dominación de unos grupos sobre otros, y ahí, en todo ese proceso, nos encontramos la mitad de la población: las mujeres. Entonces, cuando perfilamos cuáles son los avances diría que estos irrumpen en el Estado a partir de los '90 con el advenimiento de la democracia. Ahí se instala el Servicio Nacional de la Mujer (hoy Sernameg), que surge en 1994 y que de alguna manera es la institucionalidad que instalamos las mujeres en Chile, desde el movimiento social y feminista. Hay una frase muy bonita que instalan las mujeres y que dice: democracia en el país y en la casa. Desde los 90 venimos señalando que el Estado tiene una deuda con nosotras y que queremos mayor democracia. Ahí hemos avanzado poniendo en el centro del debate lo que es la violencia contra las mujeres, a través de una institucionalidad que opera una serie de programas (…). Hemos hecho un camino largo muy bonito. Hemos avanzado. Tenemos leyes para el femicidio y leyes contra la violencia hacia mujeres, y en estos momentos nuestra ministra puso a discusión en el Congreso la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres (...).
- De un tiempo a esta parte varias instituciones han iniciado procesos de instalación de protocolos para regular intervención institucional en materia de violencia de sexual y discriminación, especialmente las universidades. ¿Cuál es la situación de la Región en materia de equidad de género?
- Hay avances, pero también existen brechas que salvar. Estoy muy orgullosa que instituciones como la Ufro hayan avanzado en la constitución de una Dirección de Equidad y Política de Género, dando el ejemplo a otras universidades (…). Esto significa la instalación de protocolos y la posibilidad de integrar dentro de las mallas curriculares la participación de las mujeres y los derechos humanos en la formación de futuros y futuras profesionales. Así como hay logros señeros, también tenemos falencias. Por ejemplo, todavía nos falta avanzar mucho más en los protocolos para que no se produzca el maltrato, el acoso laboral y sexual en las instituciones públicas. Ahí, todavía tenemos brechas, pero estamos avanzando para ello. También nos falta un trecho por avanzar en el mundo privado. Vamos avanzando y, por supuesto, que tenemos brechas, entre las cuales la más importante es la violencia contra las mujeres, así como la participación laboral y política. Mejorar esto depende de una triada que involucra: voluntad política, recursos y a las mujeres que se movilizan.
PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD
- La web institucional destaca que hace poco fue reactivada la "Mesa Intersectorial de la Mujer Mapuche". En materia de participación, ¿cuán involucradas están las mujeres en definición de políticas públicas?
- Estamos dando pasos importantes. Siento que espacios como la Mesa Intersectorial de la Mujer Mapuche, que convoca a varias instituciones públicas, además de instituciones privadas como ONG's y la Ufro, muestran cómo participamos las mujeres en la toma de decisiones. Además, contamos con una alta participación en las organizaciones de base. Allí la mayoría son mujeres. Están en las comunidades indígenas, en las juntas de vecinos, en los comités de producción agrícola, en los comités de salud y comités de agua potable rural. De alguna manera, las mujeres hacemos un importante esfuerzo que, a veces, se invisibiliza, pero para ello nosotros tenemos que ser un gobierno en terreno, que escuche las demandas y también las soluciones propuestas por las mujeres y disidencias, y ser capaces de convertirlas en política pública.
- Seremi, en el ámbito de la seguridad, este año ha habido 31 femicidios consumados en el país, tres de ellos ocurrieron en La Araucanía (Gorbea, Saavedra y Pitrufquén) y dos fueron resultado de agresiones en la vía pública. ¿En qué punto estamos como sociedad respecto de esta realidad? Y ¿cuál es la piedra en el zapato aquí?
- A esas cifras agrego que ha habido 119 femicidios frustrados. Este es uno de los nudos críticos para nuestro ministerio y de nuestra seremía. En algún sentido, estamos muy ocupadas de poner a disposición de toda la comunidad los dispositivos e instrumentos con los que cuenta el Sernameg en torno a este tema. Hay avances, por supuesto. En La Araucanía tenemos cuatro casas de acogida (Angol, Temuco, Victoria y Villarrica), 9 dispositivos del centro de la mujer abiertos todos los días; tenemos en todas las comunas acción de estos dispositivos e incluso tenemos un centro de la mujer intercultural móvil en Padre Las Casas. Entonces, estamos tratando de abordar un problema que es profundo. Y usted me pregunta por las razones; bueno, ahí está la expresión compleja del patriarcado que define que las relaciones entre hombres y mujeres se hayan reproducido históricamente de esta manera. Que esta violencia se llamara primero violencia intrafamiliar nos está dando una luz de que es un problema doméstico, privado, que antes no estaba en la agenda pública y ahora es uno de los delitos más recurrentes de acuerdo a las estadísticas que entrega seguridad pública en La Araucanía. En la Región, el delito más recurrente es la violencia contra las mujeres. Y eso nos indica dos cosas: que este problema siempre ha existido y una vez que se institucionaliza como una cuestión pública las mujeres comienzan a denunciar, y cada vez estamos denunciando más. Nosotros tenemos una red de atención de víctimas y en 16 comunas ha habido voluntad política para disponer dispositivos para la mujer. De alguna manera, el territorio y la institucionalidad se está haciendo cargo.
- ¿Qué avances ha habido en materia legal que podrían cambiar el estado de las cosas?
- En noviembre de 2022 entrará en vigencia la Ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diferentes cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos en Chile. Es un registro electrónico administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, de acceso público, remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo en su consulta. Como consecuencia este permitirá retener dinero de operaciones de crédito que realice la persona deudora; venta de inmuebles o vehículos motorizados; el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil podrán inscribir la transferencia solo si la persona deudora acredita que con las ganancias de la venta pagará las mensualidades debidas; se retendrá las devoluciones de impuestos de las personas deudoras hasta que se salde la deuda; personas deudoras no podrán renovar sus licencias de conducir ni pasaportes; retendrá un porcentaje del sueldo de las personas deudoras que se desempeñen en alguno de los tres poderes del Estado u otro organismo público; y en caso de acceder a beneficios económicos del Estado, los fondos adjudicados serán destinados al pago de las deudas. Y está la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos que comenzará a regir de forma completa en mayo de 2023. Ambas normativas, que son dos normas aparte, crearan una institucionalidad que beneficiará a los niños, niñas y adolescentes del país.
PERSPECTIVA
- Seremi, Temuco ha sentado precedente en la aplicación de la perspectiva de género en tribunales. Así ocurrió en el "Caso Antonia" y, recientemente, en el juicio por el crimen de Damaris Meliñir. ¿Qué alcances tiene esto?
- Es muy importante. Estos casos han sido señeros en lo que son las condenas. La perspectiva de género en la justicia es un mecanismo que le permite a los jueces o juezas evidenciar durante los procesos judiciales las brechas que ciertos grupos mantienen en la sociedad, grupos minores o subalternizados, como las mujeres; y les permite hacer uso de razón y, en competencia, asumir condenas que están sustentadas en los estándares de los derechos humanos que nuestro Estado ha suscrito. Estos casos han sido importantes y diría que aleccionadores tanto para el sistema de justicia como para la comunidad toda.
- Desde el punto de vista del trabajo de su cartera ministerial, ¿cómo se expresa el compromiso con las mujeres de este territorio?
- Tenemos un arduo trabaja y lo hacemos en muchos frentes. Por un lado, generamos un gabinete de mujeres con las distintas seremías para generar política pública y para poner a disposición nuestra institucionalidad para mejorar lo que tenemos. También hemos generado mesas con las organizaciones de mujeres, estamos dialogando con mujeres de comunidades, con la mesa de mujeres rurales y con los territorios. Además, estamos trabajando firmemente en todas las situaciones que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, lo que se expresa en protocolos con los municipios (…) siempre en busca de espacios más seguros y dignos para todas las personas.
"Cuando perfilamos cuáles son los avances diría que estos irrumpen en el Estado a partir de los '90 con el advenimiento de la democracia. Ahí se instala el Servicio Nacional de la Mujer (hoy Sernameg), que surge en 1994 y que de alguna manera es la institucionalidad que instalamos las mujeres en Chile, desde el movimiento social y feminista".
"Que esta violencia se llamara primero violencia intrafamiliar nos está dando una luz de que es un problema doméstico, privado, que antes no estaba en la agenda pública y ahora es uno de los delitos más recurrentes de acuerdo a las estadísticas que entrega seguridad pública en La Araucanía".
"La perspectiva de género en la justicia es un mecanismo que le permite a los jueces o juezas (…) hacer uso de razón y, en competencia, asumir condenas que están sustentadas en los estándares de los derechos humanos que nuestro Estado ha suscrito. Estos casos (Antonia y Damaris) han sido importantes y diría que aleccionadores tanto para el sistema de justicia como para la comunidad toda".